TEMAS JURIDICOS Y MÁS

EL SUPREMO RECHAZA CONDENAR LA UTILIZACION DE MENORES EN LA VENTA DE ESTUPEFACIENTES CUANDO ESTOS CONSIENTAN

miércoles, 15 de abril de 2009

Y ante esta noticia, puesto que no he leido la Sentencia completa con la motivacion juridica correspondiente, me abstendre de hacer comentarios.

EP).-El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba en junio de 2008, que absolvió a un vendedor de droga de un delito contra la salud pública con utilización de menores. Por medio de una sentencia hecha pública hoy, el alto tribunal descarta aplicar este agravante penal en los casos en los que este uso sea consentido por el menor.

"Cuando la relación entre los sujetos es la de coautoría o la de participación del menor en el delito del mayor, no puede decirse que éste es utilizado", explica la sentencia en la que se aclara que "donde hay acuerdo de voluntades libre y consciente, en la medida que tal libertad de lugar a responsabilidad penal de cualquier clase que sea incluyendo la responsabilidad penal del menor de 18 años, no cabe hablar de utilización".

Para zanjar el debate, el Tribunal Supremo recuerda además el acuerdo adoptado en sesión no jurisdiccional el 26 de febrero de 2009 en el que estimó que el delito de utilización de menores sólo sería aplicado "cuando el autor se sirva de un menor de edad o disminuido psíquico de un modo abusivo y en provecho propio o de un grupo prevaleciéndose de su situación de ascendencia".

Los hechos se remontan a la noche del 18 de noviembre de 2007 en la localidad de Castro del Río (Córdoba), cuando un drogodependiente contactó con el vendedor para adquirir cocaína. Una vez entablado el acuerdo, el traficante le mandó al menor con la mercancía para que se la entregase y a cambio recibiese el dinero pactado (120 euros). En el mismo momento en el que el joven --llamado Iván y de 16 años de edad en ese momento-- se encontraba haciendo entrega de la cocaína acordada al consumidor, ambos fueron sorprendidos por dos agentes de la Policía Local.

La Audiencia Provincial de Córdoba condenó en junio de 2008 al vendedor de la droga a cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública, pero le absolvió del delito de utilización de menores tal y como solicitaba la Fiscalía, que, en consecuencia, recurrió ante el Tribunal Supremo.

Ante esto el alto tribunal admite que su doctrina al respecto del delito de utilización de menores "no ha estado exenta de diversidad de criterios" y cita varias sentencias pasadas --la primera de 1997-- en las que ya se discutió el uso de niños de hasta 5 años para vender droga. No obstante el alto tribunal acota el debate estableciendo la distinción entre aquellos menores que actúan en "relación vertical" con un mayor de edad o aquellos que operan en una "relación horizontal".

EL MENOR, IMPUTADO EN OTROS DIEZ CASOS

En este sentido, la resolución recuerda que en el presente caso "es el mayor de edad el que llama al menor para que colabore en su operación de venta de droga y se añade que no consta probado si el menor conocía la naturaleza de lo que encargo transportaba, pero sí que ha estado imputado al menos en diez procedimientos por infracciones penales de diversa naturaleza".

"Así pues, no existe ni atisbo de prevalecía ni comportamiento abusivo del que fuese fruto la colaboración del menor, pese a que este pudiera ser provechoso para el penado, de no ser porque la entrega fue abortada por la presencia policial", añade la resolución --de la que ha sido ponente el magistrado Luciano Varela-- en la que se desestima el recurso presentado por la Fiscalía confirmando la sentencia de instancia.

En la actualidad, Iván se encuentra internado en el Centro De Menores Infractores 'Medina Azhara' de la Dirección General de Reforma Juvenil de la Junta de Andalucía por otros hechos distintos a los enjuiciado en este caso.

"TENEMOS UN SISTEMA PUNITIVO TAN DURO QUE NO ES NECESARIO ENDURECER LAS PENAS"

Y por esas casualidades que tiene la vida, encuentro en el boletin de noticias de la base de datos Westlaw de Aranzadi, la siguiente noticia relativa a las declaraciones de la Portavoz del Consejo General del Poder Judicial en relacion a una posible modificacion del Codigo Penal para el endurecimiento de penas.

(EP).-La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, rechazó a título personal que deba procederse a una reforma del Código Penal dirigida a implantar la cadena perpetua, puesto que entiende que el sistema punitivo español "es uno de los más duros de toda Europa" y a su juicio no necesita modificación alguna.

"Nuestro sistema punitivo, en el que no existe la cadena perpetua, es uno de los más duros de toda Europa, y a ello han contribuido las diversas reformas del Código Penal de 1995", indicó Bravo en una entrevista concedida a Europa Press.

Explicó que en nuestro país se pueden cumplir penas de cárcel de hasta 40 años, mientras otros países de nuestro entorno, donde está vigente la cadena perpetua, estas penas son revisadas partir de los 20 o 30 años "y normalmente se extinguen". "Tenemos un sistema punitivo tan duro que no necesita modificación alguna", subrayo la portavoz del CGPJ.

A su juicio, la cadena perpetua tiene difícil encaje en la Constitución Española, cuyo artículo 25 proclama que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social".

MEDIACIÓN.

Preguntada por las reclamaciones realizadas desde algunos sectores del Consejo para la despenalización de conductas penales leves (faltas), dirigidas a reducir el alto nivel de litigiosidad en España, la portavoz del CGPJ admitió que no existe ningún estudio concreto sobre aquellas materias que deberían despenalizarse.

"Es obvio y está en el sentir de muchos juristas que quizá alguna parte de los pequeños conflictos de la vida diaria deberían sustraerse del ámbito judicial y resolverse por otras vías alternativas, siempre garantizando el derecho de las partes de forma que fuera mucho más resolutivo", admitió.

No obstante, indicó que dentro de la 'Hoja de Ruta' diseñada por el Consejo para la modernización de la justicia éste es un aspecto "que aún no está desarrollado".

"Es verdad que en nuestra 'Hoja de Ruta' de ruta abogamos por impulsar la resolución de los conflictos por vías alternativas, y creemos que es necesaria en nuestro sistema judicial una ley de mediación tanto civil como penal".

Según Bravo, la mediación es "un sistema idóneo para, en primer lugar, recuperar el protagonismo de las partes y también para lograr la resolución de los conflictos desde el análisis de los mismos, primando la voluntad de los implicados en el conflicto". Aludió que se trata de un asunto "muy importante para fomentar la convivencia".

Por otra parte, la portavoz del Consejo se refirió a los planes del Ministerio de Justicia para "desjudicializar el Registro Civil"

El propio titular de Justicia, Francisco Caamaño, ha señalado que existen materias en el ámbito del Registro Civil que deberían ser sustraídas de la función judicial por su carácter puramente administrativo."Estas medidas conseguirían descargar de trabajo a los jueces, que podrían centrarse así en su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", estima Bravo.

Por otra parte, Bravo eludió profundizar sobre si es necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo relativo al Consejo, con el fin de evitar que se repita la situación del anterior órgano, cuyos vocales permanecieron en funciones más de dos años.

"Si se tiene que quedar la norma como está o hay que iniciar los trámites para una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ese es un asunto corresponde al legislador -dijo-. Es importante que los grupos parlamentarios hagan un esfuerzo por, una vez llegado el momento en que ha expirado el plazo, en el menor tiempo posible pueda ser sustituido".

REUNIÓN CON EL MINISTERIO

Por último, Bravo se refirió a las próximas reuniones del CGPJ con el Ministerio de Justicia y los responsables de las comunidades autónomas con competencias en este ámbito.

"Después de Semana Santa se convocará una nueva reunión con el Ministerio, y se van a analizar todos los pasos a seguir para avanzar en la reestructuración de la Administración de Justicia", indico.

También esperan que desde el Ministerio se les informe de la tramitación parlamentaria de la Ley para implantar la nueva oficina judicial, sobre la que pivota todo el proyecto de modernización. "Esperamos que la nueva Oficina Judicial este en marcha a partir de 2010", indicó la portavoz del órgano de Gobierno de los jueces.

Finalmente, se refirió al diálogo abierto con el Ministerio y las comunidades autónomas para avanzar en la "ínter conectividad entre las diversas aplicaciones informáticas" que se utilizan en los distintos juzgados españoles.

ENDURECER LAS PENAS

Colgaba hoy un amiguete del Facebook (si, yo tambien he sido abducida por las redes sociales y estoy encantada) el articulo de opinion que transcribo a continuacion publicado en el periodico la Vanguardia y, aunque ha sido un tema en el que no he pensado demasiado ultimamente, si que me ha parecido muy interesante el punto de vista que expone desde la base de la comparativa de la penalidad en el sistema español y en el comparado.

Comenta el articulo, con razon bajo mi punto de vista, que cada vez aparecen mas en los medios de comunicacion (y esos medios de comunicacion cada vez me parecen mas amarillistas) familias destrozadas por el dolor de una perdida, por haber sido victimas de un delito, que piden a gritos el endurecimiento de las penas en nuestro pais. Tambien han proliferado como hongos los politicos sin principios que jalean y arropan estas solicitudes (hablo principalmente de la cadena perpetua) en busca de no se que reditos o beneficios.

Aqui les dejo estas notas para la reflexion y para la meditacion tranquila de la realidad de nuestro sistema y de la procedencia de lo que se solicita.


Leía el otro día en el blog de un admirado colega, que últimamente se ha instaurado la tradición de que los familiares de víctimas de delitos graves visiten La Moncloa, para solicitar que se endurezca la pena correspondiente a esos delitos. Parece que se instala la idea de que las leyes penales no deben dictarlas representantes que actúen con calma y atendiendo al bien común, sino personas heridas, bajo el influjo de la ira y la indignación.

A raíz de una de esas visitas ha surgido una sorprendente iniciativa a favor de la implantación de la cadena perpetua, aduciendo algunos de sus voceros que es una pena "asumida en la Europa democrática". Al parecer, nuestro sistema penal sería demasiado blando, y nos tendría a los ciudadanos desprotegidos.

El debate, como casi todos los debates de Política Criminal de los últimos años en España, es de una ramplonería pasmosa. ¿Ignorarán sus promotores que la duración media de las cadenas perpetuas en "la Europa democrática" es muy inferior a la que prevé hoy la ley española para los mismos casos (hasta 40 años para casos de varios asesinatos agravados o de asesinatos terroristas, sin práctica posibilidad de semilibertad o acortamiento de la pena)? ¿Desconocerán la realidad de nuestro sistema penitenciario?

No parece tratarse de desconocimiento. Este tipo de iniciativas tienen "gancho" periodístico (y, lo que es peor, electoral) y por ello son alentadas por ciertos medios y partidos políticos: primero se excitan los sentimientos sociales de indignación y posteriormente se ofrece una supuesta salida a la tormenta emotiva y vindicativa previamente desatada: la cadena perpetua. Y entremedias, a río revuelto, ganancia de periódicos amarillistas y políticos irresponsables.

A riesgo de resultar anticuado, permítanme acercarme al tema desde algunos datos objetivos.

España encabeza el ranking de dureza penitenciaria de Europa Occidental. Con 74.465 presos (161 por cada 100.000 habitantes), nos hemos ganado el dudoso honor de campeón penitenciario de la UE.

Este primer puesto en el podium de la represión penal no es producto de un simple sprint final, sino de una carrera de fondo. En 1990 nuestras prisiones albergaban 33.035 personas. En 2009 hemos alcanzado la cifra de 74.465 personas. En dos décadas hemos multiplicado por 2"2 nuestra población penitenciaria.

¿Se debe al crecimiento demográfico? No: también en términos relativos se ha duplicado la proporción de población total que está encarcelada (de 89 a 161 presos por cada 100.000 habitantes).

¿Ha tenido lugar quizá un desatado incremento de la delincuencia? No: con la cautela que requieren los datos a los que podemos acceder, nuestras cifras de delincuencia evolucionan en términos similares a los de nuestro entorno. Algunos delitos han descendido notablemente, otros han aumentado, pero nada explica esta multiplicación de las cifras penitenciarias.

¿Es efecto del aumento de la población inmigrante, como con frecuencia se intenta hacer creer? Aunque la presencia dentro de la población inmigrante de personas sin arraigo personal, laboral ni familiar ha hallado reflejo en las cifras penitenciarias recientes, ello sólo puede explicar una fracción menor de este brutal aumento.

Entonces, ¿por qué se ha duplicado la población penitenciaria?

Fundamentalmente, porque las penas son cada vez más largas. Hoy cada condena por un concreto delito supone un internamiento más largo que hace veinte años. Ello se debe en parte al aumento de la duración nominal de las penas, y en parte a la desaparición de la "redención de penas por el trabajo", que reducía automáticamente las penas en 1/3 de su duración. Pero una de las causas más lamentables es la destrucción del sistema progresivo penitenciario mediante las reformas de 2003.

El sistema progresivo penitenciario pretende que las personas cumplan la fase final de su pena en paulatina aproximación a la libertad (semilibertad y libertad condicional): que no sean "arrojadas" a la vida en libertad el último día de su condena sin trabajo ni perspectivas, sino que realicen un "aterrizaje suave" que les permita ir ganando arraigo laboral, social, etc. Hoy, sin embargo, la mayoría de la población penitenciaria está excluida de este sistema progresivo: sus condenas se cumplen enteras en prisión, debido a los obstáculos que se han puesto para acceder a la semilibertad y a la libertad condicional. Por ello, la estancia penitenciaria a la que obliga cada condena es más larga.

Así pues, nuestro sistema penal, lejos de pecar de "demasiado blando", es el que en la práctica impone más penas de prisión –y las más largas- de entre los países de nuestro entorno. Y ello, sin que nuestras cifras de criminalidad destaquen entre las de la UE. Entonces, ¿por qué surgen ahora estas campañas a favor del endurecimiento del sistema penal, que prescinden de los datos reales? ¿Qué objetivos persiguen? ¿A qué interés sirve una Política Criminal que no atiende a datos objetivos, sino que prescinde de ellos cuando no encajan con cierta posición ideológica?

EL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA CONSIDERA QUE SOLO EXISTE VIOLENCIA DE GENERO EN PAREJAS DE LESBIANAS

Esto es lo que se publica en el dia de hoy en el diario Publico. No comment

¿Se debería considerar un caso de violencia de género la agresión de un homosexual a su pareja? La ley, según el colectivo de gays y lesbianas, no les ampara, por lo que hoy han pedido un cambio en la legislación. Más leña al fuego le ha echado Benito Gálvez, presidente de la Audiencia Provincial de Almería, cuando ha establecido una diferencia entre homosexuales hombres y mujeres.

Gálvez ha dicho que el asesinato de un homosexual en Adra por parte de su ex marido no puede tramitarse como un caso de violencia de género, algo que ocurriría en cambio si la pareja hubiera estado compuesta por mujeres.

Las reivindicaciones de COLEGAS y las declaraciones del juez se producen un día después del asesinato de Manuel, funcionario del citado ayuntamiento almeriense. Hacía dos meses que había puesto fin a una relación sentimental con un ciudadano marroquí, que presuntamente le asestó una puñalada que le causó la muerte. El ex marido se suicidó tras el crimen.

Gálvez ha considerado que, a efectos legales, este caso no podría tramitarse por un juzgado específico de violencia de género. Sin embargo, el colectivo homosexual ha insistido en que la legislación en la materia no les protege, una opinión que no comparte Miguel Lorente, delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Lorente, aunque reconoce que en estos casos no se aplica la ley, asegura que sí están protegidas. "Es verdad que no tienen los mismos recursos porque estamos hablando de una violencia distinta y eso significa que podamos mejorarlo. Se analizará en el contexto de otra normativa".

El asunto, según Gálvez, se enjuiciaría en este sentido como un delito ordinario contra la vida. Aunque ha reconocido que el crimen merece un estudio profundo que señalara la vía judicial más adecuada para su tramitación.

Violencia doméstica, violencia machista y violencia...

121 personas murieron en 2008 víctimas de la violencia de género (que se desarrolla en el ámbito de la relación de pareja y ex pareja) y de la violencia doméstica (hijos, hijas, madres, padres, abuelos y abuelas, entre otros). 90 de los fallecidos eran mujeres y, de éstas, 75 fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas.

¿Dónde incluir entonces a las víctimas homosexuales? El colectivo gay y lésbico ha pedido, tras el crimen de Adra, su inclusión en la Ley Integral de Violencia de Género. A su juicio, no les protege, por lo que reclaman un cambio urgente de la normativa.

La violencia entre miembros de una pareja homosexual es, según ellos, una realidad invisible. "No podemos acogernos a la actual ley para obtener el alejamiento de nuestras parejas en caso de violencia [ni tenemos] acceso a centros de recogida", explica Rosa Ortega, vicepresidenta de COLEGAS.


VALOR CATASTRAL

¿Qué es el valor catastral?

Es un valor administrativo, que sirve de base o se toma como referencia en relación con determinadas actuaciones de las Administraciones Públicas:

  • De carácter fiscal: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, entre otros.
  • De carácter no fiscal: expropiación, valoraciones urbanísticas, determinadas ayudas, becas y subvenciones públicas, etc.

Características más significativas.

Se determina objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario.

  • Se fija tomando como referencia el valor de mercado, sin que en ningún caso pueda exceder de éste. Normalmente el valor se calcula mediante la aplicación de un coeficiente que reduce a la mitad el valor resultante de la Ponencia de valores.
  • Se calcula a través de un procedimiento reglamentariamente establecido, que constituye el sistema de valoración catastral.
  • Está integrado por el valor del suelo y el de las construcciones y es corregido en función de las características particulares del inmueble.

Reducción.

La base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es el resultado de practicar en el valor catastral una reducción que se aplica desde la entrada en vigor de un procedimiento de valoración colectiva. La cuantía de la reducción decrece anualmente hasta que, al cabo de diez años, la base liquidable coincide con el valor catastral.

¿Qué son los estudios de mercado?

Tienen por objeto la investigación y recopilación de datos económicos del mercado inmobiliario urbano a los efectos de establecer, en la ponencia de valores, los distintos valores de suelo y de la construcción para la posterior valoración de cada uno de los inmuebles inscritos en el catastro.

¿Qué es la ponencia de valores?

La ponencia de valores sirve para la determinación del valor catastral que recogerá, según los casos y conforme a lo que se establezca reglamentariamente, los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo dicha determinación, y que se ajustará a las directrices dictadas para la coordinación de valores.

Las ponencias de valores serán de ámbito municipal, salvo que otras circunstancias justifiquen una extensión mayor.

Dentro de su ámbito, existen los siguientes tipos de ponencias:

  • Totales, cuando se extienda a la totalidad de los bienes inmuebles de una misma clase.
  • Parciales, cuando se realice sobre los bienes de una misma clase en alguna o varias zonas, polígonos discontinuos o fincas.
  • Especiales, cuando afecten exclusivamente a uno o varios grupos de bienes inmuebles de características especiales.
  • Ejemplo de ponencia de valores.

Valor del suelo.

Se considera suelo de naturaleza urbana:

  • El clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano.
  • Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables según el planeamiento y estén incluidos en sectores, así como el resto de suelo clasificado como urbanizable a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que lo desarrolle.
  • El que reúna las características del artículo 8 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (B.O.E. núm. 89, de 14 de abril)..
  • Aquellos en que puedan ejercitarse facultades urbanísticas equivalentes a los anteriores según la legislación autonómica.

Valoración

El suelo se valora teniendo en cuenta las circunstancias urbanísticas que le afecten respecto a su clasificación y calificación.
Al valor de suelo así establecido, se aplica el aprovechamiento permitido por el planeamiento urbanístico municipal.

Valor de la construcción.

Se consideran construcciones:

  • Los edificios, sean cualesquiera los materiales de que estén construidos y el uso al que se destinen.
  • Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícolas, ganaderas, forestales y piscícolas de agua dulce, tales como diques, tanques, cargaderos, etc, excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje.
  • Las obras de urbanización y mejora, como las explanaciones y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos.

Valoración

La construcción se valora calculando su coste actual, teniendo en cuenta su tipología, uso, calidad y carácter histórico-artístico, depreciándose cuando proceda en función de la antigüedad, uso y estado de conservación.

También se tienen en cuenta, si es el caso, el carácter singular y las obras de reforma que se hayan realizado.

Valor del inmueble.

Para la valoración del inmueble, considerado como la suma del valor de suelo y el de la construcción que soporte, se tienen en cuenta la existencia de determinadas circunstancias que puedan concurrir en el mismo:

  • Inadecuación por el uso o diseño, o su consideración de interior.
  • El grado de protección por estar catalogado o forme parte de un conjunto histórico-artístico.
  • Afección por inconcreción urbanística: futuro vial, expropiación, reparcelación, fuera de ordenación, etc.
  • Apreciación o depreciación económica.

¿Cómo y por qué varía el valor catastral?

Causas que hacen variar el valor

El valor catastral puede variar a lo largo del tiempo por alguno de los siguientes motivos:

  • La evolución de los valores de mercado.
  • La depreciación monetaria.
  • Las modificaciones del planeamiento urbanístico municipal, como el aumento o disminución de la superficie edificable de un solar, cambio en la clasificación o calificación del suelo, etc.

Procedimientos


La determinación del valor se lleva a efecto a través de uno de los siguientes mecanismos, en función de las circunstancias que concurran:

  • Actualización. Procedimiento automático a través de la aplicación de los coeficientes que las distintas Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecen y que, normalmente, coinciden con la evolución previsible del I.P.C para cada año. Aplicándose a los municipios que tengan Ponencias de valores vigentes anteriores a 1997 y posteriores a 2002.
  • Valoración colectiva de carácter general. Proceso mediante el que se actualizan simultáneamente los valores catastrales de todos los inmuebles de una misma clase de un municipio con la finalidad de homogeneizarlos y referenciarlos uniformemente con los valores de mercado.
  • Valoración colectiva de carácter parcial. Proceso mediante el que se actualizan simultáneamente los valores catastrales de los inmuebles de una misma clase en alguna o varias zonas, polígonos discontinuos o fincas de un municipio con la finalidad de homogeneizarlos y referenciarlos uniformemente con los del resto de los inmuebles del municipio.
  • Procedimiento simplificado de valoración colectiva. Proceso mediante el que se actualizan los valores catastrales de los bienes inmuebles afectados por las modificaciones de planeamiento determinadas en la Ley, con la finalidad de adecuar el valor catastral de estos bienes a sus nuevos parámetros urbanísticos.

Conozca sus derechos.

Usted tiene derecho:

  • A que en el Catastro figuren debidamente descritos en sus características físicas, jurídicas y económicas todos los inmuebles, de los que sea titular, objeto de la valoración.
  • A que sus propiedades se encuentren correctamente valoradas conforme a la Ley.
  • A que se le notifique, en tiempo y forma, los valores catastrales de los bienes inmuebles de los que sea titular, resultante de los procesos de valoración colectiva de carácter general, parcial o el procedimiento simplificado de valoración colectiva.
  • Al conocimiento de los elementos y criterios tenidos en cuenta en la valoración.


PROCEDIMIENTOS CATASTRALES: SUBSANACION DE DISCREPANCIAS

Objeto

La modificación de datos catastrales cuando la Administración tenga conocimiento de la falta de concordancia entre la descripción catastral de los bienes inmuebles y la realidad inmobiliaria y su origen no se deba al incumplimiento de la obligación de declarar o comunicar.

Normativa

Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Órgano competente

Las Gerencias y Subgerencias del Catastro.

Forma de inicio

De oficio.

Plazo de inicio

Puede iniciarse en cualquier momento.

Fases del procedimiento

  • Acuerdo de inicio.
  • Notificación.
  • Audiencia a los interesados.
  • Resolución.
  • Notificación de la resolución.

Plazo de resolución

Seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación.

Efectos de la falta de resolución en plazo

Caducidad.

Recursos

La resolución del procedimiento no pone fin a la vía administrativa. En el plazo de un mes desde la notificación de la resolución se puede interponer:

  • Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-administrativo Regional o Local. Si el valor catastral del inmueble excede de 1.800.000 euros, dicha reclamación podrá interponerse directamente, ante el Tribunal Económico-administrativo Central.
  • Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación económico-administrativa se puede interponer recurso de reposición ante la Gerencia o Subgerencia del Catastro que dictó el acto, no siendo admisible la interposición simultánea de ambos recursos.

PROCEDIMIENTOS CATASTRALES: DECLARACIONES

Objeto

La declaración sobre hechos, actos o negocios relativos a bienes inmuebles tiene por objeto la inscripción o modificación de datos en el Catastro Inmobiliario por la realización de nuevas construcciones y la ampliación, reforma, rehabilitación, demolición o derribo de las ya existentes, la modificación de uso o destino y los cambios de clase de cultivo o aprovechamiento, la segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles, la adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación, la constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie, las variaciones en la composición interna o en la cuota de participación de las comunidades o entidades sin personalidad siempre que la respectiva entidad haya solicitado previamente la constancia de sus miembros.

ATENCIÓN: Se exime de la obligación de declarar las transmisiones de dominio de bienes inmuebles, la adquisición o consolidación de la propiedad de la totalidad del inmueble por una sola persona, la que se produzca por varias, en unidad de acto, con independencia de que el derecho adquirido por cada una de ellas sea parte de la propiedad plena o de la nuda propiedad, o del usufructo total o parcial sobre el inmueble cuando se cumplan los siguientes requisitos:

  1. Que el acto o negocio se formalice en escritura pública o bien se tenga solicitada su inscripción en el Registro de la Propiedad, en el plazo de dos meses desde la fecha del acto o negocio de que se trate.
  2. Que se haya acreditado la referencia catastral del inmueble mediante alguno de los siguientes medios: Certificación catastral electrónica obtenida por los procedimientos telemáticos que se aprueban por resolución de la Dirección General del Catastro, escritura pública o información registral, último recibo justificante del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o bien certificado u otro documento expedido por la Gerencia /Subgerencia del Catastro.

Asimismo, se exime de la obligación de declarar, en los casos en que el Ayuntamiento se haya acogido mediante ordenanza fiscal al régimen de comunicaciones previsto legalmente relativo a aquellos hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral para los que se haya otorgado la correspondiente licencia y en los supuestos de concentración parcelaria, deslinde administrativo, de expropiación forzosa y de actos de planeamiento y de gestión urbanísticos que las Administraciones actuantes deban comunicar al Catastro.

Normativa

Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y Orden EHA/3482/2006, de 19 de octubre por la que se aprueban los modelos de declaración de alteraciones catastrales de los bienes inmuebles y se determina la información gráfica y alfanumérica necesaria para la tramitación de determinadas comunicaciones catastrales.

Órgano competente

Las Gerencias y Subgerencias del Catastro.

Forma de inicio

A instancia de parte.

Legitimación

Titulares de concesión administrativa sobre bienes inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos, de derechos reales de superficie, de usufructo o propietarios de bienes inmuebles.

Plazo de inicio

Dos meses a partir del día siguiente a la fecha de formalización del hecho, acto o negocio declarado.

Lugar de presentación

  • En las Gerencias, Subgerencias o Unidades locales del Catastro o las Delegaciones de Economía y Hacienda en que se integran.
  • En los demás órganos y oficinas que se relacionan en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  • En el ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el bien inmueble a que se refiere la solicitud.

Documentación a presentar por el interesado

En todo caso, los impresos correspondientes deberán presentarse acompañados, además del modelo de declaración, de la siguiente documentación:

  • Si no se dispone de etiqueta de identificación fiscal, fotocopia cotejada del documento expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la constancia del número de identificación fiscal (NIF) del declarante, o de su documento nacional de identidad (DNI) o, en su caso, del documento oficial en que conste su número de identificación de extranjero (NIE). En los supuestos en que la declaración se presente en las Gerencias o Subgerencias del Catastro o en las Entidades que hayan suscrito con la Dirección General del Catastro un convenio para la tramitación de dicha declaración, bastará la mera exhibición de cualquiera de los citados documentos ante el funcionario del correspondiente registro administrativo.
  • En caso de que no conste la referencia catastral del inmueble o inmuebles afectados por la declaración en el documento que acredite la alteración se aportará certificación catastral electrónica obtenida a través de la Oficina Virtual del Catastro (http://ovc.catastro.meh.es) o certificación catastral o cualquier documento expedido por el Gerente o Subgerente del Catastro en el que conste la referencia catastral, o fotocopia del último recibo justificante del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
  • En caso de que el declarante actúe como representante del obligado a declarar deberá aportar el documento acreditativo de la representación.

Además, según el tipo de declaración que se realice se deberá aportar la documentación complementaria que se indica a continuación.

En las declaraciones por alteración de titular catastral y por variación de la cuota de participación en bienes inmuebles, deberá presentarse:

  • Original y fotocopia del documento que origine la alteración, ya sea escritura pública, contrato privado, sentencia judicial, certificación del Registro de la Propiedad u otros, a efectos de comprobación, devolviéndose el original al declarante.
  • En caso de adquisición del bien o derecho en común por los cónyuges, si el documento en el que se formalice la alteración no acredita la existencia del matrimonio, se aportará original y fotocopia, o copia cotejada, del Libro de Familia o cualquier documento que acredite tal condición.
  • Si se constituye un derecho de superficie o una concesión administrativa sobre parte de un bien inmueble deberá presentarse la documentación que refleje la descripción gráfica del inmueble original antes de la constitución de la concesión administrativa o derecho de superficie y la descripción gráfica del inmueble resultante sobre el que recae la concesión administrativa o derecho de superficie, con planos a escala que reflejen todas las cotas necesarias para realizar el cálculo de superficies.

Cuando la modificación de la titularidad o la variación de las cuotas de participación afecten simultáneamente a bienes inmuebles urbanos y rústicos, se presentarán dos declaraciones diferentes, una para cada tipo. Si la adquisición de todos ellos se ha realizado en virtud de un mismo acto o negocio, será suficiente la aportación de un solo ejemplar de la documentación que preceptivamente debe acompañar a estas declaraciones.

En las declaraciones de otros hechos, actos o negocios relativos a bienes inmuebles urbanos, rústicos o de características especiales:

  1. Por nueva construcción, ampliación, reforma o rehabilitación.
    • Fotocopia del documento de escritura de obra nueva.
    • Certificado final de obra.
    • Fotografía/s de la/s fachada/s (tamaño 10 x 15 cm.).
    • Planos a escala: de situación, del solar y definitivos de cada planta distinta.
    • Memoria de materiales y calidades.
    • Coste de ejecución material de las obras.
    • En caso de que se declare con este modelo la división horizontal deberá aportar, también, original y fotocopia, o copia cotejada del documento acreditativo de la división horizontal, la distribución de locales a representar en cada uno de los planos de planta será coincidente con la descripción existente en la división horizontal. Se representarán gráficamente los espacios correspondientes a todos los elementos comunes con expresión de las superficies construidas. Si la declaración afecta a trasteros y/o plazas de estacionamiento en pro indiviso adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un titular, se adjuntará también original y fotocopia, o copia cotejada, del documento público acreditativo de dicha inscripción, así como del plano a escala descriptivo de la distribución de los trasteros y plazas de estacionamiento afectados, junto con el cuadro de superficies construidas asignadas a los mismos.
    • En caso de edificio acogido a cualquier régimen de protección pública se aportará original y fotocopia, o copia cotejada, de la cédula de calificación definitiva.
    • En caso de que también se declare alteración de titular catastral deberá presentarse, original y fotocopia del documento en el que se formalice dicha alteración, a efectos de comprobación, devolviéndose el original al declarante.
  2. Por demolición o derribo total o parcial, cambio de clase de cultivo o aprovechamiento y cambio de uso.
    • Fotocopia del documento acreditativo de la alteración.
    • Descripción gráfica de la situación resultante: mediante plano catastral obtenido de la OVC y plano/s a escala en los supuestos de demolición o derribo, cambio de clase de cultivo o aprovechamiento que afecte solamente a parte de una subparcela o de una parcela completa y en los cambios de uso o destino que no afecten a todas las construcciones ubicadas en el inmueble
  3. Por agregación, agrupación, segregación o división de fincas.
    • Descripción gráfica de la situación anterior mediante plano catastral obtenido de la OVC y plano/s a escala o croquis que refleje todas las cotas necesarias para realizar el cálculo de superficie.
    • Descripción gráfica de la situación resultante mediante plano catastral obtenido de la OVC y plano/s a escala o croquis que refleje todas las cotas necesarias para realizar el cálculo de superficie.
    • Fotocopia del documento por el que se efectúa la alteración.
    • En caso de división horizontal de un inmueble deberá aportar plano a escala definitivo de cada planta con distinta distribución, así como la representación de los elementos comunes singulares. Si la declaración afecta a trasteros o plazas de estacionamiento en pro indiviso adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un titular se adjuntará original y fotocopia o copia cotejada del documento acreditativo de dicha adscripción y plano a escala de su distribución y superficies asignadas.
    • En caso de agrupaciones y agregaciones en las que la parcela resultante no se vea alterada en su configuración física por incluir de forma integra a todas las parcelas agrupadas o agregadas será suficiente con aportar el plano obtenido de la OVC con indicación de las parcelas catastrales correspondientes.
    • En caso de que también se declare alteración de titular catastral deberá presentarse, original y fotocopia del documento en el que se formalice dicha alteración, a efectos de comprobación, devolviéndose el original al declarante.

Fases del procedimiento

  • Registro del expediente.
  • Informes y/o requerimientos, en caso necesario.
  • Audiencia a los interesados, en caso necesario.
  • Resolución.
  • Notificación de la resolución.

Plazo de resolución

Seis meses.

Efectos de la falta de resolución en plazo

Desestimatorios.

Recursos

La resolución del procedimiento no pone fin a la vía administrativa. En el plazo de un mes desde la notificación de la resolución se puede interponer:

  • Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-administrativo Regional o Local.
  • Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación económico-administrativa se puede interponer recurso de reposición ante la Gerencia o Subgerencia del Catastro que dictó el acto, no siendo admisible la interposición simultánea de ambos recursos.

PROCEDIMIENTOS CATASTRALES: SOLICITUDES

Objeto

  • La cancelación o modificación de la inscripción efectuada en favor del solicitante como consecuencia de la realización de un hecho, acto o negocio por el que se extinga la titularidad del derecho en virtud del cual fue inscrito y, cuando proceda, la inscripción de un nuevo titular catastral. Esta solicitud exime la obligación de declarar en caso de adquisición de la propiedad cuando se presente en el plazo de dos meses desde dicha adquisición.
  • La incorporación al Catastro Inmobiliario del titular de un derecho real de disfrute, imputable a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que no otorgue la condición de titular catastral.
  • La inscripción de la identidad y cuota de participación del cónyuge no inscrito, y de los comuneros miembros o partícipes de la comunidad y entidades sin personalidad jurídica constituidos con anterioridad al 1 de enero de 2005.
  • La inscripción de los titulares de trasteros o plazas de estacionamiento en pro indiviso, adscritos a su uso y disfrute exclusivo y permanente, adquiridos mediante escritura pública formalizada con anterioridad al 25 de abril de 2006.

Normativa

Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Órgano competente

Las Gerencias y Subgerencias del Catastro.

Forma de inicio

A instancia de parte.

Legitimación

  • Titulares catastrales que hayan cesado en el derecho que originó dicha titularidad.
  • Titulares de los correspondientes derechos reales de disfrute.
  • Cotitulares que hubieran adquirido su derecho con anterioridad al 1 de enero de 2005.
  • Titulares de trasteros y plazas de estacionamiento en pro indiviso, adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de su titular, adquiridos con anterioridad al 25 de abril de 2006.

Plazo de inicio

Puede iniciarse en cualquier momento.

Lugar de presentación

  • En las Gerencias, Subgerencias o Unidades locales del Catastro o las Delegaciones de Economía y Hacienda en que se integran.
  • En los demás órganos y oficinas que se relacionan en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  • En el ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el bien inmueble a que se refiere la solicitud

Documentación a presentar por el interesado

Solicitud en la que se haga constar la referencia catastral del bien inmueble.

Podrá utilizarse el modelo normalizado de solicitud que se encuentra a su disposición en las Gerencias y Subgerencias del Catastro y en esta página web Modelo de Solicitud Catastral, así como el modelo de declaración – autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Documentos que sirven de base a la solicitud.

En caso de que el solicitante actúe como representante deberá aportar el documento acreditativo de la representación.

Fases del procedimiento

  • Registro de la solicitud.
  • Requerimientos, en su caso.
  • Audiencia a los interesados, en su caso.
  • Resolución.
  • Notificación de la resolución.

Plazo de resolución

Seis meses.

Efectos de la falta de resolución en plazo

Desestimatorios.

Recursos

La resolución del procedimiento no pone fin a la vía administrativa. En el plazo de un mes desde la notificación de la resolución se puede interponer:

  • Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-administrativo Regional o Local.
  • Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación económico-administrativa se puede interponer recurso de reposición ante la Gerencia o Subgerencia del Catastro que dictó el acto, no siendo admisible la interposición simultánea de ambos recursos.
Fuente: Direccion General del Catastro

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE TITULARIDAD CATASTRAL

Objeto

La inscripción o modificación de datos en el Catastro Inmobiliario por la adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación, la constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie, las variaciones en la composición interna o en la cuota de participación de las comunidades o entidades sin personalidad siempre que la respectiva entidad haya solicitado previamente la constancia de sus miembros.


ATENCIÓN: Se exime de la obligación de declarar las transmisiones de dominio de bienes inmuebles, la adquisición o consolidación de la propiedad de la totalidad del inmueble por una sola persona, la que se produzca por varias, en unidad de acto, con independencia de que el derecho adquirido por cada una de ellas sea parte de la propiedad plena o de la nuda propiedad, o del usufructo total o parcial sobre el inmueble cuando se cumplan los siguientes requisitos:

  1. Que el acto o negocio se formalice en escritura pública o bien se tenga solicitada su inscripción en el Registro de la Propiedad, en el plazo de dos meses desde la fecha del acto o negocio de que se trate.
  2. Que se haya acreditado la referencia catastral del inmueble mediante alguno de los siguientes medios: Certificación catastral electrónica obtenida por los procedimientos telemáticos que se aprueban por resolución de la Dirección General del Catastro, escritura pública o información registral, último recibo justificante del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o bien certificado u otro documento expedido por la Gerencia /Subgerencia del Catastro.


Asimismo, se exime de la obligación de declarar, en los casos en que el Ayuntamiento se haya acogido mediante ordenanza fiscal al régimen de comunicaciones previsto legalmente relativo a aquellos hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral para los que se haya otorgado la correspondiente licencia y en los supuestos de concentración parcelaria, deslinde administrativo, de expropiación forzosa y de actos de planeamiento y de gestión urbanísticos que las Administraciones actuantes deban comunicar al Catastro.

Normativa

Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y Orden EHA/3482/2006, de 19 de octubre por la que se aprueban los modelos de declaración de alteraciones catastrales de los bienes inmuebles y se determina la información gráfica y alfanumérica necesaria para la tramitación de determinadas comunicaciones catastrales.

Órgano competente

Las Gerencias y Subgerencias del Catastro.

Forma de inicio

A instancia de parte.

Legitimación

Los titulares de concesión administrativa sobre bienes inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos, de derechos reales de superficie, de usufructo o propietarios de bienes inmuebles.

Plazo

Dos meses a partir del día siguiente a la fecha de formalización del hecho, acto o negocio declarado.

Lugar de presentación

  • En las Gerencias, Subgerencias o Unidades locales del Catastro o las Delegaciones de Economía y Hacienda en que se integran.
  • En los demás órganos y oficinas que se relacionan en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
    .
  • En el ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el bien inmueble a que se refiere la solicitud..

Documentación a presentar por el interesado

Esta declaración se realizará cumplimentando el modelo 901-N.

Los impresos de cada modelo se pueden obtener gratuitamente en las Gerencias Territoriales del Catastro, en las Delegaciones de Economía y Hacienda o en Ayuntamientos colaboradores.

En todo caso, los impresos correspondientes deberán presentarse acompañados, de la siguiente documentación:

  • Si no se dispone de etiqueta de identificación fiscal, fotocopia cotejada del documento expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la constancia del número de identificación fiscal (NIF) del declarante, o de su documento nacional de identidad (DNI) o, en su caso, del documento oficial en que conste su número de identificación de extranjero (NIE). En los supuestos en que la declaración se presente en las Gerencias o Subgerencias del Catastro o en las Entidades que hayan suscrito con la Dirección General del Catastro un convenio para la tramitación de dicha declaración, bastará la mera exhibición de cualquiera de los citados documentos ante el funcionario del correspondiente registro administrativo.
  • En caso de que no conste la referencia catastral del inmueble o inmuebles afectados por la declaración en el documento que acredite la alteración se aportará certificación catastral electrónica obtenida a través de la Oficina Virtual del Catastro (http://ovc.catastro.meh.es) o certificación catastral o cualquier documento expedido por el Gerente o Subgerente del Catastro en el que conste la referencia catastral, o fotocopia del último recibo justificante del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
  • En caso de que el declarante actúe como representante del obligado a declarar deberá aportar el documento acreditativo de la representación.

Además, se deberá aportar la documentación complementaria que se indica a continuación.

  • Original y fotocopia del documento que origine la alteración, ya sea escritura pública, contrato privado, sentencia judicial, certificación del Registro de la Propiedad u otros, a efectos de comprobación, devolviéndose el original al declarante.
  • En caso de adquisición del bien o derecho en común por los cónyuges, si el documento en el que se formalice la alteración no acredita la existencia del matrimonio, se aportará original y fotocopia, o copia cotejada, del Libro de Familia o cualquier documento que acredite tal condición.
  • Si se constituye un derecho de superficie o una concesión administrativa sobre parte de un bien inmueble deberá presentarse la documentación que refleje la descripción gráfica del inmueble original antes de la constitución de la concesión administrativa o derecho de superficie y la descripción gráfica del inmueble resultante sobre el que recae la concesión administrativa o derecho de superficie, con planos a escala que reflejen todas las cotas necesarias para realizar el cálculo de superficies.

Cuando la modificación de la titularidad o la variación de las cuotas de participación afecten simultáneamente a bienes inmuebles urbanos y rústicos, se presentarán dos declaraciones diferentes, una para cada tipo. Si la adquisición de todos ellos se ha realizado en virtud de un mismo acto o negocio, será suficiente la aportación de un solo ejemplar de la documentación que preceptivamente debe acompañar a estas declaraciones.

Fases procedimiento

  • Registro del expediente.
  • Informes y/o requerimientos, en caso necesario.
  • Audiencia interesados, en caso necesario.
  • Resolución.
  • Notificación de la resolución.

Plazo resolución

Seis meses.

Efectos de la falta de resolución en plazo

Desestimatorios.

Recursos

La resolución del procedimiento no pone fin a la vía administrativa. Se puede interponer, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, alguno de los siguientes recursos:

  • Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-administrativo Regional. Si el valor catastral del inmueble excede de 1.800.000 euros, dicha reclamación podrá interponerse directamente, ante el Tribunal Económico-administrativo Central.
  • Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación económico-administrativa se puede interponer recurso de reposición ante la Gerencia/Subgerencia del Catastro, no siendo admisible la interposición simultánea de ambos recursos.
Fuente: Direccion General del Catastro

CONDENADO A UN AÑO Y SEIS MESES EL EX PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS

Tambien se publica en el dia de hoy la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por la que se condena, a la espera del Recurso correspondiente y de la subsiguiente firmeza, al que fuera Presidente de la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, y actual Magistrado Presidente (electo por el Consejo General del Poder Judicial, eleccion que ya publique en este blog hace unos meses) de una de las Secciones de esa misma Audiencia Provincial (me disculparan la mala memoria, pero no recuerdo el numero de la Seccion).

Les dejo aqui la noticia.

El ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas José Antonio Martín Martín ha sido condenado a un año y seis meses de suspensión y multa de ocho meses por un delito de actividades prohibidas a funcionarios al favorecer a un narcotraficante.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, hecha pública este miércoles , ha contado con el voto particular en contra de uno de los tres magistrados del tribunal, Javier Varona Gómez-Acedo, quien considera que su compañero no cometió delito alguno, aunque ha quedado probado que intercedió para la puesta en libertad del narcotraficante.

El otro acusado en esta causa, Wilebaldo Luis Yanes, ha sido condenado como cooperador necesario en el delito de actividades prohibidas a funcionarios públicos a ocho meses de inhabilitación para cargo público y a una multa de cinco meses con cuota diaria de 30 euros.

La sentencia considera probado que en el año 2005, cuando era presidente de la Audiencia, Martín Martín hizo varias gestiones para favorecer la puesta en libertad provisional de Rafael Bornia Bordón, quien después fue condenado en esa causa por tráfico de estupefacientes.

Tras descubrirse el delito en unas escuchas telefónicas, José Antonio Martín Martín fue apartado provisionalmente del cargo el 19 de enero de 2006 y posteriormente fue expedientado por el Consejo General del Poder Judicial, quien había dejado pendiente su resolución hasta la conocer la sentencia.

INADMITIDA A TRAMITE LA QUERELLA INTERPUESTA CONTRA LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEL "CASO FAYCAN"

Aqui les dejo la noticia publicada en el dia de hoy por diversos medios insulares, entre los que se encuentra Canarias Ahora, del que extraigo la misma.

Hay veces en que existe falta de rigor en los periodistas a la hora de utilizar la terminologia juridica, y como no he tenido las actuaciones en mis manos, no se si lo que se ha producido es el sobreseimiento provisional o libre de una denuncia, o se ha dictado un Auto de inadmision de una querella. Lo que si es cierto es que lo que queda a partir de ahora es el derecho al pataleo, perdon, al Recurso correspondiente.

EFE.
Las Palmas de Gran Canaria

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no ha admitido a trámite la querella presentada contra el juez Javier García García-Sotoca por no haber actuado contra las continuas filtraciones del caso Faycán, según un auto hecho público este miércoles.

La querella estaba dirigida además contra la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 6 de Telde, María de los Ángeles Zabala, a quien imputaban, al igual que a García, un delito de prevaricación, así como otro de falsedad documental y de violación del secreto de las comunicaciones.

Según el auto, la querella suscrita por la ex edil del PP de Mogán Onalia Bueno, Jesús Sánchez Vega, Alexis Martín Rodríguez y Miguel Ángel Martín del Rosario, se basa en "meras subjetivas interpretaciones de la actuación judicial", por lo que "no puede prosperar".

En los razonamientos jurídicos del auto se rechazan también las presuntas irregularidades que se ponen en conocimiento en la querella sobre la actuación del juez del Juzgado de Instrucción Número 6 de San Bartolomé de Tirajana en el caso Góndola y del titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

En este sentido, aclara que se rechazan las denuncias de las supuestas irregularidades por ser improcedentes ante esta jurisdicción penal.

En la querella, presentada el pasado 11 de marzo, se imputaba al juez García la presunta comisión de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de prevaricación judicial, que se consideran que cometió al no haber actuado contra las continuas filtraciones producidas a la prensa tanto de las actuaciones judiciales llevadas a cabo por su juzgado y como de documentos presentados.

También se le imputaba la "destrucción, ocultación o sustracción" del recurso de reforma presentado por la defensa del ex alcalde del PP Francisco Valido contra una resolución solución judicial y la falsedad en la narración del lugar de custodia de la agenda de la ex edil también del PP María Antonio Torres, que también fue filtrado a la prensa, según el escrito de la querella ahora rechazada.

REGIMEN DEL SUELO RUSTICO Y URBANO EN LA NUEVA LEY DEL SUELO 8/2007, DE 28 DE MAYO

En lo que se refiere al régimen urbanístico del suelo, la nueva ley del suelo (Ley 8/2007, de 28 de mayo), opta por diferenciar entre situación y actividad, estado y proceso, definiendo los estados básicos en que puede encontrarse el suelo, según su situación actual, en rural y urbano que, son los determinantes para el contenido del derecho de propiedad del suelo, otorgando así carácter estatutario al régimen del suelo.

SITUACIONES BÁSICAS DEL SUELO

Ley del suelo 8/2007, de 28 de mayo (BOE, del 29)

a) Suelo rural:

1. Es el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística.

2. El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticas prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos del suelo urbanizado.

b) Suelo urbanizado:

Suelo urbanizado, es el integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de las núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento.

Clasificación según la antigua Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. · Suelo Urbano, constituido por los terrenos aptos para edificar por reunir las condiciones que exige la ley y señalados como tales en el Plan General Municipal de Ordenación de la población. · Suelo Urbanizable, es el que se reserva para las futuras ampliaciones de la población. Si su programa de actuación figura en el propio Plan, constituye el Suelo Urbanizable Programable. Si su urbanización queda aplazada hasta un futuro inconcreto programa de actuación urbanística se le denomina Suelo Urbanizable No Programado. · Suelo NO Urbanizable, es el suelo no comprendido en los anteriores, únicamente puede edificarse en Suelos No Urbanizables bajo determinadas condiciones excepcionales y muy restrictivas.

Actuaciones de transformación urbanística:

a) Las de nueva urbanización: Supone el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotación públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística.

b) las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado.Urbanismos tu Abogado Defensor

c) Las actuaciones de dotación, que son las que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación integral de la urbanización de éste.

Aunque en la práctica pueda levantarse un edificio en casi cualquier lugar que nos propongamos, como se puede suponer no todos los terrenos son aptos para proceder a ello, normalmente deben efectuarse unos trabajos previos que convierten el terreno en solar.

Por consiguiente en derecho urbanístico, obliga que para que pueda construirse legalmente un edificio el suelo sobre el que deba asentarse tenga como mínimo:

· Acceso rodado.

· Abastecimiento de agua.

· Suministro de energía eléctrica.

· Fijadas las alineaciones y rasantes de la vía a la que dé frete

· Evacuación de aguas residuales.

Formación de fincas y parcelas y relación entre ellas.

1. Finca: Es la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la legislación hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la propiedad, tiene la consideración de finca registral.

2. Parcela: Es la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente.

3. La constitución de finca o fincas en régimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario autoriza para considerar su superficie total como una sola parcela, siempre que dentro del perímetro de ésta no quede superficie alguna que, conforme a la ordenación territorial y urbanística aplicable, deba tener la condición de dominio público, ser de uso público o servir de soporte a las obras de urbanización o pueda computarse a los efectos del cumplimiento del deber legal de entrega a la Administración de suelo reservado para viales.

Transmisión de fincas y deberes urbanísticos

1. La transmisión de fincas no modificará la situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a la Ley del Suelo y los establecidos por la legislación de la ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma. El nuevo titulas queda subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran aun posible efectos de mutación jurídico-real.

2. En las enajenaciones de terrenos, deberá hacerse constar en el correspondiente título:

a. La situación urbanística de los terrenos, cuando no sean susceptibles de uso privado o edificación, cuenten con edificaciones fuera de ordenación o estén destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que permita tasar su precio máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda.

b. Los deberes legales y las obligaciones pendientes de cumplir, cuando los terrenos estén sujetos a una de las actuaciones de urbanización.

3. La infracción de cualquiera de las anteriores disposiciones, faculta al adquirente para rescindir el contrato en el plazo de cuatro años y exigir la indemnización que proceda conforme a la legislación civil.

Declaración de obra nueva.

Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, los Notarios exigirán, para su testimonio, la aportación del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la legislación de ordenación territorial y urbanística, así como certificación expedida por técnico competente y acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo.

Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada, exigirán además de la certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de ésta conforme a la descripción del proyecto, la acreditación documental del cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios y el otorgamiento, expreso o por silencia administrativo, de las autorizaciones administrativas que prevea la legislación de ordenación territorial y urbanística.

LICENCIA DE OBRAS:

Para proceder a la construcción de un edificio es requisito imprescindible y previo el solicitar y obtener la correspondiente licencia de obras mayores en el Ayuntamiento del municipio en que se pretenda levantar la edificación.

Para ello debe aportarse el pertinente proyecto técnico suscrito por el profesional competente en la materia y visado por el Colegio respectivo, acompañado de la documentación precisa en cada caso.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:

Debido a la complejidad de las normativas concurrentes en la concesión de las licencias de edificación, es una buena práctica de actuación, solicitar del Ayuntamiento previamente a la compra de un solar, el Certificado o Cédula Urbanística que acredite fehacientemente los parámetros urbanísticos que deberá cumplir el edificio que se pretende erigir.

Este documento debe indicar inequívocamente si el solar es edificable o no, si existe alguna suspensión de licencia aunque fuese con carácter provisional, las condiciones urbanísticas que puedan ser exigidas al promotor y además debe señalarse explícitamente cual es su edificabilidad, distancias mínimas, fachada mínima, uso, etc., y cualquier otra circunstancia que limite o restrinja la posible edificación del solar. Estos parámetros son determinantes en grado máximo del valor del solar, estos parámetros son:

a) Edificabilidad, es el número de metros cuadrados de techo sobre rasante que la normativa permite construir por cada metro cuadrado que tenga el solar.

b) Ocupación, indica el porcentaje de solar que se puede edificar en planta baja. En ocasiones se distingue entre el tanto por ciento de ocupación para la edificación principal y la auxiliar, siendo esta ultima la destinada, como su nombre indica a usos auxiliares, tales como lavaderos, garajes, trasteros, etc.

c) Altura reguladora máxima, es la altura máxima que en cada solar está permitido alcanzar a las edificaciones a construir en el mismo medida de acuerdo con las ordenanzas municipales. Usualmente la normativa fija también el número de plantas que pueden levantarse en cada zona.

d) Separación mínima, es el retroceso de la edificación y sus cuerpos salientes respecto a las alineaciones de viales de las medianeras.

e) Parcela mínima, en algunas zonas se establece la superficie mínima que debe alcanzar una parcela para que pueda ser considerada edificable.

f) Fachada mínima, igualmente, en algunas zonas, se establece la longitud mínima que debe tener la fachada del solar para que pueda ser edificable.

Como documentación adicional a la información sobre un solar se puede solicitar al Ayuntamiento correspondiente un certificado de servicios existentes.

Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación.

Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a usos que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana.

El coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto en el número anterior sé sufragará por los propietarios o por la Administración, en los términos que establezca la legislación aplicable.

EXCAVACIONES, ENTIBACIONES, TERRAPLENES Y DESMONTES EN EL DERECHO URBANÍSTICO:

Después de preparado el terreno y una vez efectuado el replanteo previo debe procederse a la ejecución de los movimientos de tierra necesarios para iniciar la construcción propiamente dicha.

· Excavaciones, consisten fundamentalmente en las zanjas y pozos que deben efectuarse en el terreno nivelando donde debe asentarse la construcción hasta la profundidad adecuada para encontrar la capa del terreno suficientemente compacta que sea capaz de soportar las cargas que le transmitan los cimientos de la construcción. Su anchura y longitud vienen determinadas por la superficie de su base, que debe ser proporcional a los pesos a sostener y a la resistencia del terreno.

· Entibaciones, en caso de terrenos de poca consistencia, como los arenosos, es necesario tomar precauciones de entibar las zanjas y pozos durante la ejecución de los trabajos, a fin de evitar el desmoronamiento de las tierras circundantes sobre el trabajo ya realizado y sobre todo para evitar accidentes a los obreros que los ejecutan.

· Desmontes y terraplenados, consisten en el vaciado de tierras o el aporte de los mismos sobre la rasante inicial del terreno para dejarlo al nivel adecuado para la ejecución de la obra. En los terraplenados es conveniente proceder a extender las tierras en capas de poco grosos, generalmente entre 40 y 50 cm. Para poder compactarlas adecuadamente.

Fuente. Tu abogado Defensor

EXPROPIACION FORZOSA

LA EXPROPIACIÓN FORZOSA

La expropiación, es un instrumento de Derecho Público que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad de un particular a la Administración Pública, o a otro particular, por razón del interés público y previo pago de una indemnización (Garrido Falla).

La expropiación es una transferencia coactiva, lo que la convierte en una institución peculiar del Derecho Público, muy diferente, por ello, de la compraventa del Código Civil.

El expropiado tienen derecho a una indemnización equivalente al valor de la cosa expropiada, lo que la diferencia de otras figuras, como la confiscación; por eso, el texto constitucional habla de la correspondiente indemnización, aunque no dice que tenga que ser previa a la privación de la propiedad.

En cuanto a la expropiación de bienes muebles, se mantiene en todo su rigor el principio de la declaración ex lege de la utilidad pública, salvando también el supuesto de que, tratándose de determinadas categorías de bienes, hubiera declarado con anterioridad una ley la posibilidad en abstracto de su expropiación por razones de utilidad pública, supuesto en el que para la expropiación en concreto, el requisito se entiende producido por el acuerdo del Consejo de Ministros. Asimismo, el principio y la salvedad se hacen extensivos a los supuestos de expropiación por interés social a que la ley se abre paso.

NORMATIVA REGULADORA DE LA EXPROPIACIÓN

La regulación actual de la expropiación forzosa se contiene básicamente en la Ley de Expropiación Forzosa (en lo sucesivo LEF) de 16 de diciembre de 1954 y en el Reglamento de 26 de abril de 1957, así como en los arts. 33 y 149.1.18 de la Constitución.

La apreciación acerca de si es o no necesaria la ocupación de un bien en concreto es una garantía fundamental para el particular. La declaración de utilidad pública explícita o implícita garantiza la concurrencia del interés general, que vienen a justificar la expropiación, pero no entra ni de lejos en apreciación alguna acerca de la necesidad de que para llevarlo a cabo se ocupe un bien determinado con preferencia a otro. Ciertamente, la Administración puede tomar como referencia el proyecto y los replanteos afectados, pero no siempre constarán con la precisión obligada los derechos e intereses afectados. En todo caso, es preciso dar una intervención al interesado, cuando menos para conseguir una indemnización suficiente desde el punto de vista jurídico del bien o derecho afectado.

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA EXPROPIACIÓN

1. Sujetos, un elemento subjetivo de la expropiación forzosa está formado por el expropiante, expropiado y beneficiario.

Expropiante, Es el titular de la potestad expropiatoria y que, según la Ley de Expropiación Forzosa, sólo corresponde al Estado, Provincia, Municipio, y a las Comunidades Autónomas.

Expropiado, Es el titular de las cosas, derechos o intereses objeto de la expropiación. La característica más importante es que el status de expropiado no lo adquiere en virtud de ninguna cualidad ni circunstancia personal, sino como consecuencia de su relación con las cosas objeto de la expropiación.

Beneficiario, Es el adquirente inmediato de la transmisión forzosa que se efectúa o el que, dicho de otro modo, se beneficia directamente del contenido del acto expropiatorio cuando éste no se concreta en una transmisión de propiedad. El Reglamento lo define diciendo que es el sujeto que representa el interés público o social, para cuya realización está interesado a instar a la Administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria y que adquiere el bien o derecho expropiado.

2. Objeto, La Ley de expropiación forzosa ha expansionado el objeto de la expropiación forzosa que ya no se limita a bienes inmuebles, sino que también se extiende a los demás derechos e intereses patrimoniales legítimos, hablando incluso el Reglamento de las expropiaciones de facultades parciales del dominio o de derechos o intereses legítimos.

3. Causa, Es un elemento importante de la institución de la LEF y puede ser bien la utilidad pública o bien el interés social.

4. Contenido, Toda intervención administrativa que implique privación singular de propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos a que se refiere el art. 1 de la Ley, es una expropiación forzosa a todos los efectos.

ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

A. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EXPROPIACIÓN

La expropiación es un procedimiento formal y riguroso.

Requisito previo en el procedimiento expropiatorio: Declaración de utilidad pública o interés social: Esta declaración es requisito indispensable para iniciar el procedimiento expropiatorio, por lo que no forma parte del procedimiento acabado de citar. La declaración se ha de realizar por ley, siempre que no se trate de alguno de los casos en que dicho requisito se considere implícito (por ejemplo, obras del Estado incluidas en planes de obras públicas). Esta regla es especialmente aplicable cuando se trate de bienes muebles, así como a la declaración de utilidad social como causa determinante de la expropiación.

Cuando la ley haya declarado la utilidad pública o el interés social en forma genérica, para una categoría especial de bienes muebles, obras, servicios o bienes, entonces la autorización en cada caso concreto del ejercicio de la potestad expropiatoria deberá hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros.

Fases del procedimiento de expropiación:

1. Necesidad de ocupación: El procedimiento de expropiación comienza realmente con el acuerdo de la Administración en que determina concretamente cuáles son los bienes y derechos que han de ser objeto de expropiación. A estos efectos, la Ley de Expropiación Forzosa prevé una dualidad de procedimiento:

Excepcionalmente el Consejo de Ministros podrá, previa declaración de urgencia, dictar el correspondiente acuerdo en virtud del cual podrá efectuarse la expropiación mediante la ocupación de los bienes afectados, sin necesidad de cumplir el trámite de la declaración de la necesidad de la ocupación.

En el procedimiento normal de expropiación se inicia con una relación concreta e individualizada que el beneficiario debe formular de los bienes o derechos que considere necesario expropiar.

2. Información Pública, que se abrirá durante un plazo de 15 días, a cuyo fin cuando se trate de expropiaciones del Estado, aquella relación habrá de publicarse en el BOE y en el Boletín Oficial de la Provincia respectiva, así como en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, comunicándose, además, a los Ayuntamientos en cuyos términos radique la cosa expropiable, para que la fijen en el tablón de anuncios.

3. Finalizada la información pública, se abre otro período de 29 días durante el cual la Administración examine y califica los escritos de oposición presentados e incorpora las certificaciones y documentos extendidos por el Registro de la propiedad y otras dependencias.

4. La fase final, termina con el acuerdo del órgano competente, de NECESIDAD DE OCUPACIÓN. Este acuerdo se ha de publicar y, además notificarse individualmente a todos los interesados en el expediente. Contra el mismo cabe recurso de alzada ante el Ministerio correspondiente.

B. CONSIDERACIÓN DEL JUSTIPRECIO

La fijación de la indemnización constituye, como es obvio, el problema capital de una Ley de expropiación. El criterio tradicional de someter las diferencias de apreciación pericialmente establecida a una decisión motivada y preparada por una tercera estimación pericial ha de reconocerse que no ha sido nunca propugnado como procedimiento ideal, sino más bien como un último recurso, al que empíricamente se acude en defecto de reglas tasadas que permitan una determinación automática del valor del objeto de la expropiación. Los criterio automáticos añaden a su intrínseca objetividad la ventaja de eliminar gran número de reclamaciones ya que sustraen la base sobre la cual cabe plantearlas, que no es otra que la pluralidad abierta indefinidamente de los medios de estimación.

1. Mutuo Acuerdo, según la Ley de Expropiación Forzosa, el primer medio al que deben acudir el expropiante o beneficiario y el expropiado para valorar la cuantía de la indemnización es el del acuerdo amistoso, para el que disponen de un plazo de 15 días. Si durante el mismo hay acuerdo positivo, se da por concluido el expediente iniciado; pero en el supuesto de que aquél no se lograra, se seguirá el procedimiento del Jurado Provincial de Expropiación <<>>.

2. Jurado de Expropiación, a falta de acuerdo, habrá de procederse según los trámites legales previstos. En efecto, se tramita una pieza separada encabezada por la descripción del bien a expropiar. La Administración requiere al propietario para que, en un plazo de 20 días presente una hoja de aprecio, motivando la valoración que podrá ir avalada por un perito. En igual período la Administración debe aceptar o rechazar dicha valoración, si acepta, termina el expediente y se procederá al pago como requisito previo a la ocupación; y si la rechaza, extenderá hoja de aprecio fundada que se notificará al propietario para que, en el plazo de 15 días decida.

En caso de desacuerdo pasa el expediente al Jurado Provincial de Expropiación.

B. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE BIENES EXPROPIABLES

Según la Ley de Expropiación Forzosa, las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plan o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro.

Las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación del expediente de expropiación no serán objeto de indemnización a no ser que se demuestre que eran indispensables para la conservación de los bienes. Las anteriores son indemnizables, salvo cuando se hubiesen realizado de mala fe.

En principio la Ley de Expropiación Forzosa, se basa en el valor fiscal de los bienes declarados con anterioridad por los interesados. Pero consciente de las dificultades que este sistema conlleva en la práctica, combina el sistema con otros criterios y, lo más importante, permite a las partes enfrentadas la libertad de estimación con arreglo a lo que establece el art. 43 de la Ley: <<No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores tanto el propietario como la Administración podrán llevar a cabo la tasación aplicando los criterios estimativos que juzguen más adecuados, si la evaluación practicada por las normas que en aquellos artículos se fijan no resultare, a su juicio, conforme con el valor real de los bienes y derechos objeto de la expropiación, por ser éste superior o inferior a aquélla. El Jurado Provincial de Expropiación también podrá hacer aplicación de este artículo>>.

En la expropiación de suelo, serán aplicables los criterios de valoración establecidos en la Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones de Suelo, cualquiera que sea la finalidad, urbanística o de otro carácter que la legitime según establece el art. 73 de esta Ley.

C. LA AFECCIÓN DEL BIEN A EXPROPIAR

Dice la Ley que <>. Sin embargo el Reglamento matiza que, en caso de fijación de justiprecio por mutuo acuerdo de las partes, no procederá el pago del premio de afección.

D. EL PAGO DEL JUSTIPRECIO

El pago se verificará mediante talón nominativo al expropiado o por transferencia bancaria, en el caso de que el expropiado haya manifestado su deseo de recibir el precio precisamente por este medio. Dicho pago está exento de gravámenes fiscales y, en caso de no ser aceptado por aquél, se procederá a consignarlo en la Caja General de Depósitos.

E. LA RETASACIÓN DEL BIEN EXPROPIADO

La Ley de Expropiación Forzosa, ante el hecho de que el pago se demore por parte de la Administración, ha establecido la retasación <<si transcurrieren dos años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o consigne>>, para lo que exige que se proceda de nuevo a evaluar las cosas o derechos objeto de la expropiación.

La nueva evaluación se hará a instancia del expropiado, por quien se formulará nueva hoja de aprecio en la forma prevista legal y reglamentariamente, sin necesidad de requerimiento de la Administración. Presentada esta instancia, se seguirán los trámites ordinarios para la fijación del justiprecio.

F. LA POSESIÓN DEL BIEN EXPROPIADO

Hecho efectivo el justiprecio, se podrá ocupar la finca o ejercitar el derecho expropiado. El acta de ocupación que se extenderá a continuación del pago, acompañada de los justificantes del mismo, será título bastante para que en el Registro de la Propiedad y demás Registros Públicos se inscriba y tome razón de la transmisión de dominio y se verifique en su caso, la cancelación de las cargas, gravámenes y derechos reales de toda clase a que estuviere afectada la cosa expropiada.

Fuente: Tu abogado Defensor