TEMAS JURIDICOS Y MÁS

DESARROLLO LEGISLATIVO DE LA "LEY DE LA MEMORIA HISTORICA"

sábado, 4 de octubre de 2008

CARLOS E. CUÉ - Madrid - 04/10/2008 La polémica ley de memoria, que pese a entrar en vigor en enero apenas ha tenido repercusión real en las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, empezó a convertirse ayer en una realidad. El Gobierno, tres semanas después de que el juez Baltasar Garzón reavivara la polémica, decidió enviar al Consejo de Estado cuatro reales decretos que desarrollan la norma.

Entre ellos destaca el que regula la declaración de reparación oficial de las víctimas. El Ejecutivo, que rechazó de plano la anulación de las sentencias franquistas que pedían las asociaciones de víctimas, establece así las condiciones para obtener un documento oficial, expedido por el Ministerio de Justicia, en el que la democracia reconoce oficialmente la condición de víctima, rehabilita públicamente a los afectados y sentencia que los actos de represión cometidos por motivos políticos fueron una injusticia.

La declaración, que sirve también para quienes sufrieron el terror en zona republicana, sobre todo en los primeros meses de la guerra, la pueden pedir no sólo las víctimas -los supervivientes son cada vez menos- sino sus familiares e incluso instituciones a las que estuvieron ligadas -por ejemplo, un ayuntamiento si la víctima fue su alcalde-.

Julián Casanova, un historiador especializado en este asunto, calcula que hay más de un millón de personas que podrían considerarse víctimas de la represión. Por tanto, sus familiares, si quisieran, podrían reclamar esta declaración oficial al Ministerio de Justicia. Aunque tendrán que esperar a que el decreto sea informado por el Consejo de Estado y vuelva al Consejo de Ministros para que éste lo apruebe y lo mande a las Cortes.

El cálculo de más de un millón de afectados se obtiene sumando los asesinados (150.000 a manos de los franquistas entre la guerra y los casi 40 años de dictadura, y unos 60.000 a manos de los republicanos, aunque todos estos últimos tuvieron su reconocimiento oficial por el régimen y sus familiares lograron todo tipo de compensaciones), los que sufrieron cárcel, campos de concentración, trabajos forzados o torturas (se calcula que hubo unos 400.000, hay datos oficiales que señalan que en 1940 llegó a haber 270.000 personas encarceladas al mismo tiempo por motivos políticos, y está certificado que al menos 5.000 presos murieron de hambre y epidemias) y los exiliados (hubo unos 650.000 en el primer momento que huían de la persecución política, y poco a poco algunos fueron regresando, hasta quedarse en una cifra de 170.000). A todos ellos, para imaginar las dimensiones de la tragedia, hay que sumar unas 400.000 personas que murieron en combate, y por tanto no pueden ser considerados represaliados.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que con esta declaración se quiere "recuperar la memoria" de aquellos que murieron por defender sus ideas "con honor y dignidad".

Los otros tres decretos, aunque no se refieren a los asuntos más polémicos aún por resolver -sobre todo el mapa de fosas y la aclaración sobre la retirada de símbolos franquistas-, también son claves para algunos sectores. Sobre todo el que desarrolla la forma de obtener una indemnización de 135.000 euros para todos los familiares de asesinados entre 1968 y 1977 que cayeron a manos de la policía franquista en protestas sindicales, sobre todo, y no se han podido acoger a la ley de víctimas del terrorismo (1968 es el año en que ETA empezó a matar).

El tercer decreto abre la posibilidad a los brigadistas internacionales que quisieron obtener la nacionalidad española en 1996, cuando se aprobó una ley que lo permitía, pero no pudieron porque sus países les exigían que renunciaran a la suya. El decreto permitirá la doble nacionalidad.

Por último, un decreto permitirá a las familias de republicanos recuperar documentos privados -correspondencia íntima, por ejemplo- que fueron incautados por el régimen y están en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca.

Fuente: Periodico El Pais

LA LABOR DE LA AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO DE NUESTRO GOBIERNO AUTONOMO

Hoy es Sábado, y mas que temas jurídicos o denuncias varias debería tratar de temas intrascendentes y ligeros para ayudar a aliviarnos del stress que nos ha causado la semana de trabajo. Pero es que, andaba yo publicando la distinta vara de medir que se utiliza en relación con delitos xenófobos cuando aprecio en otro articulo de prensa, como esta forma de valorar las infracciones de terceros vulnera algo tan básico como el principio de igualdad ante la Ley, dependiendo de quien sea el infractor.

Y digo esto porque, mientras se sanciona a un particular, por la emisión de residuos, con 10.000.- Euros por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dependiente del Gobierno de Canarias, muchos aun esperamos la sanción correspondiente a la entidad Endesa Distribuciones Eléctricas, S.L.U. por la construcción de una subestación eléctrica, parte en suelo de dominio publico y parte en suelo rustico de protección, sin contar para ello con licencia de obra mayor otorgada, ya que únicamente cuenta con una licencia de carácter provisional (y para el que no sepa de que tratan las licencias de carácter provisional dire que se usan EXCLUSIVAMENTE para la realización de obras facilmente desmontables y en precario).

Estos hechos se denuncian desde el año 2006 ante la Agencia de Protección del Medio Urbano, tratándose por otro lado con una actividad molesta,, insalubre y nociva, establecida a 200 metros de un núcleo poblacional y sin contar con la previa calificación del Cabildo de Gran Canaria (absolutamente necesaria para actividades clasificadas).

Siempre pongo una coletilla porque temo ser malinterpretada, cosa que suele suceder cuando no tratas los temas en persona sino por escrito: No se trata de que opine que el Sr. en cuestión que ha sido sancionado, si realmente se siguió el procedimiento legalmente establecido y se comprobó la existencia de la infracción, sea oportunamente sancionado. Únicamente opino que debería mostrarse la misma diligencia para TODAS LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS y no dar la apariencia de que determinadas empresas y actividades tienen patente de corso en nuestra Comunidad.

Tampoco hay que olvidar los plazos de prescripción de las infracciones, ni los plazos de caducidad de los expedientes sancionadores iniciados. En este sentido, una dilación indebida en la tramitación de los expedientes da la "ventaja" al presunto infractor de poder solicitar el archivo del expediente sancionador por el transcurso de los plazos legales sin que haya recaído resolución, lo que en la practica supone la impunidad de determinadas actuaciones por la desidia en la labor administrativa.