Mas cercano a la realidad me resulta el Articulo que, sobre el mismo problema, publica en el dia de hoy el Periodico Canarias 7. Y me parece mas cercano porque, con independencia de la valoracion que pueda tener de las personas que en el mismo intervienen, si que creo que se acerca mas a la realidad de lo que vivimos a diario en nuestros Juzgados.
De todas formas, vease como unicamente ha hecho falta la sancion del Consejo General del Poder Judicial, para que, la Judicatura, hasta ahora callada e instalada en una tranquila comodidad ajena a las sanciones, proceda de manera inmediata a denunciar las desgracias que llevamos padeciendo, siempre advirtiendo de que, como las cosas estan tan mal, puede que exista algun "error generado por la falta de medios". Cada uno se protege como puede.
Yo por mi parte voy a empezar a comentar a mis clientes que, de producirse algun error inesperado en la gestion de su expediente, que no me demande para exigirme responsabilidad civil por el mismo, que el problema reside en que no tengo los medios adecuados en mi despacho. A ver si cuela...
Sobrecarga de trabajo, falta de medios para afrontarlo e injerencias del poder político. Sobre estos tres pilares se levanta la almena desde la que jueces y secretarios judiciales españoles repelen el asedio mediático y disciplinario desatado por el caso Mari Luz, en síntesis un fallo del servicio público que permitió que un hombre que debía estar en la cárcel por orden judicial disfrutara de libertad y, supuestamente, cometiera un asesinato.
La respuesta de los poderes públicos la catástrofe –multa al juez que llevaba el caso y suspensión de empleo y sueldo por dos años a la secretaria del juzgado- ha provocado una reacción sin precedentes de jueces y secretarios, que se han puesto en pie de guerra en toda España para alegar que con los medios de los que disponen lo raro es que no hayan ocurrido más casos como éste, cuando la mayoría de los expedientes judiciales sigue circulando por los juzgados a bordo de carritos de supermercado.
«Ahora mismo no hay ninguna conexión informática entre juzgados», asegura el magistrado juez decano de las Palmas de Gran Canaria y titular del Juzgado de lo Mercantil Miguel Losada: «yo entro en el Atlante (la aplicación informática desarrollada por el Gobierno de Canarias para la administración de Justicia en el archipiélago) y sólo estoy autorizado a ver los datos de mi juzgado. ¿Qué supone esto?, pues que un Juzgado de San Bartolomé de Tirajana que está tomando declaración a un individuo no puede saber, si no se lo dice la policía, que el sujeto tiene tres pleitos en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo», explica el juez decano.
La aparente inoperatividad del sistema informático no es un mal endémico de Canarias; es prácticamente común en todas las comunidades autónomas y, de hecho, es una de las fisuras que provocó el sangrante caso de la niña Mari Luz. Un portavoz autorizado del Gobierno de Canarias matizaba ayer el problema en conversación con este periódico: «El sistema Atlante no lo diseñaron cuatro informáticos en un despacho, sino que se elaboró en comisiones, con funcionarios, jueces y secretarios que expusieron cuáles eran sus necesidades, y si ahora no hay interconexión entre órganos es porque no lo pidieron. A raíz del caso Mari Luz sí nos están exigiendo alarmas de vencimientos y conexiones entre juzgados, claro», expone la fuente. El Gobierno, según esta fuente, ya está trabajando para una nueva versión de la aplicación, Atlante 2, que en principio está dotado de todos los gadgets necesarios para que no se escape una ejecutoria ni venza una prisión preventiva. Porque hasta hace bien poco se registraban casos Mari Luz casi a diario en casi todos los juzgados de España, pero, por suerte, no pasaba nada.
Providencial ha resultado para la causa de los jueces el informe que el pasado 8 de octubre presentó la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, según el cual España ocupa el puesto trigésimo octavo, en una lista de 47 países, el número de jueces por cada 100.000 habitantes: 10,1, menos que Chipre (12,7), Portugal (17,14), Rumanía (20,7), Letonia (21,5) o Alemania (21,5) –la media en Canarias es de 10,81 jueces por cada 100.000 habitantes, según datos del Consejo General del Poder Judicial–.
El mismo informe de la UE sitúa a la Justicia española en el grupo de las mejor dotadas en medios informáticos, un status que desde los tribunales locales se aprecia con ironía: «Yo no sé si el juez Tirado es más o menos responsable de lo que pasó», expone Miguel Losada, «pero no se le puede responsabilizar a él directamente de las disfunciones que tiene el juzgado, de que en el juzgado de al lado se estuviera llevando un asunto contra el mismo individuo. Yo le aseguro que ahora puede entrar en mi juzgado un hombre que está en búsqueda y captura por orden del juzgado del piso de abajo y yo no lo sé como no me lo diga la policía o lo haya leído en el periódico. Fuerte, ¿no?» expone Losada.
Cicatería
María del Carmen Pita, portavoz de la junta de personal de la Administración de Justicia en Las Palmas, apunta que las nuevas competencias –por ejemplo, en conducción alcohólica– están colapsando a los órganos penales, «que no tienen más personal pero sí más competencias», y recuerda que la Justicia «es rentable, pues después de Hacienda es la administración que más recauda, por lo que no se entiende la cicatería presupuestaria».
La portavoz de los funcionarios, actualmente en un Juzgado de lo Penal, saluda la postura beligerante de secretarios judiciales y magistrados antes las carencias pero recuerda que el personal de la Administración de Justicia «lleva 20 años gritando en la calle que así no se puede trabajar» y admite que ante casos como el de Sevilla «todos tenemos nuestra cuota de culpa». Recuerda que cinco meses antes de que se sancionara al juez tirado «el Consejo General llevó a cabo una inspección en ese mismo Juzgado de Sevilla y no detectó nada, lo que quiere decir que el Consejo tiene tanta responsabilidad o más que el Juzgado, y el Ministerio otro tanto, por no dotar los presupuestos».
El día a día de los tribunales
«Si el juez se dedicara a revisar el trámite de todas las ejecutorias que tiene en su juzgado no podría dictar sentencias», afirma la magistrada Elena Corral, una de las más beligerantes de las islas en el litigo contra el Poder Ejecutivo ante el caso Mari Luz. Partidaria de la huelga, Corral asegura que los jueces españoles «trabajan hasta la extenuación» pero el ciudadano no lo percibe porque «lo único que le interesa es su asunto, y su asunto, con esta sobrecarga de trabajo, sale cuando se mueren los enanos».
La magistrada, titular del Juzgado de lo Penal número 5 durante la primera mitad de esta década, estuvo dos años y medio en el Juzgado de Familia y actualmente es magistrada en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial. «Cuando llegué al Juzgado de lo Penal firmaba prescripciones de ejecutorias a espuertas; el Juzgado llevaba como cinco años sin secretario y entonces no se podían nombrar secretarios en provisión temporal, uno de los funcionarios, el pobre, llevaba las ejecutorias y hacía las funciones de secretario.... el juez anterior se había llegado a encontrar en un armario todas las ejecutorias del año anterior sin incoar siquiera... ¿sabe lo que es eso? pues que podía haber varios casos Mari Luz metidos en un armario. Cada seis meses denunciaba la situación al Consejo, y a los tres años mandó un funcionario de refuerzo», relata.
FUENTE: Periodico Digital Canarias 7
