TEMAS JURIDICOS Y MÁS

PROTECCION JURIDICA FRENTE A UNA MASACRE

domingo, 25 de enero de 2009

Leo hoy en el diario Publico que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros israelí una iniciativa para dar respaldo y apoyo jurídico a los militares y altos mandos que participaron en la "incursión de Gaza" para el supuesto de que sean denunciados ante organismos penales internacionales por estos hechos.

Lo que me resulta llamativo no es el hecho de que un estado de respaldo a las actuaciones de sus militares cuando dichas actuaciones fueron ordenadas por ese mismo estado, que hasta ahí podríamos llegar, sino el hecho de que se preparen ya para acciones penales frente a dichas actuaciones, lo que dice mucho de la firmeza en la creencia de la justicia de dicho ataque. Por que, vamos a ver, en palabras llanas. si has hecho lo que has hecho guardando para ello las garantias establecidas por la normativa internacional para hacerlo, si lo que has hecho estaba justificado... a que viene este respaldo incondicional que por otro lado no has demostrado en otras incursiones tanto o mas violentas que esta??

Por otro lado, tantas dudas tienen de la justicia empleada en su barbarie que tienen que respaldar a los brazos ejecutores de la misma?? O es el propio ejercito (de importancia vital en Israel) el que esta presionando para que el ultimo responsable no sea como siempre el que aprieta el gatillo sino el que ordena que se apriete??

Tampoco dice mucho a su favor que se este pensando desde el Gobierno israelí que pueden llegarles las acciones penales, triste justificacion de un ataque en plan: si, lo hemos hecho bien, era absolutamente necesario, pero las acciones judiciales nos vas a llover por todos los lados, no se por que sera... "Israel dará todo su apoyo a cualquier persona que haya actuado en nombre del Estado o enviada por él. Los comandantes y soldados que estuvieron en Gaza deben saber que están seguros frente a estos tribunales", con esta tranquilidad y con la de la eficacia de las resoluciones de los tribunales penales internacionales hasta la fecha, solo nos quedara quizá el consuelo de una condena, otra mas.

Domingueros y rosaditos saludos

JOSE MANUEL RIVERO EN LA PROVINCIA


Aqui les dejo tambien una entrevista publicada en el dia de hoy por el Diario La Provincia, y realizada a nuestro portavoz en la que se diseccionan las actuaciones y denuncias de nuestra asociacion en estos momentos.

PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
- ¿Justicia y Sociedad es un colectivo de juristas canarios que busca exactamente qué?
- Justicia y Sociedad tiene una historia de más de veinte años, desde 1987. Los miembros fundadores fueron abogados, y procuradores, e incluso magistrados y fiscales, y a lo largo de los años se han venido incorporando personas para formar una asociación que busca dar intervención y participación a la ciudadanía en la Administración de Justicia. Dentro de los objetivos y finalidades de la asociación está ejercer la acción popular en todos aquellos aspectos donde existe un interés público y una trascendencia social por las personas que están implicadas, bien sea cargos públicos o porque el bien público se considera afectado. Así lo ha hecho y lo hará Justicia y Sociedad cuando el caso lo requiera.

- ¿Se les puede considerar a ustedes los justicieros del pueblo?
- No. Justicia y Sociedad no tiene ánimo de ser justiciero, sino de participar, a través de los cauces constitucionales, en aquellos casos que tienen trascendencia e interés para la sociedad. El objetivo es que la ciudadanía, a través de estas personaciones, se sienta implicada en la persecución de unos delitos que afectan al juego democrático y al bien público por el que todos debemos luchar. Es una forma de que la ciudadanía controle la actuación de los poderes públicos para que se comporten y administren como es debido el servicio público. Se trata de que la ciudadanía, junto con el Ministerio Fiscal, pueda perseguir este tipo de delitos.

- ¿Se vive un momento delicado en Canarias por todos los temas de corrupción que se investigan?
- Muy delicado. Desde hace más de diez años se está produciendo en Canarias un verdadero saqueo a las arcas públicas, favorecido, muchas veces, por la gestión de las diferentes administraciones a través de las resoluciones que desde el ámbito administrativo se están adoptando. Desde el 'caso Icfem' hasta el más reciente 'caso del salmón', los asuntos de corrupción se han multiplicado de una forma verdaderamente espectacular y preocupante.

- Empecemos por el 'caso Icfem'.
- Subvenciones que se otorgaron con la finalidad de crear empleo desaparecieron por arte de magia. En Canarias hay más de doscientos mil parados, los salarios están por debajo de la media a nivel estatal y las pensiones también están por debajo de la media; sin embargo, cuando se produjeron partidas de dinero procedentes de la Unión Europea destinadas a la creación de empleo, lo que ocurre es que se utilizan y se gestionan esas subvenciones sin ningún tipo de control, de tal forma que el dinero se esfuma. En el año 97 la Intervención General de la Comunidad Autónoma hablaba de 4.200 millones de pesetas (más de 25 millones de euros) sin justificar. Se otorgaron subvenciones a empresas para destinarlas al empleo, pero al final no se sabe si se destinaron o no. Y a día de hoy, más de diez años después, eso está siendo objeto de una investigación para determinar si ha habido desvío de fondos públicos.

- ¿Y Tindaya?
- En Tindaya, desde el Gobierno de Canarias se hacen contratos y adjudicaciones, a través de sociedades controladas por el propio Gobierno, donde se blindan las cláusulas para favorecer a empresas privadas. Los célebres 1.960 millones de pesetas (unos doce millones de euros) se otorgaron para gastos de estudio e implantación cuando en realidad fueron destinados a financiar derechos adquiridos por empresas privadas. Fíjese que en este caso, sin ningún tipo de contraprestación de la empresa privada y sin ningún tipo de beneficio por parte de la sociedad, se entrega el dinero público. Como vulgarmente se ha venido diciendo en este caso, sin mover una piedra. Y ese saqueo a las arcas públicas en el 'caso Tindaya' se sigue produciendo a día de hoy. En los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2009 está recogido el pago del aval de los doce millones de euros otorgados mediante un crédito a la sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT): 1.646.774 euros más otra partida de 338.880 euros. Y eso, para una empresa que no tiene empleados. Esto ocurre a día de hoy, año a año, y sin que la sociedad canaria haya recibido a cambio ningún tipo de contraprestación.

- ¿Considera 'Tebeto' otro ejemplo de saqueo a las arcas públicas?
- Por supuesto. De la misma forma que en Tindaya, es decir, sin contraprestación alguna para los ciudadanos, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha condenado al Gobierno de Canarias a indemnizar a una empresa privada en la cantidad de 92 millones de euros. Se le otorgaron concesiones a una entidad privada en un espacio que previamente había sido declarado de protección natural o protegido por los planes generales de ordenación territorial. A pesar de eso se ejecutan unas concesiones y por no poder explotarlas ahora condenan al Gobierno a indemnizar al empresario con 92 millones de euros. ¿Negligencia? ¿Mala gestión? Lo cierto es que ahora todos nosotros tenemos que pagar ese dinero.

- ¿Considera 'Las Teresitas' la madre de todos los casos de corrupción que se investigan?
- Es otro ejemplo de corrupción en el que se ha producido otro verdadero saqueo a las arcas públicas en beneficio de grandes y poderosos empresarios de Tenerife. Se ha pagado un sobreprecio de 37 millones de euros por unas parcelas que Inversiones Las Teresitas le vendió al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuando, posiblemente, esas parcelas ya fueran de titularidad pública. Y suma y sigue, porque hay nume- rosas causas penales abiertas por casos similares.

- ¿Qué opina de la política urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la época del Partido Popular?

- Bueno, eso también merece un detenimiento. Muchas de las resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han sido tumbadas también por la Justicia, aunque en la vía contencioso administrativo. Por ejemplo, lo ocurrido con Evemarina en el solar de la calle Pavía o el tema del Canódromo, pueden ser incluso susceptibles de indemnizaciones que van a vaciar por completo las arcas públicas por la mala gestión que se llevó a cabo por parte de los gobiernos municipales del Partido Popular. Y todo ello se deriva de negocios con empresas privadas en los que el resultado final va a ser un desembolso de dinero sin contraprestación alguna.

- ¿Y dónde radica el problema de tanta corrupción?
- Hay una gestión política, básicamente desde hace una década y que ahora se refleja en la coalición que forman CC y PP, que ha provocado todo este caos de corrupción. Ya sea en el ámbito regional como en el municipal, podemos apuntar directamente a estos partidos políticos como los responsables.

- Se acusa a Justicia y Sociedad de ser un brazo armado del Partido Socialista. ¿Qué tiene que decir de ello?

- En Venezuela se utiliza el término 'palangrista' para definir estas cosas. 'Palangrista' es aquel que utiliza los medios de comunicación, porque les pagan para ello, con el fin de desprestigiar, difamar, menospreciar y despreciar a todos aquellos movimientos sociales que les pueden ser problemáticos. Todos aquellos movimientos sociales como el que supone Justicia y Sociedad, que intenta transformar el estado de cosas de la sociedad, se somete al ataque de los 'palangristas' que utilizan el poder en los medios de comunicación de turno para desprestigiar ante la opinión pública. Creo que con eso se contesta la pregunta.

- ¿Cómo cree que está actuando la Justicia en los casos de corrupción que se investigan en Canarias?
- La Justicia va muy lenta, sin medios, sin llegar al fondo y quedándose a medio camino en los casos de corrupción. Y luego tenemos casos en los que el poder político intenta atraer a la Justicia para crear un ambiente de influencia favorable a sus intereses. Estamos viendo cómo hay políticos que no tienen recato en guardar las formas, y me explico: Causa verdadera preocupación que se hagan constantemente, por parte de un Gobierno de Canarias muy cuestionado, encuentros con jueces en hoteles de cinco estrellas, incluso en hoteles que han sido declarados ilegales por la Justicia. No tienen el más mínimo recato para llevar a cabo reuniones de este tipo en las que se pierden todas las formas necesarias. Y el poder judicial no debe dar lugar a ser influenciable por parte del poder político mediante este tipo de invitaciones en hoteles de lujo. Además, durante este tipo de encuentros con los jueces, destacados miembros del Gobierno de Canarias como el señor José Miguel Ruano aprovechan para anticipar archivos de causas que están en estos momentos en fase de investigación.

- ¿'Caso del salmón', del que aún no hemos hablado? Expláyese.
- Una de las cuestiones básicas que llevó a Justicia y Sociedad a personarse como acusación popular no es el asunto del mero viaje del señor Soria en el jet privado del empresario, sino un hecho que para nosotros es trascendental: la aportación por parte del denunciante, el periodista Carlos Sosa, de un contrato de asesoramiento que vinculaba al diputado regional Manuel Fernández con el grupo Anfi del Mar. Y recordemos que esta empresa se vio beneficiada por el Parlamento de Canarias en la declaración de interés general del proyecto de Anfi Tauro, que le daba autorización para construir 1.600 camas turísticas. Y el diputado Manuel Fernández a su vez pertenecía a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la que tenía que pasar el proyecto de la empresa para la que trabajaba. Esa es la prueba de la penetración descarada del grupo empresarial en la Cámara regional. Y eso es muy grave, porque se mediatiza el Parlamento a través de vincular a sus parlamentarios con contratos privados.

- ¿Y el viaje del señor Soria en el jet privado del empresario Björg Lyng?
- Se trata de que un cargo público acepta una invitación siendo presidente del Cabildo de Gran Canaria del propietario de un grupo empresarial que tiene interés en que el Cabildo informe favorablemente a una excepcionalidad de la moratoria turística que le permita construir 3.600 camas hoteleras. Eso es aceptar una dádiva o regalo de una persona que previamente ha iniciado un expediente administrativo en el Cabildo. Y luego vemos al señor Soria votando favorablemente al proyecto en el Parlamento de Canarias. El delito de cohecho que se le imputa al señor Soria no hay que mirarlo de forma aislada, sino a través de un conjunto de hechos que se van sucediendo en el tiempo y que culminan con la votación en el Parlamento del proyecto de Anfi Tauro.

- ¿Considera acreditado que Soria mintió a la magistrada instructora?
- Todo imputado tiene derecho a mentir. Y entiendo que a través de una triquiñuela con la pregunta que se le formuló, lo que hizo Soria fue tomarle el pelo a la magistrada.

- ¿Cómo encajó Justicia y Sociedad que el TSJC le pidiera tres mil euros de fianza para poder personarse como acción popular?

- Fue una exigencia no ajustada a derecho. La jurisprudencia dice que cuando el fiscal inicia un procedimiento, no cabe la exigencia de fianza a la acción popular.

ENTREVISTA A JOSE MANUEL RIVERO. JUSTICIA Y SOCIEDAD

Me hago eco en el día de hoy de una entrevista realizada a nuestro compañero de la Asociación Justicia y Sociedad, José Manuel Rivero, referente a nuestra personación en el denominado "caso salmón" y a raíz de una serie de criticas, mas o menos constructivas (yo diría que menos) surgidas en los medios de comunicacion y que traen causa de dicha personación.

Resulta curioso como ante hechos objetivamente positivos, como el que exista una asociación que se implique de forma activa en la denuncia frente a presuntos casos de corrupción, existan criticas de este tipo, centradas en politizar por el simple color político del imputado en este caso.

Ante esto solamente comentar que somos una asociación sin animo de lucro, además de no estar subvencionada por ningún Gobierno, ni "mandada" por ningún partido político, que este hecho garantiza, y queremos que siga así, por otro lado, nuestra independencia a la hora de denunciar lo que creemos debe ser denunciado y que, pese a considerarnos plurales, nuestra evidente tendencia de izquierdas no puede devenir en una equivalencia con partido político alguno. Ahí están nuestros Estatutos y ahí esta la trayectoria profesional de nuestros socios, ambas cosas garantizan a mi juicio la independencia de la que hablo.

En cualquier caso, para quien tenga dudas, aquí les dejo la entrevista.

SB-Noticias.- José Manuel Rivero, abogado y destacado miembro de la Asociación Justicia y Sociedad, responde a las críticas lanzadas desde un medio de comunicación, concretamente por Francisco Chavanel, por su personación como acción popular en el caso Salmón, acusándola además de estar “vendida” al PSOE. Afirma Rivero que se trata de una reacción que no es aislada, sino que viene produciéndose de forma reiterada durante cierto tiempo y “contra todo aquello que signifique movimientos sociales de transformación, de políticas reivindicativas de reclamaciones, sobre todo contra el gobierno de CC, contra el inmovilismo, contra la corrupción...”

Según el prestigioso abogado, “hay quien les paga para que se diga eso”. En su opinión, estas críticas obedecen a determinados intereses políticos y económicos a los que no interesa movimientos como Justicia y Sociedad, que demandan mayor participación e intervención en la sociedad para cambiar muchas cosas y transformarlas desde un punto de vista progresista.

“[..] es soldado de quien les paga para defender determinados intereses políticos y económicos, que cuando se ponen en contradicción, cuando se pone a alguno de sus miembros que están en esos conciliábulos que pagan a Chavanel, arremete de esta forma”, explica José Manuel Rivero.

Para el mismo, “parece que con todo esto quiere – comenta refiriéndose a Chavanel - que esto se termine, que se archive y que salga el señor Soria de rositas. Claro, obedece a los pactos de su amo, Juan Francisco García, y los intereses políticos y económicos de NC y del PP, que son los que han hecho este cemento y este nuevo plan de la avaricia, como él lo denominaba en su momento – señala, refiriéndose al pacto en La Caja de Canarias-”.

Recuerda además el jurista que el derecho a la acción popular es un derecho constitucional, un ejercicio que puede realizar los particulares y las asociaciones cara a promover la participación de la ciudadanía en la administración de Justicia. “Nada hay más democrático que el incentivar y promover que los ciudadanos intervengan en esta anquilosada administración de Justicia, para por supuesto luchar contra la corrupción”, sentencia.

Observa, asimismo, que la Asociación Justicia y Sociedad de una u otra forma hace 20 años que se encuentra inmersa en esta lucha, fundamentalmente contra la corrupción. “Ahí están todos los temas en los que hasta hoy hemos estado participando y promoviendo la participación a través de la acción popular, de la ciudadanía en la administración de Justicia, sobre todo [...] para que sea más sencilla su comprensión y, comprendiéndola, que se ponga la ciudadanía también en conciencia y que se organice para poder cambiar las cosas que les parecen mal dentro de la administración”, dice Rivero.

Insiste José Manuel Rivero en señalar que el fin último es que la ciudadanía tenga pleno acceso a su participación en la Administración de Justicia. Afirma, además, que el citado periodista “incurre en una gran ignorancia”, pues en contra de lo que cree, cuando un procedimiento penal se encuentra iniciado, como en el caso Salmón, y existen unas diligencias penales en tramitación, si una organización, particular o asociación quiere personarse ejercitando la acción popular, ésta no requiere fianza de ningún tipo.

“Por eso no se nos exigió fianza para personarse en el caso de Las Teresitas – aclara el abogado- Y aquí como ustedes verán, se trata de poner muros, frenos, parapetos, sobre todo cuando se agarran a los argumentos económicos, para que la ciudadanía no acceda a la acción popular para el conocimiento e investigación y el esclarecimiento de presuntos casos de corrupción”.

“No interesa, por eso se nos critica. Ladran, luego cabalgamos. Nos tienen miedo, porque si no no arremeterían de esa forma contra nosotros. Más que estar indignados, lo que me alegra que se hagan estas cosas porque la verdad, la historia y las relaciones sociales y políticas ponen a cada uno en su sitio, y se desenmascaran a sí mismo”, comenta.

Concluye el abogado afirmando que “si los cambios de la Justicia los hacemos en función de los movimientos sociales y de la movilización ciudadana, por supuesto que otro gallo cantaría. Eso es lo que pretende Justicia y Sociedad: la participación del pueblo y de la ciudadanía en la administración de Justicia, en este caso a través de la acción popular, para alcanzar cotas de libertad, justicia e igualdad, y que la Justicia sea verdaderamente democrática, al alcance de todos, y que el dinero y los medios económicos no sean obstáculo para el acceso a la misma”.

Fuente: Revista Digital San Borondon.