JOSE MANUEL RIVERO EN LA PROVINCIA

domingo, 25 de enero de 2009

Aqui les dejo tambien una entrevista publicada en el dia de hoy por el Diario La Provincia, y realizada a nuestro portavoz en la que se diseccionan las actuaciones y denuncias de nuestra asociacion en estos momentos.

PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
- ¿Justicia y Sociedad es un colectivo de juristas canarios que busca exactamente qué?
- Justicia y Sociedad tiene una historia de más de veinte años, desde 1987. Los miembros fundadores fueron abogados, y procuradores, e incluso magistrados y fiscales, y a lo largo de los años se han venido incorporando personas para formar una asociación que busca dar intervención y participación a la ciudadanía en la Administración de Justicia. Dentro de los objetivos y finalidades de la asociación está ejercer la acción popular en todos aquellos aspectos donde existe un interés público y una trascendencia social por las personas que están implicadas, bien sea cargos públicos o porque el bien público se considera afectado. Así lo ha hecho y lo hará Justicia y Sociedad cuando el caso lo requiera.

- ¿Se les puede considerar a ustedes los justicieros del pueblo?
- No. Justicia y Sociedad no tiene ánimo de ser justiciero, sino de participar, a través de los cauces constitucionales, en aquellos casos que tienen trascendencia e interés para la sociedad. El objetivo es que la ciudadanía, a través de estas personaciones, se sienta implicada en la persecución de unos delitos que afectan al juego democrático y al bien público por el que todos debemos luchar. Es una forma de que la ciudadanía controle la actuación de los poderes públicos para que se comporten y administren como es debido el servicio público. Se trata de que la ciudadanía, junto con el Ministerio Fiscal, pueda perseguir este tipo de delitos.

- ¿Se vive un momento delicado en Canarias por todos los temas de corrupción que se investigan?
- Muy delicado. Desde hace más de diez años se está produciendo en Canarias un verdadero saqueo a las arcas públicas, favorecido, muchas veces, por la gestión de las diferentes administraciones a través de las resoluciones que desde el ámbito administrativo se están adoptando. Desde el 'caso Icfem' hasta el más reciente 'caso del salmón', los asuntos de corrupción se han multiplicado de una forma verdaderamente espectacular y preocupante.

- Empecemos por el 'caso Icfem'.
- Subvenciones que se otorgaron con la finalidad de crear empleo desaparecieron por arte de magia. En Canarias hay más de doscientos mil parados, los salarios están por debajo de la media a nivel estatal y las pensiones también están por debajo de la media; sin embargo, cuando se produjeron partidas de dinero procedentes de la Unión Europea destinadas a la creación de empleo, lo que ocurre es que se utilizan y se gestionan esas subvenciones sin ningún tipo de control, de tal forma que el dinero se esfuma. En el año 97 la Intervención General de la Comunidad Autónoma hablaba de 4.200 millones de pesetas (más de 25 millones de euros) sin justificar. Se otorgaron subvenciones a empresas para destinarlas al empleo, pero al final no se sabe si se destinaron o no. Y a día de hoy, más de diez años después, eso está siendo objeto de una investigación para determinar si ha habido desvío de fondos públicos.

- ¿Y Tindaya?
- En Tindaya, desde el Gobierno de Canarias se hacen contratos y adjudicaciones, a través de sociedades controladas por el propio Gobierno, donde se blindan las cláusulas para favorecer a empresas privadas. Los célebres 1.960 millones de pesetas (unos doce millones de euros) se otorgaron para gastos de estudio e implantación cuando en realidad fueron destinados a financiar derechos adquiridos por empresas privadas. Fíjese que en este caso, sin ningún tipo de contraprestación de la empresa privada y sin ningún tipo de beneficio por parte de la sociedad, se entrega el dinero público. Como vulgarmente se ha venido diciendo en este caso, sin mover una piedra. Y ese saqueo a las arcas públicas en el 'caso Tindaya' se sigue produciendo a día de hoy. En los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2009 está recogido el pago del aval de los doce millones de euros otorgados mediante un crédito a la sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT): 1.646.774 euros más otra partida de 338.880 euros. Y eso, para una empresa que no tiene empleados. Esto ocurre a día de hoy, año a año, y sin que la sociedad canaria haya recibido a cambio ningún tipo de contraprestación.

- ¿Considera 'Tebeto' otro ejemplo de saqueo a las arcas públicas?
- Por supuesto. De la misma forma que en Tindaya, es decir, sin contraprestación alguna para los ciudadanos, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha condenado al Gobierno de Canarias a indemnizar a una empresa privada en la cantidad de 92 millones de euros. Se le otorgaron concesiones a una entidad privada en un espacio que previamente había sido declarado de protección natural o protegido por los planes generales de ordenación territorial. A pesar de eso se ejecutan unas concesiones y por no poder explotarlas ahora condenan al Gobierno a indemnizar al empresario con 92 millones de euros. ¿Negligencia? ¿Mala gestión? Lo cierto es que ahora todos nosotros tenemos que pagar ese dinero.

- ¿Considera 'Las Teresitas' la madre de todos los casos de corrupción que se investigan?
- Es otro ejemplo de corrupción en el que se ha producido otro verdadero saqueo a las arcas públicas en beneficio de grandes y poderosos empresarios de Tenerife. Se ha pagado un sobreprecio de 37 millones de euros por unas parcelas que Inversiones Las Teresitas le vendió al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuando, posiblemente, esas parcelas ya fueran de titularidad pública. Y suma y sigue, porque hay nume- rosas causas penales abiertas por casos similares.

- ¿Qué opina de la política urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la época del Partido Popular?
- Bueno, eso también merece un detenimiento. Muchas de las resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han sido tumbadas también por la Justicia, aunque en la vía contencioso administrativo. Por ejemplo, lo ocurrido con Evemarina en el solar de la calle Pavía o el tema del Canódromo, pueden ser incluso susceptibles de indemnizaciones que van a vaciar por completo las arcas públicas por la mala gestión que se llevó a cabo por parte de los gobiernos municipales del Partido Popular. Y todo ello se deriva de negocios con empresas privadas en los que el resultado final va a ser un desembolso de dinero sin contraprestación alguna.

- ¿Y dónde radica el problema de tanta corrupción?
- Hay una gestión política, básicamente desde hace una década y que ahora se refleja en la coalición que forman CC y PP, que ha provocado todo este caos de corrupción. Ya sea en el ámbito regional como en el municipal, podemos apuntar directamente a estos partidos políticos como los responsables.

- Se acusa a Justicia y Sociedad de ser un brazo armado del Partido Socialista. ¿Qué tiene que decir de ello?
- En Venezuela se utiliza el término 'palangrista' para definir estas cosas. 'Palangrista' es aquel que utiliza los medios de comunicación, porque les pagan para ello, con el fin de desprestigiar, difamar, menospreciar y despreciar a todos aquellos movimientos sociales que les pueden ser problemáticos. Todos aquellos movimientos sociales como el que supone Justicia y Sociedad, que intenta transformar el estado de cosas de la sociedad, se somete al ataque de los 'palangristas' que utilizan el poder en los medios de comunicación de turno para desprestigiar ante la opinión pública. Creo que con eso se contesta la pregunta.

- ¿Cómo cree que está actuando la Justicia en los casos de corrupción que se investigan en Canarias?
- La Justicia va muy lenta, sin medios, sin llegar al fondo y quedándose a medio camino en los casos de corrupción. Y luego tenemos casos en los que el poder político intenta atraer a la Justicia para crear un ambiente de influencia favorable a sus intereses. Estamos viendo cómo hay políticos que no tienen recato en guardar las formas, y me explico: Causa verdadera preocupación que se hagan constantemente, por parte de un Gobierno de Canarias muy cuestionado, encuentros con jueces en hoteles de cinco estrellas, incluso en hoteles que han sido declarados ilegales por la Justicia. No tienen el más mínimo recato para llevar a cabo reuniones de este tipo en las que se pierden todas las formas necesarias. Y el poder judicial no debe dar lugar a ser influenciable por parte del poder político mediante este tipo de invitaciones en hoteles de lujo. Además, durante este tipo de encuentros con los jueces, destacados miembros del Gobierno de Canarias como el señor José Miguel Ruano aprovechan para anticipar archivos de causas que están en estos momentos en fase de investigación.

- ¿'Caso del salmón', del que aún no hemos hablado? Expláyese.
- Una de las cuestiones básicas que llevó a Justicia y Sociedad a personarse como acusación popular no es el asunto del mero viaje del señor Soria en el jet privado del empresario, sino un hecho que para nosotros es trascendental: la aportación por parte del denunciante, el periodista Carlos Sosa, de un contrato de asesoramiento que vinculaba al diputado regional Manuel Fernández con el grupo Anfi del Mar. Y recordemos que esta empresa se vio beneficiada por el Parlamento de Canarias en la declaración de interés general del proyecto de Anfi Tauro, que le daba autorización para construir 1.600 camas turísticas. Y el diputado Manuel Fernández a su vez pertenecía a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la que tenía que pasar el proyecto de la empresa para la que trabajaba. Esa es la prueba de la penetración descarada del grupo empresarial en la Cámara regional. Y eso es muy grave, porque se mediatiza el Parlamento a través de vincular a sus parlamentarios con contratos privados.

- ¿Y el viaje del señor Soria en el jet privado del empresario Björg Lyng?
- Se trata de que un cargo público acepta una invitación siendo presidente del Cabildo de Gran Canaria del propietario de un grupo empresarial que tiene interés en que el Cabildo informe favorablemente a una excepcionalidad de la moratoria turística que le permita construir 3.600 camas hoteleras. Eso es aceptar una dádiva o regalo de una persona que previamente ha iniciado un expediente administrativo en el Cabildo. Y luego vemos al señor Soria votando favorablemente al proyecto en el Parlamento de Canarias. El delito de cohecho que se le imputa al señor Soria no hay que mirarlo de forma aislada, sino a través de un conjunto de hechos que se van sucediendo en el tiempo y que culminan con la votación en el Parlamento del proyecto de Anfi Tauro.

- ¿Considera acreditado que Soria mintió a la magistrada instructora?
- Todo imputado tiene derecho a mentir. Y entiendo que a través de una triquiñuela con la pregunta que se le formuló, lo que hizo Soria fue tomarle el pelo a la magistrada.

- ¿Cómo encajó Justicia y Sociedad que el TSJC le pidiera tres mil euros de fianza para poder personarse como acción popular?
- Fue una exigencia no ajustada a derecho. La jurisprudencia dice que cuando el fiscal inicia un procedimiento, no cabe la exigencia de fianza a la acción popular.