TEMAS JURIDICOS Y MÁS

CONSULTA POPULAR EN LA APROBACION DE PLANES DE ORDENACION MUNICIPALES

sábado, 25 de octubre de 2008

La Asociación Española de Abogados Urbanistas se ha pronunciado a favor de la consulta popular a los ciudadanos respecto a la Aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana que se vayan a aprobar en los respectivos Municipios.

Según ha manifestado su presidente, José María Gutierrez, tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, la Asociación muestra su conformidad con el criterio seguido por el Supremo que ha declarado nulo el acuerdo del Consejo de de Ministros de fecha 1 de septiembre del 2006 por el que se le denegó al Ayuntamiento de Almuñecar (Granada) la autorización para la celebración de una consulta popular sobre la aprobación inicial del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) del Municipio.

El Supremo contrario a la anterior prohibición, en sentencia de 23 de septiembre del 2008, ha reconocido al Ayuntamiento el derecho a convocar ese referéndum.

La Sentencia da conformidad a la normativa Urbanística, ya que en materia de Planeamiento como es el caso de un PGOU, sobre su formulación y aprobación inicial, es el Ayuntamiento, el que tiene atribuida la competencia.


Igualmente el Supremo apela a la doctrina del Tribunal Constitucional por lo que la interpretación que realiza éste respecto al art. 71 de la Ley de las Haciendas Locales es acertada. La Planificación urbanística, reiteramos es competencia de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas se limitan al control de la legalidad y a las decisiones en el ámbito supramunicipal.


La Asociación, según ha manifestado su Presidente, es partidaria de que los ciudadanos decidan sobre cuál es el modelo de ciudad en la desean vivir, y por tanto hay que contar con éstos.

“Desde la Asociación Española de Abogados Urbanistas, explica Gutierrez, entendemos que este será el futuro, que los Planeamientos Urbanísticos tendrán que ser consultados por los ciudadanos antes de ser aprobados y la sentencia de 23 de septiembre del 2008, no será la única, sino que habrá otras en el mismo sentido, pronunciándose a favor de la consulta popular”.

FUENTE: Diario Expansión Jurídico

Y UN POCO MÁS...

domingo, 19 de octubre de 2008

Sobran las palabras. Pero si creo que es necesario recordar que el proceso que se inicia esta semana no estña basado en la confrontación, sino en la intención de dar a cada uno, sobre todo a los perdedores, el lugar que durante tantos años les fué negado.

UNA DE MEMORIA HISTORICA

Pues si, en un interesante Auto que desglosare adecuadamente cuando haya tenido tiempo de leerlo entero con calma (68 páginas, no diré más), el Juez Baltasar Garzón inicia lo que será, si le dejan, el proceso más importante de los últimos 40 años en España (diría de los 90 últimos, que en la dictadura sabemos todos los procesos judiciales como eran). Tenemos que felicitarnos, opino.

Y YA, PARA TERMINAR EL DÍA DE HOY....

domingo, 12 de octubre de 2008

Pues si!! Gobierno, crisis, empresarios y trabajadores. es curioso como cambian los criterios...
A disfrutar del domingo, si pueden.

Y UN POCO MÁS DE CRISIS

Y para que se aprecie aún más la inconsistencia de mis tesis anteriores anti-publicacion-de-nada-relacionado-con-la-crisis, pues aquí va otra viñeta que además se mete en política!! ya no puedo estar más lejos de mis criterios iniciales.

CRISIS Y MÁS CRISIS


Pues si señor!! me había negado rotundamente a colgar en este blog noticias que estuviesen relacionadas con la crisis económica, pero ya ven, como estoy apreciando que soy pelín inconsistente y como hoy es domingo, pongo algo, pero con sentido del humor, que hace tiempo que lo tengo abandonado (el sentido del humor quiero decir)

COSTAS Y OBRAS

En mi recorrido dominguero por la prensa, encuentro lo que a mi juicio es un muy buen articulo en relacion a la publicidad que, incluso a nivel nacional, se ha dado al proceso y porterior derribo de una serie de viviendas en la costa de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Estas construcciones ocupaban espacio de dominio público marítimo terrestre, y estaban incluidas en el deslinde que el Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la Direccion General de Costas, habia realizado en Canarias. Las construcciones ocupaban el dominio público y tenían que ser demolidas, según dicho organismo (desconocemos por qué ahora, y por qué de esta manera).

Realmente, y siempre decimos lo mismo, no se puede hablar con propiedad de asuntos juridicos sin tener delante en su integridad los expedientes correspondientes, pero a mi juicio, el que el compañero Jose Ventura represente los intereses de los propietarios de las viviendas demolidas da a su portura (a la de los propietarios) un plus de legitimidad que me permite en este momento manifestarme como lo hago.

Resulta por otro lado, legendaria la impresion, forjada a traves de años de soportar determinadas cosas en materia de urbanismo en nuestras islas, de la impunidad de las grandes empresas aqui ubicadas para la construccion indiscriminada, dentro o fuera de zonas de dominio publico, y sobre todo en sectores de valor ecologico especialmente protegidos (hablamos en en su mayoría de hoteles y complejos turísticos) mientras lo que vemos a diario en nuestras noticias regionales es la demolición de viviendas de particulares de clase media - baja.

Por otro lado, es actualidad jurídica las piruetas que intentan, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Lanzarote para poder "legalizar" una serie de hoteles construidos con licencias declaradas judicialmente como ilegales, o como el Gobierno de Canarias, sin ponerse colorado, declara de interes publico y utilidad social las instalaciones de una empresa privada, construida sin contar con licencia de obra mayor y ocupando para ello suelo rústico de protección y sin previa calificación territorial del Cabildo de Gran Canaria. Ante esto que cada uno opine lo que quiera, pero lo que se ve cada día no refuerza en lo absoluto la proclamada igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos que preconiza nuestra Constitución.

Ayer mismo leía una Sentencia de nuestro Tribunal Supremo, en la que se trataba la construccion de un complejo turístico en el espacio de especial proteccion que rodea las Dunas de Maspalomas. Pues bien, el debate no giraba en torno a la lesión que de este espacio supondría el establecimiento de una instalación hotelera, nada más lejos, ya se habían encargado de modificar planeamiento y señalar correcciones para que se pudiese pisotear este espacio natural. De lo que trataba era de que, aun cuando la normativa urbanística había sido "retocada" para permitir la construcción mencionada, la promotora de la iniciativa ni siquiera quería tomarse la molestia de cumplir con esos requisitos. Lo que hablaba de la legendaria impunidad urbanistica: si antes me lo dejabas hacer por las buenas, por qué ahora tengo que cumplir con requisitos.

Pues bien, este es solo un boton de muestra de lo que padecemos en estas islas en materia urbanística, y por eso resulta tan escandalosa la actuación de ios poderes públicos en este caso.

Sin más introduccion, ahí les pongo el artículo, y por favor, cuidado donde construyen.

DANIEL MILLET Los vecinos apelan a la misma justicia que ha decidido el derribo de sus casas por contravenirla. Varios colectivos de cariz ecologista que claman por la aplicación estricta de la ley contra la corrupción, los desenfrenos del cemento y los proyectos que amenazan el medio ambiente solicitan ahora amparo para un poblado que infringe esas mismas normativas. Los partidos y las administraciones que no movieron un dedo gritan ahora contra el "enésimo atropello de Madrid". Siempre quedará Madrid.

En estas arenas movedizas han preferido no enfangarse muchas organizaciones públicas y privadas, que han seguido eso sí con estupor, como todo el mundo, cómo las histéricas imágenes de los desalojos copaban la atención mediática nacional. En Ben Magec-Ecologistas en Acción, por citar un ejemplo, se ha discutido mucho sobre la postura oficial. Una fuente de este colectivo explica lo que tantos otros en la intimidad: "Por un lado estamos indignados con cómo se ha tratado a esa gente humilde y con el agravio que supone este caso, pero al mismo tiempo está la obligatoriedad de que todos cumplamos con la ley. Al fin y al cabo, ese terreno se va a ganar al uso público". "Ante semejante dilema, hemos preferido no manifestarnos", matiza. Este activista cree que al fin y al cabo si se empezaran a hacer excepciones, y más cuando como en este caso se trata mayoritariamente de segundas residencias, se correría el riesgo de volver al status quo anterior que tanto daño hizo a la biodiversidad y el paisaje isleños.

En una cosa sí hay plena coincidencia: las formas no han sido las adecuadas. El despliegue desmesurado de los cuerpos de seguridad del Estado (incluido un helicóptero), el hecho de haber iniciado los derribos cuando todavía no habían encontrado solución las siete familias (de 31 en total) que pudieron demostrar que sus casas eran su único techo, las dificultades debido a los controles policiales para acceder a esas casetas que permanecerán en pie por ahora... El resultado es un lugar por el que parece haber pasado un huracán. "Es vergonzoso. No se nos trata como a humanos. Nos sentimos en estado de sitio", dice la voz de Cho Vito, el ya popular Tomás González, en su caseta.

En el Ministerio de Medio Ambiente, del que partió la iniciativa de demoler este poblado que ocupa "flagrantemente" el dominio público en el marco de un proyecto que afecta a todo el litoral español, sus responsables prefieren no pronunciarse ahora que la tensión sigue latente. Pero, un portavoz precisa que los derroteros que tomó este expediente y la actitud de los vecinos "nos llevaron simplemente a hacer cumplir la ley". Quiso dejar claro que el proceso se hacía eterno -"todo viene de 15 años atrás"- , que los afectados eran conscientes de que las casas eran ilegales y que siempre tuvieron acceso a toda la información. "Los cuerpos de seguridad actuaron por un mandato judicial, para preservar la seguridad y porque entendieron que la situación lo requería. Los afectados habían amenazado hasta con el suicidio colectivo. Se preveía mayor oposición".

Los chovitenses, sin embargo, recuerdan que su pulso ha sido pacífico, que en los momentos de máxima tensión -sobre todo durante la irrupción el martes de las palas- se han escapado algunos insultos, pero que la situación nunca fue a mayores y los guardias civiles respondieron con corrección dentro de las circunstancias. "Ellos no tienen la culpa. La culpa es de los que mandan", dice José Antonio Luis García en pleno Cho Vito, quien esperaba "más apoyo del pueblo".

Una sucesión de errores y desidias acumulados durante más de 30 años, empezando por los diferentes grupos de gobierno del Ayuntamiento y pasando por los propios habitantes, ha condenado a Cho Vito, un núcleo que nació a mitad de siglo pasado con varias cuevas de pescadores. Ladrillo a ladrillo, de las cuevas se fue pasando a las viviendas, que se fueron arremolinando a partir de los setenta en una cala encajonada en la parte oriental de la costa de Candelaria. El actual grupo de gobierno municipal intentó hasta el último momento promover las figuras de protección contempladas para los lugares de valor etnográfico. Es curioso observar cómo altos cargos de CC y hasta PP han lanzando duras críticas al Estado y al Ayuntamiento socialistas por esta actuación, cuando precisamente el primer convenio que recogió las demoliciones lo acordó en 1998 el nacionalista Antonio Castro Cordobés con el gobierno de Aznar. O es curioso recordar que los intentos de proteger Cho Vito fueron rechazados por la Cotmac (dependiente del Gobierno de Canarias, gobernado por CC y PP), aparte de por los jueces, mientras el Cabildo de Tenerife y otros organismos se lavaron las manos sobre un núcleo que no es precisamente un alarde arquitectónico.

DERECHOS. Los vecinos afectados admiten que las casas eran irregulares, pero censuran la vulneración de derechos fundamentales, que se pudo haber hecho algo para evitar los derribos y, sobre todo, los agravios comparativos. Uno de los abogados que apoya a los vecinos, José Pérez Ventura, resume un sentir muy extendido en este enclave construido sobre los callados: "Esto no se atreven a hacerlo con los chalets de los ricos ni con los hoteles de los poderosos. Y siempre la terminan pagando los mismos".

Pero, ¿hasta dónde llega el agravio? ¿Es Cho Vito, como se ha dado a entender, el único enclave ilegal cuyas casas han sido derribadas? En octubre de 2006 se iniciaba en la costa de El Sauzal la demolición de 418 casetas similares a las de Candelaria que contravenían las normativas por diferentes razones (258 estaban en servidumbre de protección, 115 en servidumbre de tránsito y 45 en dominio público marítimo-terrestre). Era otro de los expedientes abiertos por la Dirección de Costas. Pero no hubo movilización, las imágenes no dieron la vuelta a España, no hubo despliegue policial ni, a diferencia de Cho Vito, una emisora -San Borondón- dedicó hasta 30 horas ininterrumpidas de radiorebeldía. Tampoco despertaron semejante reacción las casitas derribadas de Fuencaliente (La Palma), o las de El Confital (Granadilla, Tenerife) o tantas otras edificaciones que han ido cayendo en el anonimato víctimas de la inapelable fuerza de las palas.... y de la Ley.

Sólo la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias, con ocho años de existencia, ha ordenado la demolición de más de 150 edificaciones que iban contra las directrices urbanísticas, aparte de los más de 100 expedientes en trámite. Y el Estado ahora, en un ambicioso y costosísimo plan nacional para restituir el uso público del litoral español intoxicado por los ladrillos y la arbitrariedad, prevé la retirada de unas 1.500 viviendas irregulares e instalaciones (incluidos hoteles), la mayoría para veraneo, por todo el Archipiélago. O habría que recordar que ésta no es la primera vez que se derriba una edificación en Cho Vito: en 1985 una sentencia desencadenó la destrucción de una casa de tres pisos. Antes de Cho Vito, ha habido más de mil demoliciones.

LEGALIDAD. Ésta ha sido la respuesta de las administraciones a las reiteradas demandas de una inmensa mayoría de ciudadanos que han escogido permanecer en la legalidad urbanística. Porque entre ellos y Cho Vito también hay en el fondo un agravio. Pero, también, fue una consecuencia de la anarquía y los atropellos del pasado. Basta con recordar que hasta 1996, fabricar una vivienda en suelo no urbanizable era considerado sólo una falta. Incluso, ya con la puesta en marcha de los complejos e intrincados paquetes normativos para proteger un suelo castigada, escaso y frágil, Canarias sigue siendo una de las comunidades más incumplidoras con su territorio. ¿Cómo se lograría el equilibrio si se hiciera una amnistía tras otra atendiendo a razones sentimentales?

Más preguntas. ¿En verdad la justicia sólo ha actuado contra los pobres, como clama Cho Vito, y nunca contra los ricos? Pues tampoco ha sido así del todo. Desde aquella demolición ejemplarizante en 1989 del hotel Dunas, en Gran Canaria, pasando por la del chalet del ex viceconsejero de Economía del Gobierno canario, Manuel Barreto (estaba en pleno parque natural de Bandama, también en Gran Canaria), en 1992, la hemeroteca recoge multitud de casos de edificaciones de clase alta que no recibieron un trato de favor. Es curioso ver que la primera casa demolida por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural fue una mansión en el Julán (El Hierro) que pertenecía a un millonario suizo cuyo coste rondaba los 1,2 millones de euros. O ahí están los expedientes de demolición que afectan a dos hoteles de cuatro estrellas de Lanzarote (Papagayo Arenas y Gran Castillo). O incluso las numerosas investigaciones judiciales que afectan a políticos de la altura de Miguel Zerolo (alcalde de Santa Cruz de Tenerife) o José Manuel Soria (vicepresidente del Gobierno de Canarias) relacionadas con el urbanismo.

La abogada Dolores Pellicer recordaba esta semana en una tertulia que "los vecinos de Cho Vito nunca tendrán suficiente dinero para apelar al Tribunal Supremo". Las propias leyes recogen ventajas veladas y no tan veladas para las grandes empresas (como el derecho del lucro cesante, que garantiza indemnizaciones a los infractores) y las personas que se puedan pagar un buen equipo de abogados. Por eso, y porque algunos de esos empresarios tienen hilo directo con el poder, hay tantos atentados en pie, tantos expedientes en suspenso y tanta diferencia en la aplicación de la legalidad. Es una situación que no sólo afecta al urbanismo, sino a todas las facetas de la justicia. Pero ese sería otro debate que oculta la pasión y el voluntarismo de Cho Vito.

FUENTE: Diario La Provincia

EL TC RECHAZA EL RECURSO CONTRA EL REGISTRO DE ENFERMOS DE VIH

miércoles, 8 de octubre de 2008

El enfrentamiento legal entre ONG y el Ministerio de Sanidad ha llegado a su fin, y España tendrá un registro de personas infectadas por el VIH. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso por el que algunas asociaciones intentaban parar el proyecto del Plan Nacional sobre el Sida de crear un fichero en el que consten los nuevos diagnósticos de personas infectadas. Con el llamado SINIVIH (Sistema de Información sobre Nuevas Infecciones por el VIH) las autoridades quieren tener un panorama más exacto de la situación real de la epidemia en el país. En la UE, sólo Italia está en una situación parecida a la española.

Hasta ahora, los datos oficiales -como los que ha dado hoy en Córdoba el presidente de la Española Interdisciplinaria del Sida (Seisida), Daniel Zulaika- eran estimaciones obtenidas a partir de ocho comunidades que representan un tercio de la población española. Pero el objetivo de tener un registro de las personas que viven con el VIH, y no sólo el de las personas a las que se les había diagnosticado sida (el síndrome aparece años después de la infección) se había visto frenado por la disputa entre las organizaciones y el Gobierno. La causa es que el proyecto estatal no garantizaba, en opinión de las ONG y de los tribunales en primera instancia, el anonimato de las personas (usa una combinación de iniciales y lugar de nacimiento para identificar los casos que, en sitios pequeños, no basta para asegurar que los infectados no son identificados). La derrota de las ONG ya estaba asumida por las mayores confederaciones del país, como Cesida o Red2002, que sólo piden que se revise la cuestión del anonimato.

El objetivo de Sanidad es poder ajustar las campañas de prevención y la planificación del tratamiento al máximo. Se podrá así saber si hay que centrarse en población inmigrante, en hombres que tienen sexo con hombres o si hay otros grupos que empiecen a abandonar la prevención. Aunque ni siquiera el registro será suficiente para ello. Según los datos del Plan Nacional sobre el Sida, hasta un 40% de las personas que reciben el diagnóstico de que tienen la enfermedad no sabían previamente que estaban infectadas por el virus que la causa. Ello les impide recibir tratamiento antes, que es cuando resulta más efectivo, y también que tomen precauciones para evitar difundir una enfermedad que ya se ha convertido, según los expertos, en una de transmisión sexual.

FUENTE: Diario El País.

El comentario sobre esta noticia vendrá mañana sin falta...ahora estoy demasiado indignada como para extenderme, y puede que si me extiendo vaya a "soltar por la boquita" cosas que me hagan merecedora de la inmediata expulsion de la porfesión.

Intentaré dormir que a estas horas el psicoanalista no me atiende ni por una urgencia.

Besos rosaditos a todos.

GARRIGUES PONE EN FUNCIONAMIENTO SU "PLAN DE IGUALDAD"

Pues sí señores míos, la presunta igualdad llega tarde pero llega (digo presunta y ahora añado, en teoría) Nosotros, Letrados, acostumbrados como estamos a la utilización de las normas de nuestro Ordenamiento Juridico, que de eso trabajamos, que deberíamos conocer las bases fundamentales de nuestro Estado de Derecho y los principios y Derechos Constitucionales, nosotros digo, que debemos recordar cuán fundamental resulta el Principio basico de Igualdad reconocido en nuestra Carta Magna, nosotros, señores, somos los que aprobamos "Planes de Igualdad" en lugar de llevar a cabo una igualdad efectiva. Creo que me vuelvo al psicoanalista.

Garrigues pone en vigor su Plan de Igualdad

El Plan de Igualdad de Garrigues supone la consolidación de las políticas de conciliación introducidas por la Firma en los últimos años.Garrigues cuenta desde el 1 de septiembre con un Plan de Igualdad cuyo objetivo es lograr que el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres sea una realidad, así como garantizar de forma eficaz que no se produzca ninguna discriminación directa o indirecta por razón de sexo. El Plan de Igualdad del despacho de abogados Garrigues es el primero que se presenta oficialmente en el sector de servicios jurídicos en España y supone una incuestionable consolidación de las políticas de conciliación introducidas por la Firma en los últimos años.

El Plan pretende promover medidas de conciliación de la vida laboral y familiar de todos los abogados y personal que favorezcan la corresponsabilidad y el compromiso con el despacho, la retención del talento, el aprovechamiento de la experiencia adquirida y premien el esfuerzo y dedicación en el marco de una eficaz y moderna gestión del tiempo; todo ello, sin perder de vista las exigencias que emanan de la actividad del asesoramiento jurídico y del modelo de despacho.

“Consideramos que las medidas de conciliación aprobadas son, por sus propias características, eficaces instrumentos para favorecer una política efectiva de igualdad entre los integrantes del Despacho”, destaca Lourdes Ramos, directora de Recursos Humanos de Garrigues. “Creemos que el Plan nos ayudará a fomentar una cultura de formación, información y sensibilización respecto de los principios y políticas en materia de igualdad”.

El Plan se ha aprobado como un ‘texto abierto’, que podrá ser mejorado con las sugerencias y demás aportaciones de quienes trabajan en la Firma, que ya disponen para ello de los cauces y canales adecuados. También se ha creado una comisión permanente que se encargará de velar por el respeto y cumplimiento de las medidas recogidas en el documento.

‘Plan Primer Año’
Junto a las políticas que ya están vigentes en el despacho, el Plan de Igualdad de Garrigues recoge otras novedades, como el fomento del teletrabajo como forma eficaz de conciliar la vida laboral con la personal de sus empleados. Dentro de este apartado, se ha establecido que durante el primer año de maternidad o paternidad, el personal de Garrigues podrá solicitar la combinación de su tiempo presencial en su puesto del trabajo con las tareas desarrolladas desde su domicilio, con un sistema flexible de trabajo.

Otra novedad es la creación de un protocolo de actuación en caso de acoso. Su objetivo es ofrecer una herramienta útil, preventiva y correctiva, basada en los principios de confidencialidad, rapidez, transparencia, objetividad, imparcialidad y respeto a la intimidad y dignidad de todo el personal de Garrigues.

La entrada en vigor del Plan consolida, además, el compromiso que ha adquirido Garrigues con la responsabilidad social corporativa como principio rector del Despacho. Junto a la Memoria anual de Responsabilidad Social Empresarial, que Garrigues viene elaborando desde hace dos años, el Plan representa una clara apuesta de Garrigues por las personas, la búsqueda de la excelencia y la gestión de calidad.

FUENTE: Blog Memoria Masonica

COMUNICADO SOBRE INVESTIGACION DE LA AUDIENCIA NACIONAL POR LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO

Como podran comprobar, las últimas entradas que he publicado en este blog se basan en noticias estractadas y copiadas de otros medios (previa, evidentemente, mención expresa al autor de las mismas). Pero considero necesaria la ampliación de las iniciales espectativas con que empecé este blog a temas que puedan generarnos el necesario debate, siempre tratando (basicamente porque me gusta) temas jurídicos de interés.

Les adjunto el informe realizado por el Equipo NIZKOR en relación a la investigación que se lleva a cabo por el Juez Baltasar Garzón previa denuncia de asociaciones por la Memoria, españolas. La noticia en sí, en su contexto original, la pueden encontrar aqui mismo o en la pagina web del Equipo, que aparece en la barra lateral.

Comunicado del Equipo Nizkor acerca de la investigación que lleva adelante la Audiencia Nacional sobre las víctimas del franquismo.

Esp - Comunicado del Equipo Nizkor acerca de la investigación que lleva adelante la Audiencia Nacional sobre las víctimas del franquismo. (Equipo Nizkor). Radio Nizkor, 30sep08.

El Equipo Nizkor, ante las numerosas consultas recibidas de organizaciones de víctimas del franquismo, así como de otras organizaciones de derechos humanos, en relación con la situación procesal de las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional y que fueron adjudicadas al Juzgado Central de Instrucción Núm. 5, cuyo titular es el Juez Baltasar Garzón, ha considerado necesario hacer algunas precisiones sobre el particular.
- La denuncia inicial se presentó ante la Audiencia Nacional mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2006 y, como consecuencia, se abrieron las "Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 399/2006". Dicha denuncia fue presentada por Maria Antònia Oliver París y Margalida Capellà i Roig, como representantes legales de la Associació per a la Recuperació de la Memoria Històrica de Mallorca.

- El 29 de enero de 2008 la Fiscalía de la Audiencia Nacional, siguiendo instrucciones verbales del Fiscal General del Estado, emitió su dictamen sobre admisibilidad, en el cual concluye que "no procede admitir a trámite las denuncias presentadas, ex art. 313 Lecrim, al no ser competente el Juzgado Central de Instrucción, debiendo procederse al archivo"...

- [E]l Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 notificó e hizo públicas sendas providencias de 02 de septiembre y 25 de septiembre de 2008, donde... ordenó una serie de diligencias que podemos llamar “documentales” para, presuntamente, encontrar elementos que permitan resolver su competencia o no en el procedimiento. En ninguna de la dos providencias el Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 fundamenta, ni siquiera provisionalmente, la cuestión de fondo de la competencia, es decir, el sustento jurídico para decidir el archivo de las denuncias o la competencia.

Teniendo en cuenta que los jueces sólo hablan por sus escritos, hasta la fecha, el titular del Juzgado de Instrucción Núm. 5 ha mantenido un silencio absoluto sobre las cuestiones de fondo.

Como consecuencia, y al no ser parte en el procedimiento, consideramos que no existen elementos suficientes que permitan hacer una valoración de la actuación del titular del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5

- Dadas la repercusión y expectativas que necesariamente comporta la actuación del titular del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 entre las asociaciones de víctimas y entre las víctimas del franquismo, creemos que es necesario hacer una llamamiento para que se respete en forma estricta el debido proceso y se proceda conforme a los estándares previstos para toda investigación penal... Recordamos que la base documental reviste una importancia primordial de cara a las pruebas del tipo penal de “crímenes contra la humanidad” y que existen normas procesales y de validación y certificación de pruebas documentales que no pueden ser obviadas en ningún caso si lo que se pretende es que éstas gocen de un valor indubitable en cuanto pruebas procesalmente válidas y puedan soportar el principio de contradicción procesal...

Por lo tanto, sugerimos que estos extremos sean tenidos en cuenta a la hora de realizar estas diligencias procesales excepcionales hoy en curso...

Esperamos por tanto que el juez titular del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5, resuelva definitivamente la cuestión de la competencia en el caso y fundamente esa resolución en forma concordante con el derecho internacional y con la jurisprudencia europea e internacional que afectan a la denominada “cuestión de fondo”, partiendo del supuesto de que se han de aplicar las normas del debido proceso y que en ningún caso, desde un Juzgado de Instrucción, se pueden aplicar fórmulas propias de la denominada “justicia transicional”, que están alejadas del derecho a la justicia que ha de garantizarse a todas las víctimas.

ABOGADOS Y PESIMISMO

Pues si señores, resulta que los abogados somos pesimistas. Les copio el articulo estractado del enlace señalado en la parte inferior del post que me ha resultado cuanto menos, curioso. Cuando tenga una opinion, prometo escribir. Ahora tengo cita con el psicoanalista.


Los abogados constituyen un colectivo singular que ha merecido la atención de los psicólogos por su déficit en calidad de vida profesional, relacionado al parecer con su obligado pesimismo. El autor analiza esta realidad y nos propone algunas estrategias para mejorar el aspecto psicológico en el ejercicio de nuestra actividad.

Fue leyendo hace años a los impulsores del Positive Psychology Movement cuando me detuve a reflexionar sobre lo que me parecieron claves cardinales de la satisfacción profesional; me refiero a la autotelia -dedicación a la tarea por ella misma, y no tanto por sus resultados empresariales- y al optimismo. Somos sin duda más felices pudiendo ser optimistas con fundamento y atendiendo tanto o más a lo positivo que a lo negativo, y disfrutamos más de la tarea si le encontramos significado en sí misma. Hay tareas típicamente autotélicas (el diseño o la docencia, por ejemplo) y otras más exotélicas (la gestión logística o las rutinas, entre otras muchas), pero también depende todo de nosotros mismos, a veces en buena medida; y hay, desde luego y por otra parte, personas más optimistas y felices y otras de marcado perfil pesimista (que suelen, por cierto, ser vistas con reparo o cautela en las empresas).

He tenido, y paso ya a referirme al colectivo objeto de estas reflexiones, relación directa o indirecta con diferentes abogados y me parece un mundo algo más frío que otros, sin perjuicio de la cordialidad en las formas; también me parece que al hablar con ellos tienen, en general, el pensamiento en la mecánica judicial, a la vez que se comentan los hechos del caso correspondiente. Así debe obviamente ser, sin duda, pero lo cierto es que llamó mi atención la aguda prevención de los abogados ante posibles complicaciones -su pesimismo, tal como lo califica Seligman-, que pronto relacioné con algo que al respecto había leído. No obstante, también conocí años atrás a un abogado insólitamente optimista para satisfacción de sus clientes (que sin embargo perdió, para sorpresa general, el caso a que me estoy refiriendo: quizá no escapó ni al propio juez el exceso de confianza que mostraba).

Mi propia experiencia me mueve a asentir ante los estudios existentes: la efectividad del abogado parece estar relacionada con su pesimismo, prudencia o prevención, es decir, con la inmediata y debida contemplación de dificultades y obstáculos en los casos que se les plantean. No descarto que haya también algo de cura en salud o de preparación al cliente para lo que pueda suceder, pero sin duda los abogados han de estar atentos a las dificultades de cada caso y centrarse en ellas. Esta orientación permanente a lo negativo debe afectar desde luego a su calidad de vida profesional, pero hay más aspectos a analizar.

La satisfacción profesional de los abogados

Todos podemos ciertamente vivir la actividad profesional como un "empleo" (para ganar dinero y vivir), como una "carrera" (para adquirir prestigio, poder, etc.), o como una "vocación" (porque es lo que nos gusta hacer). A la abogacía se puede llegar por razones diversas; entre ellas, el descarte de otras alternativas a la hora de elegir, la tradición familiar o la mencionada vocación. Pero, aunque se hubiera llegado de modo vocacional, puede que al final el abogado, como cualquier otro profesional, viva su profesión como una carrera, e incluso quizá como un mero empleo.

Algo parecido podríamos decir, por ejemplo, del médico, o aun del mismo religioso de cualquier culto, sin perjuicio de su contribución a la sociedad. Aunque se llegue a una actividad por auténtica vocación, no hay que descartar que algún porcentaje de individuos opte luego por hacer carrera, y vaya, por decirlo así, modificando el significado de lo que hace. Pero déjenme destacar aquí igualmente que podemos encontrar vocación en trabajadores a los que no se la solemos atribuir: recuerden la historia de aquellos canteros, uno de los cuales se sentía orgulloso de estar construyendo un templo para su dios; o piensen en algunas personas encargadas de la limpieza, que se anticipan a las necesidades y asignan todo el significado a su verdaderamente imprescindible actividad.

Dice Seligman en Authentic Happiness: "A los abogados se les forma para que sean agresivos, sentenciosos, intelectuales, analíticos y poco afectivos, lo cual tiene consecuencias emocionales predecibles: depresión, ansiedad y enfado". Los abogados figuran entre los profesionales mejor pagados, pero también nos dice el autor que padecen depresión con una estadística que triplica la media, y que poseen la más alta tasa de divorcios. Son, al parecer, desproporcionadamente infelices y no gozan de buena salud. Aunque su estudio se limite a los profesionales estadounidenses, cabe sin duda extrapolar a otros países en alguna buena medida. Pero, ¿por qué está ocurriendo esto? A partir de sus conclusiones y de otras reflexiones recogidas, podemos quizá coincidir aquí en que los abogados:

  • Han de ser pesimistas, y ésta es su actitud más prudente; deben anticipar toda suerte de argucias e incidencias negativas posibles en sus casos.
  • Dependientes de normas y procedimientos, disponen de muy estrechos márgenes de decisión en su ejercicio.
  • También por la mecánica funcional, podrían estar perdiendo información que aportaría significado, luz y certidumbres.
  • Se ven rodeados de conflictos y tensión, y en mucha menor medida de emociones positivas que, si se dan, duran poco.
  • Una importante parte de su actividad se produce (típicamente aislados) consultando información y preparando escritos ajustados a formatos establecidos.
  • Soportan una excesiva dilación en la resolución de sus casos, y han de dedicarse a varios concurrentes, tal vez diversos y complejos.
  • Pertenecen a un mundo sometido a la dinámica victoria-derrota, lo que conlleva una sensible erosión emocional.
  • Se desempeñan en el marco singular de dignidades y jerarquías de la Justicia, sometidos por tanto al criterio aplicativo de los jueces.
  • Dicho de otro modo lo anterior, son conscientes de que la Justicia no funciona tanto para hacer justicia como para aplicar las leyes.

Hay relación -sinergia, cabría decir-, desde luego, entre la satisfacción profesional y el despliegue de los valores, las facultades y las fortalezas personales, y podríamos preguntarnos qué elementos endógenos catalizan la calidad de vida laboral. ¿Qué pueden, en suma, hacer los abogados y otros profesionales para mejorar su satisfacción profesional? Aunque no he avanzado aún en este análisis, someto a consideración del lector lo siguiente:

  • Revise sus metas y valores personales.
  • No, así no: revise de verdad sus metas y valores personales.
  • Identifique y cultive sus fortalezas intrapersonales.
  • Gestione a tal fin su atención y su conciencia.
  • Cultive, en lo posible, el principio ganar-ganar.
  • Sin incurrir en complacencia, saboree sus logros.
  • Haga el mejor uso de su capacidad de elegir.

Sí, vendría a ser una cierta reingeniería de nosotros mismos, tan necesaria en tantos casos: efectivamente hay que asegurar los cimientos y revisar buena parte de nuestra estructura. Al plantear estas propuestas (de las que se deriva un amplio desarrollo), pensando en el colectivo específico que me ocupa, he ido a parar a la percepción: ese cuello de botella que nos limita a todos, que nos hace ver de diferentes formas las mismas cosas.

FUENTE: Legal Today

AUTOR: José Enebral Fernández,
Director de Marketing e Innovación de Nanfor Ibérica joseen@nanforiberica.com

NUEVOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LAS PALMAS

lunes, 6 de octubre de 2008

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad


Entra en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Las Palmas de Gran Canaria
* Las oficinas están ubicadas en el número 2 de la calle Torres, esquina Triana, de la capital grancanaria
El Juzgado de Primera Instancia número 16 de Las Palmas de Gran Canaria ya ha empezado su actividad en el número 2 de la calle Torres, dentro del área Vegueta-Triana.

Este juzgado estaba incluido en las previsiones del Ministerio de Justicia para Canarias para este año 2008 y compartirá espacio, el próximo mes de diciembre, con el Juzgado de Primera Instancia número 17, que surgirá de la escisión del número 6, que de manera exclusiva, en Registro Civil.

El local, arrendado y acondicionado por el Gobierno de Canarias, cuenta con acceso directo e independiente del bloque de viviendas en el que se encuentra, en una zona de fácil accesibilidad y cercana a aparcamientos públicos. Asimismo dispone de espacio suficiente (445,84 m2) para albergar los dos Juzgados de Primera Instancia previstos.

Fuente: Consejeria de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias

DESARROLLO LEGISLATIVO DE LA "LEY DE LA MEMORIA HISTORICA"

sábado, 4 de octubre de 2008

CARLOS E. CUÉ - Madrid - 04/10/2008 La polémica ley de memoria, que pese a entrar en vigor en enero apenas ha tenido repercusión real en las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, empezó a convertirse ayer en una realidad. El Gobierno, tres semanas después de que el juez Baltasar Garzón reavivara la polémica, decidió enviar al Consejo de Estado cuatro reales decretos que desarrollan la norma.

Entre ellos destaca el que regula la declaración de reparación oficial de las víctimas. El Ejecutivo, que rechazó de plano la anulación de las sentencias franquistas que pedían las asociaciones de víctimas, establece así las condiciones para obtener un documento oficial, expedido por el Ministerio de Justicia, en el que la democracia reconoce oficialmente la condición de víctima, rehabilita públicamente a los afectados y sentencia que los actos de represión cometidos por motivos políticos fueron una injusticia.

La declaración, que sirve también para quienes sufrieron el terror en zona republicana, sobre todo en los primeros meses de la guerra, la pueden pedir no sólo las víctimas -los supervivientes son cada vez menos- sino sus familiares e incluso instituciones a las que estuvieron ligadas -por ejemplo, un ayuntamiento si la víctima fue su alcalde-.

Julián Casanova, un historiador especializado en este asunto, calcula que hay más de un millón de personas que podrían considerarse víctimas de la represión. Por tanto, sus familiares, si quisieran, podrían reclamar esta declaración oficial al Ministerio de Justicia. Aunque tendrán que esperar a que el decreto sea informado por el Consejo de Estado y vuelva al Consejo de Ministros para que éste lo apruebe y lo mande a las Cortes.

El cálculo de más de un millón de afectados se obtiene sumando los asesinados (150.000 a manos de los franquistas entre la guerra y los casi 40 años de dictadura, y unos 60.000 a manos de los republicanos, aunque todos estos últimos tuvieron su reconocimiento oficial por el régimen y sus familiares lograron todo tipo de compensaciones), los que sufrieron cárcel, campos de concentración, trabajos forzados o torturas (se calcula que hubo unos 400.000, hay datos oficiales que señalan que en 1940 llegó a haber 270.000 personas encarceladas al mismo tiempo por motivos políticos, y está certificado que al menos 5.000 presos murieron de hambre y epidemias) y los exiliados (hubo unos 650.000 en el primer momento que huían de la persecución política, y poco a poco algunos fueron regresando, hasta quedarse en una cifra de 170.000). A todos ellos, para imaginar las dimensiones de la tragedia, hay que sumar unas 400.000 personas que murieron en combate, y por tanto no pueden ser considerados represaliados.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que con esta declaración se quiere "recuperar la memoria" de aquellos que murieron por defender sus ideas "con honor y dignidad".

Los otros tres decretos, aunque no se refieren a los asuntos más polémicos aún por resolver -sobre todo el mapa de fosas y la aclaración sobre la retirada de símbolos franquistas-, también son claves para algunos sectores. Sobre todo el que desarrolla la forma de obtener una indemnización de 135.000 euros para todos los familiares de asesinados entre 1968 y 1977 que cayeron a manos de la policía franquista en protestas sindicales, sobre todo, y no se han podido acoger a la ley de víctimas del terrorismo (1968 es el año en que ETA empezó a matar).

El tercer decreto abre la posibilidad a los brigadistas internacionales que quisieron obtener la nacionalidad española en 1996, cuando se aprobó una ley que lo permitía, pero no pudieron porque sus países les exigían que renunciaran a la suya. El decreto permitirá la doble nacionalidad.

Por último, un decreto permitirá a las familias de republicanos recuperar documentos privados -correspondencia íntima, por ejemplo- que fueron incautados por el régimen y están en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca.

Fuente: Periodico El Pais

LA LABOR DE LA AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO DE NUESTRO GOBIERNO AUTONOMO

Hoy es Sábado, y mas que temas jurídicos o denuncias varias debería tratar de temas intrascendentes y ligeros para ayudar a aliviarnos del stress que nos ha causado la semana de trabajo. Pero es que, andaba yo publicando la distinta vara de medir que se utiliza en relación con delitos xenófobos cuando aprecio en otro articulo de prensa, como esta forma de valorar las infracciones de terceros vulnera algo tan básico como el principio de igualdad ante la Ley, dependiendo de quien sea el infractor.

Y digo esto porque, mientras se sanciona a un particular, por la emisión de residuos, con 10.000.- Euros por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dependiente del Gobierno de Canarias, muchos aun esperamos la sanción correspondiente a la entidad Endesa Distribuciones Eléctricas, S.L.U. por la construcción de una subestación eléctrica, parte en suelo de dominio publico y parte en suelo rustico de protección, sin contar para ello con licencia de obra mayor otorgada, ya que únicamente cuenta con una licencia de carácter provisional (y para el que no sepa de que tratan las licencias de carácter provisional dire que se usan EXCLUSIVAMENTE para la realización de obras facilmente desmontables y en precario).

Estos hechos se denuncian desde el año 2006 ante la Agencia de Protección del Medio Urbano, tratándose por otro lado con una actividad molesta,, insalubre y nociva, establecida a 200 metros de un núcleo poblacional y sin contar con la previa calificación del Cabildo de Gran Canaria (absolutamente necesaria para actividades clasificadas).

Siempre pongo una coletilla porque temo ser malinterpretada, cosa que suele suceder cuando no tratas los temas en persona sino por escrito: No se trata de que opine que el Sr. en cuestión que ha sido sancionado, si realmente se siguió el procedimiento legalmente establecido y se comprobó la existencia de la infracción, sea oportunamente sancionado. Únicamente opino que debería mostrarse la misma diligencia para TODAS LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS y no dar la apariencia de que determinadas empresas y actividades tienen patente de corso en nuestra Comunidad.

Tampoco hay que olvidar los plazos de prescripción de las infracciones, ni los plazos de caducidad de los expedientes sancionadores iniciados. En este sentido, una dilación indebida en la tramitación de los expedientes da la "ventaja" al presunto infractor de poder solicitar el archivo del expediente sancionador por el transcurso de los plazos legales sin que haya recaído resolución, lo que en la practica supone la impunidad de determinadas actuaciones por la desidia en la labor administrativa.

DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS

martes, 30 de septiembre de 2008

A veces uno encuentra cosas muy interesantes en los sitios más insospechados. Les extraigo un muy interesante desarrollo de la Doctrina sentada por nuestro Tribunal Supremo en relacion a lo que denominamos "actos propios", recogida del Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, número 226/2007, de 28 de Septiembre, siendo Ponente de la misma el Sr. D. Victor Fernandez Gonzalez:

"En este punto de la discusión y continuando con el análisis de la cuestión debemos introducir la doctrina de los actos propios, en relación con la conducta observada por las propias demandantes, doctrina que podemos resumir siguiendo la STS 27 de marzo de 2007 (RJ 2007, 1982), en la que se explicita que, conforme a lo que la Sala tiene reiteradamente declarado, entre otras en SSTS de 31 de enero de 1995 (RJ 1995, 291) y 30 de septiembre de 1996 (RJ 1996, 6824) y 24 de abril de 2004, que los actos propios, para vincular a su autor, han de ser inequívocos y definitivos, en el sentido de crear, establecer y fijar o modificar una determinada relación jurídica, con lo que producen estado,... La doctrina de los actos propios ha sido desarrollada por la Sala en el sentido de que el principio en cuestión, basado en la necesidad de proteger la buena fe y la confianza, amen de la apariencia y estabilidad de las situaciones jurídicas, exige, para que su autor quede ligado frente al sujeto pasivo de los mismos, una palmaria contradicción entre lo realizado por el primero y la acción que luego el propio interesado ejercita, o lo que es igual, que exista un nexo de causalidad entre dichos actos y su incompatibilidad con lo ulteriormente pretendido, habiéndose matizado dicha doctrina por la jurisprudencia en el sentido de que no merecen la calificación de actos propios los que no dan lugar a derechos y obligaciones o no se ejecuten con el fin de crear, modificar o extinguir algún derecho, siendo los actos contra los que no es lícito actuar aquéllos que, por su carácter trascendente o por constituir convención, causan estado definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor, situación jurídica o de hecho que no podrá ser alterada por quien se hallaba obligado a respetarla (STS de 16 de febrero de 1988 [RJ 1988, 1994]). En parecidos términos las Sentencias de 5 de abril de 1991 (RJ 1991, 2642) y 10 de octubre de 1988 (RJ 1988, 7399) vienen a declarar que el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos sólo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieran creado una relación o situación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla (STS de 5 de octubre de 1987 [RJ 1987, 6717]). En igual sentido la Sentencia de 10 de junio de 1994 (RJ 1994, 5225). Para poder estimar que se ha infringido la doctrina de los actos propios, que encuentra su apoyo legal en el artículo 7.1 del Código Civil (LEG 1889, 27), ha de haberse probado quebranto del deber de coherencia en los comportamientos, debiendo concurrir en los actos propios condición de ser inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar o extinguir, sin ninguna duda, una precisada situación jurídica afectante a su autor, ocasionando incompatibilidad o contradicción entre la conducta precedente y la actual. (Sentencias de 10 de junio y 17 de diciembre de 1994 [RJ 1994, 9428], 30 de octubre de 1995 [RJ 1995, 7851] y 24 de junio de 1996 [RJ 1996, 4846], en Sentencia de 30 de enero de 1999 [RJ 1999, 10]).

Abundando en la doctrina que se expone la STS de 9 de mayo de 2000 (RJ 2000, 3194) expresa "el principio general de derecho que veda ir contra los propios actos (nemo potest contra proprium actum venire), como límite al ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, cuyo apoyo legal se encuentra en el art. 7.1 del Código Civil (LEG 1889, 27) que acoge la exigencia de la buena fe en el comportamiento jurídico, y con base en el que se impone un deber de coherencia en el tráfico sin que sea dable defraudar la confianza que fundadamente se crea en los demás, precisa para su aplicación la observancia de un comportamiento (hechos, actos) con plena conciencia de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica, para lo cual es insoslayable el carácter concluyente e indubitado, con plena significación inequívoca, del mismo, de tal modo que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o contradicción, en el sentido que, de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta anterior; y esta doctrina (recogida en numerosas sentencias de la Sala, como las de 27 enero [RJ 1996, 732] y 24 junio 1996 [RJ 1996, 4846]; 16 febrero [RJ 1988, 868], 19 mayo [RJ 1988, 4034] y 23 julio 1998 [RJ 1988, 6392]; 30 enero, 3 febrero, 30 marzo y 9 julio 1999) no es de aplicación cuando la significación de los precedentes fácticos que se invocan tiene carácter ambiguo o inconcreto (sentencias de 23 julio 1997 [RJ 1997, 5808] y 9 julio 1999 [RJ 1999, 5967]), o carecen de la trascendencia que se pretende para producir el cambio jurídico, tanto más, en el caso de autos, que no tiene ninguna explicación técnica la desaparición (destrucción o deterioro) de las piezas escultóricas". En todo caso, es preciso que envuelvan verdaderas declaraciones de voluntad en orden a crear, modificar o extinguir relación de derecho."


D. LUIS DEL RIO "el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor"

domingo, 28 de septiembre de 2008


Publica en el dia de hoy, el Diario La Provincia, la entrevista que transcribo a D. LUIS DEL RIO, Fiscal Anticorrupcion de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia que Canarias.

Vaya por delante mi opinion personal acerca de D. Luis del Rio, que considero honesto, integro, valiente y trabajador, entre otras muchas cualidades, y que considero el responsable, con su impulso, de que la situacion de impunidad que se vivia en Canarias tiempo antes de su nombramiento haya quedado, al menos, mitigada. Siempre desde la base de que, personalmente entiendo que queda mucho por hacer.



PEDRO GUERRA
- ¿Después de tres años al frente de la Fiscalía Anticorrupción, ¿qué balance hace en una de las fiscalías que más trabajo ha tenido en materia de corrupción en España?
- Aunque no dispongo en este momento de datos estadísticos, el balance que hago es positivo. Al margen del resultado final de las causas pendientes, las cosas han ido cambiado y ha desaparecido la sensación de cierta impunidad que existía respecto a la comisión de delitos de esta índole. Esa es la impresión que tengo y que, incluso, me llega directamente de los propios ciudadanos, aunque reconozco que es algo difícil de objetivar. Pero hay que seguir trabajando para mejorar la situación actual y, sobre todo, para no retroceder.

- La creación de las delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción en 2005 tuvo muchos detractores, incluso dentro de la carrera. Tres años después ¿las considera necesarias en el organigrama judicial español?
- Rotundamente sí. La evolución del Ministerio Fiscal en nuestro país, desde hace unos años, va hacia la especialización. Medio ambiente, siniestralidad laboral, delitos económicos, etc., es la única forma de dar la repuesta que la sociedad demanda frente a estos delitos.

- Cuando tomó posesión de su cargo esperaba usted una avalancha de denuncias por corrupción en Canarias, y con el paso del tiempo se han destapado muchos casos con un papel activo de la policía y de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Ha sido todo como esperaba?
- Es cierto que las denuncias son muchas, pero en Derecho las cosas hay que demostrarlas, y no todo lo que se denuncia acaba en una causa judicial, por eso ha sido fundamental el papel activo de la policía y trabajando conjuntamente hemos puesto todos nuestros esfuerzos en aras de obtener esas pruebas. Respecto a que si ha sido como esperaba, es difícil hacer este tipo de predicciones.

- ¿Se ha sorprendido mucho lo que se ha encontrado en materia de corrupción?¿Podríamos decir que el Archipiélago estaba sumido en una aureola de impunidad en cuanto a algunos cargos públicos?
- Es indudable que el binomio crimen-cargo público es altamente nocivo para la sociedad, afecta a la credibilidad del sistema político y, por lo tanto, a los cimientos de la democracia. Pero tampoco podemos demonizar a todos los cargos públicos ni transmitir a la opinión pública que todos son iguales y frases similares; creo que sería peligroso. La respuesta frente a la corrupción debe ser aplicar el Estado de Derecho con el máximo rigor y garantías.

- Casos como la 'Operación Faycán', 'Las Teresitas', 'Góndola' o 'Paraíso' han levantado indignación en el ciudadano canario. ¿Entiende la alarma que se ha vivido en Canarias en los últimos años por todos estos casos de corrupción?
- Comprenderá que no comente ningún caso concreto. Por lo demás, entiendo perfectamente esa indignación ciudadana en los casos de corrupción en general, y reitero lo dicho: afectan gravemente a la credibilidad del sistema.

- ¿Cree que la corrupción es un fenómeno nuevo en Canarias o que simplemente afloró con las investigaciones que se llevaron a cabo y con los medios que se llevaron a cabo?
- Por desgracia, creo que no es un fenómeno nuevo, lo que ocurre es que en estos momentos, al menos una parte, aflora, y a ello ha contribuido la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción, en la que se están presentando muchas denuncias. Ahora los ciudadanos saben que existe esta institución especializada y acuden especialmente a ella para presentar denuncias sobre aquellos hechos de los que tienen conocimiento; no obstante, habría que intentar que fuesen más los que llegasen a los Tribunales.

- ¿Ha llegado a escandalizarse de lo que ha visto en alguna de las investigaciones en las que ha tomado parte relacionadas con la corrupción?
- Partiendo de que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor, la verdad es que no, aunque ciertamente ello no quita para que a veces se te haga difícil comprender la realización de determinadas actuaciones por algunas personas a las que se les supone que por el cargo o función que desempeñan deberían de tener un comportamiento muy alejado del que realmente tienen. Pero eso queda, por discreción, dentro del secreto de sumario.

- Pero la Fiscalía Anticorrupción, supongo, es algo más que casos que tengan que ver con las actuaciones de cargos públicos. Por ejemplo, se ha visto una actuación muy activa contra las mafias organizadas, consiguiendo incluso la primera condena por asociación ilícita contra una banda de albano-kosovares que operaba en Gran Canaria...
- En efecto, tenga en cuenta que el nombre de esta Fiscalía Especial es el de Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Hemos intervenido en algunas causas de esta naturaleza y también, además, tramitamos diligencias informativas en relación al crimen organizado. Por otra parte, intervenimos en el diligenciamiento de diversas Comisiones Rogatorias en relación a causas que se siguen en otros países y que nos piden auxilio para actos de investigación que se deben realizar en Canarias, generalmente relacionadas con el crimen organizado. Lo que ocurre es que este es un trabajo oscuro que no suele tener reflejo en los medios de comunicación y sobre los que hay que guardar especial discreción por razones obvias. Muchos están aún en una fase embrionaria y su investigación es muy compleja.

- ¿Se ha sentido presionado en su función de delegado de la Fiscalía Anticorrupción durante los años que lleva al frente?
- Presionado no, y si alguien lo ha intentado ha fracasado porque ni me he percatado. Soy consciente de que es una función de gran responsabilidad. Sé que muchos ciudadanos tienen la esperanza de que las cosas cambien y de que la Ley se aplique por igual a todos al margen de su estatus social, poder económico o político. Pero también soy consciente de que existen personas que preferirían que me fuese.

- ¿Cómo calificaría el trabajo de la policía en Canarias en los últimos años, que ha sido muy criticado por determinados sectores de la vida pública?
- El trabajo de la policía en Canarias en los últimos años ha sido extraordinario, de una dedicación y esfuerzo encomiables, aguantando en muchas ocasiones presiones y críticas injustificadas. Pero no solamente la Policía, también la Guardia Civil ha desarrollado una labor muy importante, además de otras muchas instituciones que también han prestado una colaboración necesaria en determinadas causas judiciales y diligencias de Fiscalía.

- Es usted poco dado a las apariciones públicas, sobre todo cuida mucho su aparición en actos en los que pueda haber empresarios o cargos políticos. ¿Son importantes las apariencias de cara al ciudadano?
- Eso no es exactamente así. En primer lugar, los empresarios y los cargos políticos son en su mayoría personas honestas y que cumplen una función de gran trascendencia en la sociedad. En segundo lugar, no se trata de cubrir apariencias de cara al ciudadano, no es una cuestión de imagen, sino que entiendo que dentro de mi función no está el acudir a actos o eventos sociales, políticos, empresariales, etc., que no guarden relación alguna con el desempeño de mis funciones. Y si a lo que se refiere usted es a que me prodigo poco haciendo declaraciones en los medios de comunicación -reconozco que esta entrevista me la pidió hace meses-, tengo que decir que, si bien es cierto que la sociedad tiene derecho a conocer lo que hacen la Administración y los servidores públicos, también es necesario disponer de tiempo y tranquilidad para dedicarle a esos asuntos el estudio y trabajo que requieren.

- ¿Cree que la Fiscalía Anticorrupción necesita refuerzos en Canarias?
- Como ya he dicho en otras ocasiones aunque los medios son escasos no me quejo; intento sacar el máximo partido a los que hay. Por desgracia la situación de la Justicia siempre ha sido de escasez de medios y, aunque hay que reconocer que en los últimos años ha mejorado, todavía queda mucho por hacer. Con la última reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se pretende, entre otras cosas, acomodar la estructura del Ministerio Fiscal a las nuevas necesidades, acomodarnos al modelo constitucional y una mayor similitud con la organización judicial.

- Es usted además teniente fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el momento de su nombramiento, recibió algunas críticas de un sector que consideraba que eran incompatibles los dos cargos. ¿Considera que ha demostrado que estos dos cargos pueden recaer en un mismo fiscal?
- Aunque no deseo reabrir viejas polémicas, la respuesta es sí. Y creo que además el tiempo así lo ha demostrado, incluso, a los más escépticos.

SIN PALABRAS

viernes, 26 de septiembre de 2008

Encuentro esta imagen con el contenido tal cual lo expongo en un blog del que no daré mas datos por motivos que no es menester exponer aquí, y me pregunto: HASTA DONDE VAMOS A LLEGAR?? Que significa este sin sentido de improperios?? Es que necesitan estas cosas para llamar la atención?? Que se promueve con esta iniciativa?? Evidentemente en el blog en cuestión no se explica nada de esto. Solo se cuelga la imagen y el texto para desagrado y repulsa de quien suscribe y espero que de muchos otros.

Señores, por favor, que no todo vale!! Ni el insulto gratuito (cocainomano por ser político??) ni las imagenes desagradables desde cualquier punto de vista que se valore. La democracia no te hace libre?? En una dictadura militar te sientes mas libre e identificado?? Conozco algunos países que estarían encantados de contar entre sus ciudadanos con personajes como el autor del cartelito de marras...

Pues si querían mover conciencias, la mía la han movido, pero para OPONERME firmemente al panfleto, cartelito o lo que sea y a lo que representa. Es indignante, de verdad, y por eso no he podido por menos que publicarlo hoy, a estas horas, y cuando la sangre aun me hierve por lo lamentable de esta ocurrencia.

Solo me resta por decir, DEMOCRACIA, Salud y República.

lunes, 22 de septiembre de 2008


No hay mucho más que añadir.
Salud y Republica

LOS ABOGADOS DE LAS PELICULAS Y EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA

viernes, 19 de septiembre de 2008

Imagino que no tendre que entrar en detalles ni pormenores en relacion al accidente aereo ocurrido en el Aeropuerto de Madrid - Barajas, el pasado mes de Agosto.

Lo que puede que algunos sepan y otros no, es la "prisa" que se han dado determinados despachos de abogados de origen americano en acercarse a las familias de las victimas y ofrecerles representarles en multiples, y hasta ahora no demasiado bien conocidas, acciones judiciales.

Ante esto, el Consejo General de la Abogacia Española, con muy buen criterio a mi juicio, ha remitido el dia 18 de este mes, a uno de esos despachos de abogados, un requerimiento de informacion para que señalen en que concepto estan habilitados para ejercer la profesion Letrada en la Union Europea, asi como para apercibirles e informarles de que se abstengan de utilizar "metodos contrarios a la Ley y a la etica profesional en la busqueda de clientes", en aplicacion estricta (que es como debe ser esta aplicacion) de lo dispuesto en el Real Decreto 658/2001, de 22 de Junio que aprueba el Estatuto General de la Abogacia Española, asi como en el Codigo Deontologico de la Abogacia Española. Esta normativa, que para mayor abundamiento transcribo mas adelante, protege a las familias y a las victimas de posibles abusos generados por su situacion personal en estos momentos, y lo mas sorprendente es que en Estados Unidos existe una normativa similar que persigue la misma proteccion.

Como decia, el Estatuto General de la Abogacia Española, dispone en su Artículo 25:

1. El abogado podrá realizar publicidad de sus servicios, que sea digna, leal y veraz, con absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la legislación sobre publicidad, sobre defensa de la competencia y competencia desleal, ajustándose, en cualquier caso, a las normas deontológicas.

2. Se considerará contraria a las normas deontológicas de la abogacía la publicidad que suponga:

  1. Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional.

  2. Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto.

  3. Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a víctimas de accidentes o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse sufriendo dicha reciente desgracia personal o colectiva.

  4. Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del abogado.

  5. Hacer referencia directa o indirecta a clientes del propio abogado.

  6. Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión, al reservarse su uso para la publicidad institucional que pueda realizarse en beneficio de la profesión en general.

3. Los abogados que presten sus servicios en forma permanente u ocasional a empresas individuales o colectivas deberán exigir que las mismas se abstengan de efectuar publicidad respecto de tales servicios que no se ajuste a lo establecido en este Estatuto General.

DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE CONGRUENCIA DE RESOLUCIONES

Me ha resultado interesante la Sentencia del Tribunal Supremo numero 532/2008, de 5 de Junio (Sala de lo Civil, Seccion Primera), de la que es Ponente el Excmo. Sr. D. Clemente Auger Liñan, por la concrecion realizada en su Fundamento de Derecho Tercero en cuanto al concepto Jurisprudencial de la figura de la congruencia de las resoluciones judiciales. Lo transcribo a continuacion, remitiendoles expresamente al contenido integro de la misma.

"Es numerosa la jurisprudencia de esta Sala que se ha pronunciado para determinar qué ha de entenderse por congruencia, siendo reseñable la reciente Sentencia de 19 de noviembre de 2007 (Recurso 4394/2000 [RJ 2007, 8117]), con cita de otras tantas, que establece que «el deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre los pedimentos de las partes oportuna y convenientemente deducidos y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y la causa de pedir, como tantas veces ha dicho esta Sala (SSTS 30 de noviembre [RJ 2006, 8154], 12 [RJ 2006, 8240] y 18 de diciembre de 2006 [RJ 2006, 9169], 28 de febrero [RJ 2007, 1512], 16 de marzo [RJ 2007, 1671] y 16 de mayo de 2007 [RJ 2007, 3555], entre las más recientes) y forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución [RCL 1978, 2836]), como ha señalado la jurisprudencia constitucional (SSTC 54/1985, de 18 de abril [RTC 1985, 54]; 242/1988, de 19 de diciembre [RTC 1988, 242]; etc.), pero no implica "un paralelismo servil del razonamiento que sirve de fundamento a la sentencia con las alegaciones o fundamentaciones de las partes " (SSTC 67/1993, de 1 de marzo [RTC 1993, 67]; 171/2003, de 27 de mayo; SSTS 6 y 23 de octubre de 1986, 24 de junio de 1989 entre muchas otras). La incongruencia adquiere relevancia constitucional, infringiendo no sólo los preceptos procesales (como los artículos 359 y 379 LECiv 1881 [LEG 1881, 1]) sino también el artículo 24 CE (RCL 1978, 2836) cuando afecta al principio de contradicción mediante una modificación sustancial de los términos del debate procesal que se traduce en indefensión de las partes que, por no haber podido prever el alcance y el sentido de la controversia, se ven en la imposibilidad de alegar o actuar en apoyo de sus derechos o intereses (SSTC 34/1985, de 7 de marzo [RTC 1985, 34]; 29/1987, de 6 de marzo [RTC 1987, 29]; etc.)», sin que pueda confundirse la incongruencia con falta de motivación (Sentencia de 13 de diciembre de 2007 [Recurso 4574/2000 (RJ 2007, 8928)]) y partiendo de la base de que las sentencias absolutorias de las pretensiones de las partes -como es el caso- nunca son incongruentes, salvo que obedezcan a una variación de la causa petendi o cuando hayan acogido una excepción no alegada salvo que se haya procedido de oficio (Sentencia de 17 de diciembre de 2007 [Recurso 4804/2000 (RJ 2007, 8935)])."