COMPRAVENTA DE VIVIENDA EN DOCUMENTO PRIVADO

miércoles, 17 de diciembre de 2008

Esta es una pequeña reseña sobre las cuestiones mas importantes en relacion a la compraventa de vivienda en documento privado.

En la compraventa de vivienda es frecuente que, con carácter previo al otorgamiento de la escritura pública, se firme un contrato privado entre vendedor y comprador. Este contrato no tiene que existir necesariamente, no es obligatorio, aunque en el supuesto de que venda un promotor se firma prácticamente en todos los casos, y entre particulares es también muy utilizado, sobre todo en las grandes ciudades.

Tenga en cuenta que la Ley considera el documento privado como un modo perfectamente válido de otorgar un negocio, lo que significa que si usted firma un documento de esta clase, estará obligado jurídicamente en todo su contenido y deberá pasar por todos los pactos que contenga, siempre y cuando, claro está, no sean contrarios al ordenamiento jurídico. Pero no podrá eximirse de su cumplimiento alegando que no le conviene lo que pactó.

De ahí la importancia de asesorarse convenientemente antes de otorgar un documento de esta naturaleza. El Notario no interviene en la formalización de los mismos, pero, antes de que lo firme, le puede informar de su contenido y resolverle las dudas que pueda tener, y todo ello con carácter gratuíto. Un consejo que le dará cualquier Notario es que no firme nada que no entienda suficientemente, o de lo que no esté plenamente convencido.

No es posible en este reducido espacio comentar todos los aspectos del documento privado de compraventa, pero sí remarcar algunas cuestiones que debería de tener en cuenta antes de estampar su firma en uno de ellos:

a) Quién firma por la parte vendedora: Cuando vende un promotor no suele ser un aspecto problemático, normalmente es el administrador o el apoderado de la sociedad, pero si es un negocio entre particulares, el documento ha de ser firmado por todos los propietarios, por sí, o a través de personas suficientemente facultadas. Si una vivienda es ganancial, habrán de firmarlo el marido y la mujer; también habrán de hacerlo si la vivienda es privativa de uno de ellos (no es ganancial), pero es el domicilio conyugal efectivo del matrimonio vendedor. Si el vendedor ha dado un poder notarial a otra persona para que firme este documento, el apoderado deberá de presentar la copia autorizada notarial, es decir, el original firmado por el Notario, no una mera fotocopia, y el poder deberá facultarle para la venta, por lo que es conveniente comprobar, leyendo la escritura de poder, que el apoderado está autorizado para formalizar la compraventa. Si son los herederos del titular fallecido los que pretenden vender la vivienda, es adecuado asegurarse de que tienen la documentación en regla y son los únicos con derechos sobre la misma. Hay muchos más casos, pero valga esta muestra para demostrar la importancia de un buen asesoramiento. Acuda al Notario si no está seguro o tiene dudas.

b) Estado de cargas de la vivienda: Es muy importante determinar qué cargas recaen, en su caso, sobre la vivienda, y comprobar si está libre de cargas, tiene hipoteca, o si pesan embargos. Para ello, es posible solicitar al Registro de la Propiedad correspondiente una nota simple informativa. Con frecuencia existirá una hipoteca, en la que el comprador tendrá que subrogarse, es decir, aceptarla y convertirse en deudor de la parte que quede por pagar, frente al Banco o Caja que la haya concedido. Dado que el comprador asume todos los pactos de la hipoteca previa, es muy conveniente informarse de estos, en especial del tipo de interés, plazo de amortización y comisiones, además naturalmente de la cantidad que queda por pagar. Lo más sencillo será acudir a la entidad financiera para preguntar allí. Consulte el apartado Préstamos hipotecarios.

c) Cuotas de la comunidad de propietarios: Si la vivienda se encuentra en una comunidad, tendrá que abonar periódicamente la cuota que le corresponda. Hay que comprobar que está al día en cuanto a los pagos o, si no lo está, qué atrasos tiene, solicitando este dato al presidente o al administrador de la comunidad, el cual también podrá informar de los estatutos o normas internas que tenga el edificio. Esta cuestión se amplía al tratar de la escritura pública de compraventa.

d) Precio y arras.- En el contrato figurará el precio de la vivienda. También si está completamente abonado o queda aplazado en todo o en parte, y la manera de satisfacer la parte aplazada, bien en pagos sucesivos para después otorgar la escritura pública, bien subrogándose la parte compradora en la hipoteca que tenga la misma. Hay ciertas viviendas (de Protección Oficial, fundamentalmente), que tienen un precio máximo de venta establecido. En la Delegación de Hacienda de su Comunidad Autónoma le informarán de cómo saber si su vivienda se encuentra en ese caso, y cuál es su precio máximo. Es habitual que se pacten arras, es decir, que se establezca una cierta cantidad que el comprador entrega al vendedor como arras o señal (y que suele ser también parte del precio), de forma que si finalmente no se llega a otorgar la escritura pública, el comprador las perderá si es por su culpa, o el vendedor habrá de devolverlas duplicadas, si es por la suya. Es un medio para vincular a ambas partes.

e) Gastos de la compraventa:

Son cuatro los gastos derivados de la compraventa:

- Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos (comúnmente llamado Plusvalía).
- Escritura Pública.
- Inscripción en el Registro de la Propiedad.
- Impuestos (antes llamados Derechos Reales). Para su cuantía, vea Trámites posteriores.

Si no se pacta nada en el contrato privado, o si se indica que los gastos son "según Ley", la parte vendedora pagará la Plusvalía, y la mayor parte de la escritura (la matriz u original), mientras que la parte compradora pagará la otra parte de la escritura (copias), los gastos de inscripción registral, y los impuestos. No obstante, en el documento se puede pactar cualquier tipo de reparto de los gastos, incluído el que todos los gastos, los cuatro reseñados, sean abonados por la parte compradora. Es una cláusula completamente legal. Por lo tanto, compruebe si existe esta cláusula de gastos en el contrato y cuál es su contenido, porque una vez firmado el mismo, quedará obligado. En el caso de que venda un promotor inmobiliario, está prohibido por la legislación que el comprador tenga que asumir gastos que por Ley deben ser abonados por la parte vendedora, como por ejemplo los gastos de la declaración de obra nueva y división horizontal, o los de cancelación de la hipoteca que existe sobre la vivienda, cuando se vaya a adquirir libre de cargas.

f) Elección del Notario: Cualquier Notario es imparcial, en el sentido de que no hay Notarios "de parte", pero usted puede tener interés en acudir a uno concreto para formalizar la escritura pública. Si quien vende es un promotor inmobiliario, la parte compradora tiene derecho a elegir Notario.

g) Efectos del documento privado: Aunque como se ha dicho el documento privado es plenamente válido, no es suficiente para inscribir en el Registro de la Propiedad, ni tampoco para pedir una hipoteca al Banco. Para ello es imprescindible contar con un documento de efectos muy superiores, y que proporcione la seguridad suficiente exigida por el ordenamiento. Es la escritura pública notarial, que se explica a continuación.

Fuente. Notariado. org

JUICIOS RAPIDOS CIVILES Y PROCEDIMIENTO MONITORIO

Sobre los "juicios civiles rapidos" y el procedimiento monitorio, extraido de la pagina del Ministerio de Justicia.

La Ley de Enjuiciamiento Civil, en vigor desde el día 8 de enero de 2001, permite en algunos supuestos que el ciudadano acuda por sí mismo al Juzgado para reclamar deudas, sin precisar necesariamente los servicios profesionales de Abogado y Procurador. Estos son el juicio verbal para la reclamación de cantidades que no excedan de 900 euros y la solicitud inicial del procedimiento monitorio.

1.- Proceso Monitorio

Qué es y para qué sirve

Uno de los grandes éxitos de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido la aparición del llamado procedimiento monitorio, regulado en los artículos 812 a 818 de la citada Ley.

Se trata de un procedimiento previsto para reclamar cantidades de hasta 30.000 euros siempre que la deuda pueda ser acreditada mediante documentos.

La finalidad de este procedimiento es la de favorecer medidas contra la morosidad en operaciones comerciales, resultando especialmente útil para los pequeños y medianos empresarios, así como para todos los profesionales que necesiten disponer de un mecanismo rápido y sencillo para el cobro de sus créditos. Asimismo resulta muy práctico para el cobro a los propietarios morosos de sus deudas con la Comunidad de Propietarios.

El rasgo principal del proceso monitorio es su sencillez, que lo hace susceptible de ser utilizado por cualquier persona, aún cuando no dispusiera de conocimientos jurídicos.

Podrá acudir al procedimiento monitorio quien pretenda el pago de deuda dineraria, vencida y exigible, de cantidad determinada que no exceda de 30.000 euros; por encima de tal límite no se puede acudir a este proceso y se deberá acudir a un juicio ordinario.

Se incia el procedimiento mediante escrito dirigido al Juzgado de Primera Instancia del Partido Judicial del domicilio del deudor, señalando la cantidad que se debe, por que concepto, datos personales del demandado o deudor (sobre todo direccion exacta para su localizacion), acompañando los documentos en que se funde la deuda (facturas impagadas en la mayor parte de los casos) El Juzgado notificara la interposicion de la solicitud al deudor dandole un plazo de 10 dias para que se oponga al mismo o pague la deuda. En el supuesto de que no se oponga ni pague en esa fecha, se despachara ejecucion por la cantidad reclamada, que habra de ser incrementada en los intereses correspondientes y las costas del monitorio si la cuantia del mismo es superior a los 900.- euros.

2.- Juicio verbal para reclamación de cantidad inferior a 900 euros

Qué es y para qué sirve

Procedimiento de reclamación de cantidad no superior a 900 euros, sin necesidad de estar asistido por Abogado y Procurador.

Podrá solicitarlo aquella persona que sea acreedor de una deuda de cantidad inferior a 900 euros. La tramitacion, forma de presentacion y contenido del escrito es igual a la señalada para el proceso monitorio.

GUARDA, TUTELA, ADOPCION. CONCEPTOS

Siguiendo con la informacion basica útil para profesionales y ciudadanos en general, aqui les dejo los conceptos juridicos de los terminos que he señalado

¿Qué es la guarda?

La guarda de los menores puede ser definida como una institución de derecho civil en virtud de la cual una persona o una Institución Pública, recibe a un menor de forma temporal, por voluntad -expresa o tácita- de los titulares de la patria potestad, o porque así lo establezca la Ley. La asunción de la guarda de un menor supone para quien la asume la obligación de velar por el menor, tenerlo en su compañía, cuidarlo, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.

¿Qué es la tutela?

La tutela es la institución jurídica por la que se coloca a una determinada persona bajo la guarda y potestad de otra. La tutela tiene como objetivo el amparo de la persona y bienes de los menores que no están sujetos a la patria potestad de sus padres y de los incapacitados. Los tutores deben actuar siempre en beneficio del tutelado y bajo la salvaguarda de la autoridad judicial, en última instancia.

¿Qué es la adopción?

Es una de las formas de adquirir la filiación, es decir, de pasar a formar parte de una determinada familia. Por lo tanto, la adopción se diferencia de las medias anteriormente comentadas (guarda y tutela), pues en dichos casos el menor no pierde los vínculos jurídicos con su familia biológica. En cambio, una vez producida la adopción, se adquiere una nueva filiación, perdiendo la anterior: se adquiere una nueva relación familiar equiparada absolutamente a la biológica, por lo que supone la ruptura de vínculos, personales, familiares y jurídicos, entre el hijo adoptivo y sus padres naturales o biológicos, y el nacimiento de unos derechos y obligaciones entre los padres y los hijos adoptivos idénticos a los surgidos por la filiación biológica. La adopción tiene carácter permanente y el adoptado se convierte a todos los efectos en hijo del adoptante.

CANCELACION DE ANTECEDENTES POLICIALES

Con la inestimable ayuda del Ministerio del Interior, aqui les dejo otra guia muy útil, pero esta vez para conocer la tramitacion, normativa y procedimiento para la cancelacion de antecedentes policiales

Añado que es una pena que no se conozca en su integridad la informacion que nos ofrecen en sus distintas paginas web los organos de nuestro gobierno.

CANCELACION DE ANTECEDENTES POLICIALES.

• El derecho de acceso a los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado viene consagrado en el artículo 104 de nuestra Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal.
  Dicho derecho, así como los de información, rectificación y cancelación, son derechos personalísimos independientes, de tal forma que el ejercicio de uno no es requisito para el otro, estando regulados en su aspecto material por la Ley Orgánica citada, cuyo desarrollo se complementa por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en su aspecto de fondo y que ha sido desarrollado en el formal por la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Protección de datos (BOE núm. 25 de 29-01-1998).

• El derecho de información está recogido en el artículo 5 de la Ley Orgánica con la salvedad que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recogida en el artículo 22, de obtener datos sin consentimiento del afectado.

• El derecho de acceso a que se refiere el artículo 15 de la Ley Orgánica, sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el afectado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercitarlo antes; siendo un derecho personalísimo se ejercerá por petición dirigida al responsable del fichero con medio que garantice su identificación.

• El afectado podrá optar para su consulta:

  • Visualización en pantalla.

  • Escrito copia o fotocopia remitida por correo.

  • Telecopia.

  • Cualquier otro procedimiento que sea adecuado a la configuración o implantación material del fichero ofrecido por el responsable del mismo.

• La petición se resolverá en el plazo de un mes desde la solicitud. Transcurrido este plazo sin que se responda de forma expresa, ésta podrá entenderse desestimada a los efectos del artículo 18.1 de la Ley Orgánica. Si las causas de denegación son las contenidas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 22 de la Ley Orgánica 15/1999 cabe el recurso indirecto del artículo 23.3 ante la Agencia de Protección de Datos.

• Obtenido el acceso tendrá un plazo de cinco días para realizarlo por el medio deseado.

• Los requisitos formales recogidos en la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, disponen:

  • Que se ejercerá por solicitud dirigida al responsable del fichero.

  • Que se hará constar:
    
    

    • Nombre y apellidos del interesado y fotocopia de DNI, salvo cuando por excepción se admita la representación legal, la cual acompañará con documento acreditativo.

    • Domicilio a efecto de notificación.

    • Concreción de derecho que se ejercita. (Ejemplo: petición de acceso).

    • Deberá el interesado utilizar medio que acredite el envío.

  • En el caso de que no se disponga de datos de carácter personal, deberá igualmente comunicarlo el responsable del fichero al interesado.

• Los derechos de cancelación y rectificación se ejercitarán si los datos de carácter personal del afectado son inexactos o incompletos, pudiendo solicitar la rectificación y, en su caso, la cancelación si lo estimase por haber pasado el tiempo de prescripción o hubiera sobreseimiento de la causa, etc., o estuviese la cancelación motivada por los mismos supuestos que la rectificación.

• Dichos derechos se harán efectivos por el responsable del fichero en los diez días siguientes a la recepción. En la solicitud del derecho de rectificación deberá indicar qué datos es erróneo y la corrección que deberá efectuarse con la documentación justificativa. Igualmente, en la solicitud de cancelación deberá acompañar documentación justificativa del dato o datos que pretende cancelar.

• Se considerarán antecedentes desfavorables de carácter policial los derivados de hechos tipificados en el vigente Código Penal como delitos o faltas, y que hayan dado origen a la instrucción de diligencias remitidas a la Autoridad Judicial.

• Estos antecedentes serán susceptibles de cancelación y/o anulación, con arreglo a las siguientes normas:

  • Cancelación de oficio: Se tendrán en cuenta los plazos de prescripción de responsabilidad penal establecidos en el Código Penal.

  • Cancelación a instancia de parte: Se decretará en aquellos casos en que la Autoridad Judicial dicte sentencia condenatoria contra el solicitante, siendo preceptiva para llevarse a efecto, la previa cancelación de los antecedentes penales derivados de dicha sentencia, en el Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia.

  • Anulación: Procederá en todos los casos en los que la resolución adoptada por la Autoridad Judicial sea de absolución, sobreseimiento o archivo.
    Asimismo se decretará la anulación en los casos en que, aun siendo la sentencia judicial condenatoria, hayan transcurrido cinco años, a contar desde la fecha de remisión definitiva de la pena impuesta, sin que se hayan incorporado nuevos datos desfavorables al expediente personal del solicitante.
    Se denegará la cancelación, aun cumplimentados los trámites establecidos en los párrafos anteriores, cuando el certificado de antecedentes penales no es negativo o esté pendiente de juicio, cuando el solicitante se encuentre cumpliendo el plazo de suspensión de condena impuesta por la Autoridad Judicial o tenga otras responsabilidades pendientes, judiciales o administrativas, cuando tenga antecedentes policiales sin cancelar en alguno de los ficheros de cualquier Fuerza o Cuerpo de Seguridad o en virtud de las excepciones del artículo 23 de la Ley Orgánica 15/1999. En la comunicación al interesado, se hará constar los motivos por los que se le deniega, recursos y plazos que le asisten según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

• Los requisitos formales de los derechos de rectificación y cancelación exigidos son:

  • Instancia de solicitud en la que se hagan constar los datos de filiación completos, el domicilio actual y en el caso de que se pretenda una cancelación y/o anulación parciales, el antecedente concreto a que se refiera la solicitud.

  • Fotocopia de DNI/NIE o pasaporte en vigor, salvo que se haya prestado consentimiento para verificar los datos de identidad.

  • Certificado de las Autoridades Judiciales correspondientes, acreditando la resolución adoptada respecto al antecedente o antecedentes que se desean cancelar y/o anular.

  • En el caso de sanciones administrativas, certificación que acredite el pago efectivo de la multa o estar exento de responsabilidad por los hechos que motivaron los antecedentes.

• Para el ejercicio de los derechos enumerados anteriormente, al amparo de la Ley Orgánica 15/1999 y el Real Decreto que la desarrolla, necesitan invocar en su solicitud el fichero o ficheros sobre los que se ejercerá el derecho o derechos, dado que el Archivo Central de la Policía sólo gestiona competencias sobre el denominado "PERPOL" PERSONAS DE INTERÉS POLICIAL. Sólo cuando se refiere a este fichero, la instancia deberá ser presentada en las Comisarías, Registros del Cuerpo Nacional de Policía o en el aludido Archivo, al que las remitirán las anteriores dependencias si las recibieran.

• En el Cuerpo de la Guardia Civil estos antecedentes se recogen en el fichero "INTPOL", y la instancia o solicitud se dirigirá a la Unidad Técnica de Policía Judicial, de la Guardia Civil.

GUIA BASICA DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Y aqui les dejo una guia basica sobre el Recurso Contencioso Administrativo. Actividad administrativa impugnable, modo de interponerlo, postulacion y representacion, etc.

Como digo, es una guia muy basica sobre el procedimiento aunque muy util para conocer a grosso modo como funciona el mismo:

Cuando el ciudadano demanda judicialmente a la Administración (esto es, un ayuntamiento o comunidad autónoma, un ministerio, etc.), debe hacerlo ante una clase de tribunales llamados contencioso-administrativos, y a través del recurso contencioso-administrativo.

Este recurso puede interponerse contra:

• Las disposiciones de carácter general y los actos expresos y presuntos (silencio administrativo) de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa.
• La inactividad de la Administración.
• Los actos que se dicten aplicando disposiciones cuando se alegue que estas disposiciones no son conformes a derecho, esto es, no son legales.

Resulta conveniente, cuando no imprescindible, obtener consejo de un abogado sobre la conveniencia y oportunidad de entablar acciones judiciales a la vista de cada caso.

Pueden actuar ante los tribunales contencioso-administrativos:

• Las personas físicas o jurídicas que tengan un derecho o interés legítimo.
• Las corporaciones, asociaciones, sindicatos, grupos y entidades cuando por ley se les autorice para ello. En estos casos representarán los intereses de los colectivos en cuyo nombre actúan.
• La Administración del Estado cuando pretenda impugnar los actos y disposiciones de la Administración de las Comunidades Autónomas y de los Entes Locales.
• La Administración de las Comunidades Autónomas, para impugnar los actos del Estado y de las Entidades Locales que atenten contra el ámbito de su autonomía.
  ??Qué es esto??
• Las Entidades Locales para impugnar los actos y disposiciones del Estado, de las Comunidades Autónomas o de otros Entes Locales que afecten al ámbito de su autonomía.
• El Ministerio Fiscal cuando así lo determine la Ley.
• Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, cuando así se prevea legalmente.

En principio, las partes deben intervenir en el procedimiento contencioso-administrativo obligatoriamente asistidas por un abogado, siendo opcional la representación mediante procurador. Cuando el Procurador no interviene, las notificaciones se le entregarán al abogado.

Sin embargo, cuando el recurso se tramite ante un órgano colegiado o tribunal (Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo), las partes deben contar obligatoriamente tanto con un procurador como con un abogado.

En relacion a los plazos de interposicion de la demanda deben distinguirse diversos casos dependiendo del procedimiento administrativo de que se trate así como de la propia actuación de la Administración:

• El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo es de 2 meses contados a partir de la notificación de la resolución que se impugna o de la notificación del acto que pone fin a la vía administrativa, siempre que este acto sea expreso.
• En los casos de actos presuntos, el plazo para interponer el recurso es de 6 meses contados a partir de que, según la normativa de aplicación, se produzca el acto presunto.
• En los casos en los que hubiesen transcurrido 3 meses desde la reclamación efectuada a la Administración sin que esta se haya pronunciado, el plazo para interponer el recurso será de 2 meses contados a partir del transcurso de los 3 meses aludidos.
• Si la Administración no ejecuta los actos ya firmes, los afectados pueden solicitar su ejecución y si ésta no se produce en el plazo de un mes, los interesados pueden interponer el recurso en el plazo de 2 meses contados desde el transcurso del mes aludido.
• En los casos en los que se ha interpuesto recurso de reposición el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de 2 meses desde que sea desestimado expresamente o desde que se entienda desestimado por silencio administrativo.
• En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer el recurso será de 2 meses salvo que legalmente se establezca otro diferente.

El recurso contencioso-administrativo se inicia por un sencillo escrito que debe contener:

• La identificación del que interpone el recurso o recurrente, y el órgano al que se dirige.
• La disposición, el acto, la inactividad o la actuación administrativa que se recurre.
• La firma del Abogado y, en su caso, la del Procurador.

A este escrito se acompañan el documento en el que se contenga el acto que se recurre y aquellos otros que acrediten que se han cumplido los requisitos necesarios para poder interponer este recurso.

Fuente: IABOGADO.COM

LEGITIMACION PASIVA DE PARTICULARES EN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

Ante la pregunta de un compañero, en un foro en el que participo, sobre si puede plantearse demanda contra un particular en un procedimiento contencioso - administrativo en el que se solicita responsabilidad patrimonial a la Administracion, considerando que el particular demandado es coparticipe del hecho por el que la Responsabilidad se exige, una buena compañera colgo este comentario que, por lo interesante del tema y por lo clarificador de las dudas que pueden surgirnos en este tipo de supuestos, paso a insertar en el blog.

El hecho es que, en multiples ocasiones, ante un daño causado por la Administracion Publica en el cumplimiento normal o anormal de un servicio (supuesto de exigibilidad de responsabilidad ex Ley 30/1992), aparece que, para la generacion del daño ha intervenido necesariamente un particular no vinculado a la Administracion y por tanto, estrictu sensu, no legitimado pasivamente en la Jurisdiccion. Podiamos entender en este caso que teniamos la obligacion de exigir el daño causado por la Administracion en via contencioso - administrativa y, por otro lado, la responsabilidad del particular en via jurisdiccional civil. Esto evidentemente supone el principal problema u obstaculo de necesariamente ambas sentencias deberian pronunciarse sobre la relacion de causalidad en la produccion de dicho daño y la participacion o culpabilidad civil de cualquiera de los demandados (Administracion o particular) en el mismo. Con esta acumulacion o absorcion , (por llamarla de alguna manera) de la accion civil en la accion contencioso administrativa puede evitarse, y de hecho se evitan, los pronunciamientos contradictorios en sentencias dictadas basandose en el mismo hecho objetivo productor del daño, en dos ordenes jurisdiccionales distintos.

Aqui lo dejo.

"Con la nueva LRJCA de 13 Jul. 1998, y con la reforma del art. 9.4 de la LOPJ se han resuelto las dudas que se plantearon acerca de la jurisdicción competente en los casos de codemanda de la Administración junto a particulares. Hoy, ya no hay duda de que la jurisdicción contencioso-administrativa es la competente para conocer todas las demandas de resarcimiento que se entablan contra la Administración."

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Artículo 9. Redacción según Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

4. Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.

Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva.

También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas.

PRESENTACION DE LA QUERELLA EN PRENSA

sábado, 6 de diciembre de 2008

Y aqui les dejo lo que publica sobre el tema, en el dia de hoy, el Periodico la Provincia, con foto incluida de nuestro Presiente, Joaquin Sagaseta, del Dierector del Procedimiento Jose Manuel Rivero, y de nuestra Procuradora, Maria del Carmen Quintero.

PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Justicia y Sociedad presentó ayer una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra los máximos representantes del Partido Popular en Canarias, José Manuel Soria y Manuel Fernández, por el caso del salmón. Uno de los representantes del colectivo de juristas, José Manuel Rivero, manifestó al respecto que el vicepresidente del Gobierno de Canarias "utiliza la triquiñuela para tomarnos el pelo", después de comprobar mediante el vídeo oficial del Parlamento de Canarias la noticia adelantada el pasado jueves por LA PROVINCIA: que Soria no dijo la verdad ante la jueza que le mantiene imputado por cohecho.

Rivero explicó, tras presentar la querella en la que acusa de un presunto delito de cohecho a Soria y de negociaciones prohibidas a funcionario público a Fernández, que el número dos del Ejecutivo regional, "como imputado, tiene el derecho a guardar silencio, el derecho a mentir y el derecho a decir lo que quiera cuando declaró, y es insostenible que ahora diga que quiso decir otra cosa porque no se le preguntó. Cuando hay unas diligencias penales y cuando se declara como imputado, no se puede dejar lugar a dudas de ningún tipo", explicó Rivero, al que le acompañaban en la personación el también abogado Quino Sagaseta y la procuradora María del Carmen Quintero.

Justicia y Sociedad presentó la querella ejerciendo la acción popular en el procedimiento, y en ella hace una cronología del camino que siguió el expediente administrativo presentado por el empresario Björn Lyng (ya fallecido) en el Cabildo de Gran Canaria "con un gran número de anomalías".

"Lo expuesto hay que ponerlo en relación con el viaje realizado por el aquí querellado, señor Soria López, entre los días 22 y 28 de agosto de 2005, con el empresario noruego antes mencionado y utilizando el jet privado de éste", continúa la querella.

Además, el colectivo de juristas destaca la "relevante" actuación de Fernández, que trabajaba como asesor del Grupo Anfi del Mar, propiedad del ya fallecido Björn Lyng.

SIGUE NADANDO EL SALMON

Publican los medios, al menos los que he consultado por internet, la noticia de la querella presentada por la Asociación en la que me honra estar incluida, Justicia y Sociedad, contra el Vicepresidente del Gobierno de Canarias y otros (vamos a remitirnos a lo que dice la prensa pa no aburrir). El hecho es que es una querella estudiada desde hace mas de año y medio que, por diversos motivos estaba durmiendo el sueño de los justos para desanimo de los que componemos la asociación, y de quien suscribe en particular. Cuando estaba lista y preparada para ser presentada, nos salta el querellado con aquel famoso comentario de que "tengo facturas de todo de todo de todo" ante esto, con buen criterio por parte de los compañeros que dirigen el procedimiento, y teniendo en cuenta que lo que se interponía era una querella (no olvidemos el tema de las costas en el procedimiento penal), se iniciaron unas Diligencias Preliminares con resultado de una dilación no deseada que aun dura.

Pero como todo no puede ser inmunidad a toda costa para el querellado, nos encontramos con el inicio de las Diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupcion del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que no puede por menos que causarnos una inmensa satisfacción, y aquí estamos. Querella presentada, que no denuncia o personacion por las buenas, y a intentar que se averigüe la existencia del delito y de sus presuntos responsables.

Solo he de añadir que los compañeros que dirigen el procedimiento ostentan una solvencia profesional y personal carente de toda duda, y que desde esta asociación se hará todo lo posible por intentar paliar de alguna manera, la situación de impunidad que desde hace demasiado tiempo venimos padeciendo en nuestras islas, mas propia en algunos casos de una república bananera que de una democracia con todas las de la Ley. Además, es curioso como coincide esta noticia con el día en que celebramos que nuestra Constitución es una treintañera, ya se le supone un poquito de madurez y, aunque con ganas de salir de fiesta y buscarse un marido o pareja estable, hecho que puede hacerla descentrarse un poquito, también es indudable que ha pasado de la zona de peligro que los veinte años suponen.

Del tema de los salmones y de lo que vendrá después tendremos que esperar acontecimientos, mirar las cosas con perspectiva y con cautela y nunca olvidarnos de donde estamos y las consecuencias que puede tener el sitio en el que nos encontramos, tanto física como moralmente, pero si es cierto que el deseo de muchos de los que apoyamos la iniciativa de la querella de nuestra asociación deseamos fervientemente que el barco llegue a buen puerto (o el avión privado, cada uno que se quede con lo que quiera)

Un cordial, animoso y rosadito saludo

NO ME PUDE RESISTIR

martes, 2 de diciembre de 2008

Es eso, no pude resistirme... Ya he dicho en mas de una ocasión que lo mío no es la actualidad, ni mucho menos, pero es que fué verlo y tener que ponerlo aqui.

No me digan que no aclara a la perfección lo que muchos (salvo una pequeña, mínima, diminuta minoría) estamos sintiendo desde hace tiempo.

Ahí se los dejo.

SI ES QUE...

Pues si, pues si, dandome cuenta yo en este momento que un cumulo de trabajo ingente me habia impedido tomarme un respirito para poner un poco de alegria a las burradas nuestras de cada dia. Y que mejor momento que hoy!! Acabo de leer el titular de un articulo en Canarias Ahora (no lei el articulo entero porque el ataque de risa aun me dura y me impide ver las letras con claridad), en que se se anunciaba como una "miembra" del Consejo General del Poder Judicial señalaba sin sonrojo propio pero si de terceros, que la Justicia en España estaba "normalizada".

Amos a ver querida señora (Señoria Ilustrisima que creo que es ese el tratamiento), de que Justicia y de que España habla usted?? Y lo que es mas importante: Canarias sigue estando en España?? porque a raiz de estos datos creo que la delimitacion del territorio patrio tiene que haber variado, si o si. Finalmente nos encontraremos en que nos diran que no, que lo que pasa en Canarias no cuenta porque como estamos mas cerca del continente Africano que del Europeo...pos eso, no sea que se le vayan a estropear las estadisticas a nadie.

Ejemplo; para un unico Juzgado de lo Mercantil en Las Palmas de Gran Canaria, con un unico Juez, un unico Secretario Judicial y una media de 15 funcionarios (creo que son menos, ne corregiran si me equivoco) tenemos una entrada de TRES MIL ASUNTOS, solo este año, a los que hay que añadir los que ya estaban de antes.

Sigo sin entender dos conceptos: de que pais hablaba Su Señoria, y que cree ella que significa "normalizado".

Un cordial, cabreado y rosadito saludo.

SE MODIFICA EL REGLAMENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL

sábado, 29 de noviembre de 2008

Publica esta noticia el Diario Publico, en el dia de ayer. Ahora se modifica el Reglamento sancionador en materia de trafico y seguridad vial, que hasta la fecha resultaba en muchos aspectos, lamentable. Pero la duda que nos queda es si este cuyo anteproyecto se ha aprobado sera mejor que el anterior, y asi a bote pronto, estoy apreciando una seria disminucion de garantias para el administrado que no me estan gustando demasiado.

Ya en su momento comente, en relacion con la centralizacion del organo encargado de emitir las denuncias de trafico (las apreciadas por exceso de velocidad en los radares que existen en toda España) el automatismo de este sistema previa evidente vulneracion de los mas basicos principios de procedimiento sancionador, como es el de presuncion de inocencia (ahora no existe, hemos pasado de la presuncion de veracidad de las manifestaciones de los Agentes, a la presuncion de veracidad erga omnes de una maquinita). Pues entiendo que esta nueva vuelta de tuerca del sistema, utilizando para ello palabras como "agilizacion del sistema" o "garantias", y poniendo el acento en la proporcionalidad de las sanciones, no hace mas que agravar el asunto en contra de los derechos del particular, y evidenciando un animo recaudatorio que escapa a cualquier actuacion administrativa en esta materia.

Sobre la proporcionalidad, solo una valoracion: Es un principio fundamental del procedimiento, y no tendria que hacerse incapie en la misma si realmente la administracion hubiese aplicado este principio en toda su actuacion sancionadora, como era su obligacion. En lugar de eso nos hemos encontrado en muchas (demasiadas) ocasiones, con quiebras de este basico principio imponiendo la sancion mas alta de las posibles sin siquiera motivar por que se hace. Ante esto el ciudadano no podia sino pagar la sancion impuesta y, despues, recurrirla (no olvidemos tampoco la ejecutividad directa de las sanciones administrativas, donde quien mas quien menos se ha encontrado con embargos en sus cuentas corrientes aun estando en fase de recurso el procedimiento).

Pero bueno, es solo un anteproyecto. A ver que sale de todo esto y si finalmente mejoran la reforma legislativa o, lo que es mas probable que ocurra, que la empeoren y tengamos que protestar un poco mas.

Aqui les dejo la noticia.

El Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de ley para la reforma del procedimiento sancionador en materia de seguridad vial, que contempla una única notificación, en lugar de tres, y "premia" el "pronto pago" de los infractores con un descuento del 40% del importe de las multas.

Estas son algunas de las novedades que incorpora la reforma del procedimiento sancionador, que el Consejo de Ministros remitirá a las Cortes, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien además ha subrayado el hecho de que las cuantías de las multas vayan a ser "proporcionadas al peligro potencial creado por el conductor".

Así, se fijan las cuantías de las multas en 100 euros para las infracciones leves, 200 para las graves y 500 euros para las muy graves, pero éstas podrán incrementarse hasta en un 30% atendiendo al "peligro potencial creado".

Además, se fija la cuantía de la sanción por exceso de velocidad en función del número concreto de kilómetros que se exceda sobre la velocidad máxima permitida.

El cuadro de las sanciones se revisa e incluso se eliminan algunas de las actuales, como la suspensión del permiso de conducción para las graves; sólo se podrá suspender en las muy graves y en dos meses (actualmente es entre uno y tres meses).

Por contra, se incluyen otras, como la suspensión del permiso si no se identifica al conductor del vehículo con el que se ha cometido una infracción, o la prohibición para los extranjeros no residentes en España que cometan infracciones de utilizar el vehículo durante un mes, además de anotar la pérdida de puntos.

Los infractores tendrán la posibilidad de concluir el procedimiento sancionador en 15 días, mediante el pago voluntario de la sanción con una reducción de un 40% de la multa (ahora es de un 30) y, además, la reducción en ese porcentaje del tiempo de suspensión del permiso.

En los supuestos en los que el infractor ni pague ni haga alegaciones o proponga pruebas, el procedimiento se dará por concluido en un mes y la sanción será firme y ejecutiva.

También se revisa el sistema de responsabilidades cuando la infracción se haya detectado a través de un radar sin que se haya detenido al vehículo, lo que obliga a identificar al conductor para iniciar el procedimiento.

En estos momentos, la identificación del infractor es responsabilidad del titular del vehículo, pero cuando se apruebe la reforma se trasladará esa responsabilidad a la persona que se designe como conductor habitual del mismo, al considerar que está en mejores condiciones para conocer quien conducía.

La reforma también abrevia los trámites de las notificaciones y lo hace utilizando también de los medios electrónicos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) asignará obligatoriamente a las empresas o sociedades que sean titulares de un vehículo una dirección de correo electrónico (Dirección Electrónica Vial -DEV-) donde se les notificarán las infracciones.

También podrán recibir las notificaciones por vía telemática los particulares que lo soliciten.

Además, se creará un Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico en formato digital, en donde se publicarán las notificaciones que no puedan hacerse en la DEV o en el domicilio, y que va a sustituir a la obligada publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, del Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia.

El coste estimado de la puesta en marcha de esta ley asciende a 6.000 euros, según el Gobierno, que asegura que van a ser financiados con cargo a los presupuestos ordinarios de la DGT.

Con este procedimiento se van a cobrar prácticamente el cien por cien de las multas (en algunos ámbitos el 40% de las multas queda sin cobrar), según el Ministerio del Interior, quien destaca además el ahorro en servicios postales con el uso de medios telemáticos.

Interior considera que el actual procedimiento sancionador es excesivamente largo y que el sistema de notificaciones es poco operativo, y por ello ha considerado necesario reducir el tiempo que transcurre desde que se comete la infracción hasta que se impone la sanción, mediante un procedimiento más ágil.

Fuente. Diario Publico. es

ACTUALIDAD

viernes, 28 de noviembre de 2008

Me lo han pedido, en serio. Me han dicho expresamente que falta en mi blog la mencion expresa a varios temas juridicos que se suponen de "actualidad".

De una parte la confirmacion de la Audiencia Nacional de la falta de competencia para el enjuiciamiento de los crimenes del franquismo. Previamente el mismo Garzon habia reconocido su propia incompetencia (mira que suena mal asi expresado), que mas hay que decir?? Como se valora juridicamente la decepcion de las familias de las victimas esperanzadas por este movimiento judicial.... Y creanme cuando les digo que el Auto incial de Garzon me habia parecido, cuanto menos una creacion judicial interesante. Estaba fundamentado, no vayan a pensar.

Por otro lado tenemos la declaracion en calidad de imputado del Vicepresidente del Gobierno de Canarias imputado en no se cuantas cosas. Curioso de este hecho que dijese sin ponerse colorado que en el avion iba durmiendo y por eso no se pudo hablar del presunto favor que le hizo al mismo que le llevaba de viaje. Curioso.

Por ultimo, la decision judicial sobre los simbolos catolicos en las escuelas: Que quieren que les diga?? que se aplican con esto las normas del ordenamiento juridico?? y eso tiene que sorprendernos?? pues si, para que nos vamos a engañar. En este pais aun hay cosas que ni los Juzgados tocan (o tocaban como se ve)

Pues no, no voy a hacer mas comentario. Siempre me ha parecido que los temas juridicos son interesantes o no, con independencia de las modas o las actualidades. Ademas, parece que ha hablado ya demasiada gente dado demasiados puntos de vista sobre estas cuestiones y nada mas puedo aportar salvo el hecho de dejar constancia aqui de que acepto "sugerencias del publico".

No se me malinterprete, evidentemente (no lo escondo), soy de las que se ha quedado a medias con el tema de la Audiencia Nacional, por ejemplo. De hecho tengo valoraciones que pueden exceder hasta de lo que se considera radicalismo en este tema. Mas aun con la previa declaracion de incompetencia de Garzon sin haber conocido aun la resolucion del Pleno de la Sala. No nos vamos a engañar, en este pais no puede prejuzgarse, pero eso es lo que parece ha pasado.

Tampoco puedo negar mi satisfaccion por las resoluciones judiciales (me comentan que hay dos) relativas a las imagenes catolicas en las aulas. Ya bastante hemos tenido nosotros con tener que ir a clase con la imagen en lugar bien visible de un señor asesinado, sangrante, doliente y sufriente. Es bueno que las nuevas generaciones crezcan sin ese lastre inducido, ya que si quieren aceptarlo por propia conviccion tambien hay libertad de culto en este pais.

Por ultimo, esperemos a ver en que queda el tema de la pesca, y si no se lo va a acabar cargando algun pobre pescador de la puntilla, donde por otro lado nunca se ha visto un salmon.

Pero todas estas impresiones no son juridicas, son valoraciones personales y como tales no puedo abstraerlas de ese campo para trasladarlas a la objetividad del derecho.

Asi que ya esta dicho. No tengo nada mas que añadir, pero lo que si es cierto es que la actualidad no es lo mio.

Besos rosaditos

JORNADAS SOBRE DELINCUENCIA ECONOMICA

sábado, 22 de noviembre de 2008

Se han celebrado, los días 20 y 21 de este mes (osea, antes de ayer y ayer) las Primeras Jornadas sobre delincuencia Económica, en el Sur de Gran Canaria.

Como participante en las mismas, evidentemente en mi condición de atenta oyente, me gustaría dar mi valoración sobre las mismas, y que mejor sitio para hacerlo que mi propio blog.

Realmente han sido unas jornadas interesantisimas, cosa que habrán apreciado todos los compañeros que han asistido a las mismas, pero como lo mio no es el bombo gratuito, y además, resulta evidente la alta calidad de las Jornadas a raíz del nivel de los conferenciantes y los temas tratados, si que quiero dejar constancia de un par de cositas que considero "mejorables" (aunque no es la palabra adecuada):

La primera de las Ponencias, del Ilmo. Sr. D. Juan Moral de la Rosa, relativa a "Los derechos de los socios ante la situación de crisis" me pareció francamente flojita (en palabras llanas). Se trataba nada menos que de un Fiscal de la Audiencia Nacional y ante eso, las espectativas, por lo menos las mías, apuntaban a un nivel superior al que finalmente se dio. Se trato de una ponencia demasiado genérica a mi juicio, que no entraba en profundidad a supuestos concretos de utilidad para Letrados como quien suscribe que se encontraban en la Sala.

Falto a mi juicio, alguna ponencia mas en relación a los delitos urbanísticos, por otro lado perfectamente expuestos por el Ilmo. Sr. Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo D. Javier Rodenas Molina, única ponencia sobre el particular del Congreso, máxime siendo un problema tan candente en la actualidad (o quizá porque a esta que escribe le gusta mucho el tema y le gusta oír hablar mas del mismo)

Por ultimo, dado el nivel de los ponentes, lo interesante de las ponencias y lo importante de los temas a tratar, que las Jornadas se concentraran en un día y medio me pareció un poco demasiado. Quiero decir que haberlo prolongado, al menos, un día mas y permitir ponencias de mas de 45 minutos para cada uno de los intervinientes habría sido, a mi juicio, mas acertado.

Aun con estos pequeños detalles, las Jornadas, las ponencias y los temas a tratar me parecieron interesantisimos, como ya he dicho, y espero que se repitan.

SEIS CONTRA UNA, ESTO ES UN ABUSO!!

Hoy me he levantado con el día reflexivo. Tengo entre manos desde hace semanas la preparación de una serie de escritos de alegaciones para contrarrestar las declaraciones de una serie de imputados en un procedimiento en el que me encuentro, sola ante el peligro, como acusación particular.

En este punto, en el que muchos de nosotros nos hemos visto en mas de una ocasión, echamos de menos una actuación mas contundente del Ministerio Publico, al que por otro lado no podemos esperar demasiado dada la evidente avalancha de trabajo que padecen y la ausencia de refuerzos en muchos asuntos. Pero en este caso en concreto, vería como no me encuentro sola contra seis, estaría acompañada por otro contra esos seis, un pequeño consuelo al sentirse respaldada.

El hecho cierto es que una se plantea si realmente merece la pena embarcarse en luchas titánicas contra un montón de gente que, además, cuenta con medios mas que suficientes para bombardearnos con sus solicitudes, reclamaciones, requerimientos, escritos y diligencias durante al fase de instrucción, cuando, como ya he dicho, una sola tiene que estar pendiente de los mas mínimos detalles de dicha avalancha para que los presuntos "malos" no se vayan de rositas.

Para mas INRI en el supuesto que planteo (por el tipo de delito por el que se inician las Diligencias Previas) la Instrucción es especialmente engorrosa por la cantidad de documental que se acumula en la misma para la acreditacion de la comisión del ilícito. En suma, hay que retornar con insistencia a los Autos para cualesquiera alegaciones que se desee realizar, así como solicitar los Oficios y exhortos correspondientes para la aportación de nueva documental a la causa. La prueba testifical en este supuesto es de carácter accesorio y su evaluacion, compleja.

Así retorno a la que fue mi inicial queja, y la que por otro lado da origen a mi post. La inmensa soledad en que se encuentra el Letrado de la Acusación Particular en estos supuestos. Como ya comente, dado el nivel de trabajo en que se encuentra inmersa la Fiscalía a día de la fecha, y siendo esta la única parte coadyuvante (por utilizar terminologia de otras jurisdicciones) a la acusación particular, corremos el riesgo de que la Instrucción realizada no llegue a ser todo lo exhaustiva que debería, y que queden en el aire hechos o imputaciones que no han podido ser lo suficientemente estudiadas cuando las Diligencias de Instrucción concluyen y se da Apertura al Juicio Oral del Procedimiento.

Frente a todo esto, únicamente la advertencia al compañero de conocer perfectamente donde se mete cuando inicia procedimientos de este tipo, y una encarecida solicitud de cooperación al Ministerio Publico para dejar de sentirnos tan abandonados.

EL CGPJ ESTUDIA COMO RETIRAR A LOS JUECES QUE TIENEN MERMADAS SUS CAPACIDADES

jueves, 13 de noviembre de 2008

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado abrir una "amplia reflexión" y un estudio sobre posibles incapacidades o jubilaciones forzosas de jueces que por circunstancias médicas podrían tener mermada su capacidad, lo que les limitaría para desempeñar sus funciones.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, a raíz de la decisión del pleno de suspender de funciones durante cinco meses a la magistrada titular del juzgado número 2 de Gijón, Rosario Fernández Hevia, por retrasos reiterados en la resolución de procesos.

El pleno, según Bravo, ha acordado por unanimidad dicha sanción por una falta muy grave de retraso reiterado, así como imponer a la juez una multa de 400 euros por una falta grave de desatención a los requerimientos de informe efectuados por el órgano de gobierno de los jueces.

"Consideramos que es de suma importancia dada la gran relevancia que tiene el ejercicio de la función jurisdiccional"

El 20 de junio de 2007, el Consejo acordó abrir expediente disciplinario a esta magistrada, que acumula 148 casos pendientes de sentencia y que en 2001 fue separada del cargo de juez decana de Gijón por sus críticas a la pasividad del Ministerio Fiscal en los casos de malos tratos a mujeres.

Bravo ha explicado que para la determinación de la sanción a Fernández Hevia han tenido en cuenta "las especiales circunstancias médicas que afectan a esta persona".

Además, ha indicado que el pleno ha entendido que estas circunsancias "han podido aminorar la responsabilidad en los retrasos y en su actuación".

Todo ello, según ha dicho, les ha llevado a abrir una reflexión en materia de posibles incapacidades o jubilaciones forzosas.

"Somos conscientes de que hay determinados supuestos que nos podemos encontrar de personas que pueden estar afectadas con determinadas enfermedades y que sufren una merma importante en su capacidad, tanto volitiva como intelectual, y que en consecuencia seguramente ello les limitaría para el desempeño de sus funciones jurisdiccionaes", ha añadido.

La portavoz del Consejo ha indicado que el pleno ha acordado abrir un estudio de "aquellas situaciones en las que podrían verse afectados los titulares de los órganos jurisdiccionales, puesto que consideramos que es de suma importancia dada la gran relevancia que tiene el ejercicio de la función jurisdiccional".

El juez Calamita

Por otra parte, el pleno del CGPJ ha acordado por unanimidad confirmar la suspensión provisional del juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita.

La suspensión de empleo y sueldo fue acordada por el Consejo el pasado mes de febrero después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia admitiera la querella presentada contra él, por retrasos, por una mujer que hacía casi dos años había iniciado un expediente para adoptar a la hija de su esposa.

Ferrín Calamita, quien a partir del próximo 24 de noviembre será juzgado a raíz de este caso por un presunto delito de prevaricción, reclamó al CGPJ que dejara sin efecto tal medida porque, según alegó, él y su familia, compuesta por nueve personas, no pueden subsistir.

Fuente: Periodico Publico.es

DISPERSION DE LOS JUZGADOS Y RETRASOS EN LOS JUICIOS

Miguel Losada, decano de los jueces de Las Palmas de Gran Canaria, lamentó este miércoles en el programa El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO que "la dispersión de juzgados provoca retrasos en los juicios", además de entender que la ubicación dispersa de estas instancias judiciales -"desde San Telmo hasta el final de Vegueta"- e incluso el estado de algunos locales alquilados por el Gobierno de Canarias para albergar juzgados "es muy gravoso" para los operadores judiciales y para los ciudadanos.

Losada, que confirmó su petición de excedencia en la carrera judicial para dedicarse a la abogacía, confía en que se cumplan "las últimas referencias oficiosas del Gobierno", que calcula que en 2010 "esté operativo el Palacio de Justicia" de Las Palmas de Gran Canaria.

Sobre las instalaciones donde el Gobierno alberga diferentes juzgados dispersos mientras construye el Palacio, el decano de los jueces del primer partido judicial del Archipiélago admitió que alguna de ellas son "inadecuadas, con escaleras que no pueden utilizar personas minusválidas o con falta de aseos en otros casos", así como la ausencia de accesibilidad desde la calle en otro de los inmuebles, donde se ubica el Registro Civil, "que es un calle privada en la trasera de Rafael Cabrera y al que no puede acceder con su coche, por ejemplo, una persona mayor que vaya a solicitar una fe de vida".

Losada, que durante la entrevista relató el "colapso total" que vive el Juzgado de lo Mercantil del que todavía es titular, alabó el esfuerzo de los funcionarios de la Administración de Justicia, que "en muchos casos se acercan a la calle -en el caso de la calle privada del Registro Civil- para que los ciudadanos firmen la documentación que requieren en plena vía".

Fuente: Periodico Digital Canarias Ahora

PRINCIPIO NON BIS IN IDEM

Aqui dejo una pequeña fundamentacion acerca del principio non bis in idem, como saben, aplicable a la duplicidad de procedimientos en via administrativa y penal sobre los mismos hechos.

A los efectos señalados, expone la Doctrina y Jurisprudencia el concepto y alcance del Principio non bis in ídem, en relación a los expedientes sancionadores en el ámbito administrativo, "....el principio general de derecho conocido por non bis in ídem supone, en una de sus más conocidas manifestaciones, que no recaiga duplicidad de sanciones -administrativa y penal- en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento sin existencia de una relación de supremacía especial de la Administración -relación de funcionario, servicio público, concesionario, etc...- que justificase el ejercicio del ius puniendi por los Tribunales y a su vez de la potestad sancionadora de la Administración..." (STS 2/1981). Posteriormente, se declaró que dicho principio impide que, a través de procedimientos distintos, se sancione repetidamente la misma conducta, pues "...semejante posibilidad entrañaría, en efecto, una inadmisible reiteración en el ejercicio del ius puniendi del Estado e, inseparablemente, una abierta contradicción con el mismo derecho a la presunción de inocencia, porque la coexistencia de dos procedimientos sancionadores para un determinado ilícito deja abierta la posibilidad, contraria a aquel derecho, de que unos mismos hechos, sucesiva o simultáneamente, existan y dejen de existir para los órganos del Estado..." (SSTC 159/1987 y 77/1983).

DENUNCIAS POR DELITOS ECONOMICOS

P. G.- LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha detectado un aumento de las denuncias relacionadas con la delincuencia económica, según explicó ayer la fiscal delegada de esta materia en Canarias, Evangelina Ríos Dorado. "Cada año aumenta el volumen de trabajo", aseguró Ríos, quien explicó que las denuncias que llegan a manos del Ministerio Público son presentadas, fundamentalmente, "por la Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)".

Según explicó Evangelina Ríos, que estuvo acompañada en la rueda de prensa por su compañero Jorge Pobre, "un gran número de las denuncias que se presentan en materia de delincuencia económica acaba en querella por parte de la Fiscalía", después de una investigación "bastante compleja", apuntó Pobre.

Los dos fiscales, junto con el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, y el penalista José María Palomino, presentaron las I Jornadas de Delincuencia Económica, que se celebrarán los días 20 y 21 de noviembre en el hotel Costa Meloneras y que serán coordinadas por Armando Betancor, responsable de Juris Comer Canarias.

Importantes especialistas en materia económica del mundo del derecho se darán cita en las mismas, entre los que destaca el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, magistrado ponente de la sentencia de los atentados de Madrid.

Fuente: La Provincia

3,500 EUROS DE PENSION

miércoles, 12 de noviembre de 2008

Un niño sevillano tendrá que disponer de servicio doméstico, una "vivienda digna", una educación privada bilingüe "reservada a una élite social", "ropa cara" y "atención sanitaria privada". El titular del juzgado de Familia 7 de Sevilla, Francisco Serrano, considera que el hijo de una pareja que se ha separado debe recibir todas estas atenciones.

Un niño sevillano tendrá que disponer de servicio doméstico, una "vivienda digna", una educación privada bilingüe "reservada a una élite social", "ropa cara" y "atención sanitaria privada". El titular del juzgado de Familia 7 de Sevilla, Francisco Serrano, considera que el hijo de una pareja que se ha separado debe recibir todas estas atenciones. Y por eso fija una pensión mensual de 3.500 euros, que deberá abonar el progenitor, un catedrático con un "importante" nivel económico.

Serrano establece esta elevada suma -el padre solicitó pasarle a la madre sólo 300 euros al mes- teniendo en cuenta los cuantiosos "activos inmobiliarios" del progenitor. Según el magistrado, con los 3.500 euros se logrará evitar el "profundo desequilibrio" económico entre la madre y el padre y así se impedirá que en el futuro el niño se decante por vivir con el progenitor en vez de con su progenitora "por un puro y libertino capricho".

Según la sentencia recogida ayer por Europa Press, el crío tiene ahora sólo dos años. Pero el juez Serrano pone su vista en el futuro, cuando el niño crezca y se convierta en un adolescente. De acuerdo con el razonamiento del magistrado, cuando los menores adquieren uso de razón y su "egoísmo" supera sus vinculaciones afectivas, "confunden su verdadero interés con el de una voluntad manipulada, alienada y marcada" por el interés económico.

Estabilidad emocional

Lo que pretende Serrano, según la exposición que hace en la sentencia, es que el crío no se decante cuando crezca por el hogar "en el que obtenga más beneficio". "Lamentablemente cada vez más se reproducen esos episodios que causan estragos en la estabilidad emocional y psicológica de los adolescentes", agrega el juez, quien asevera que dicho perjuicio "es el que se pretende evitar estableciendo una cuantía de pensión proporcionada al caudal, medios, recurso, bienes y poder económico del padre". Si no, se sufriría el riesgo de que cuando el niño tenga unos 10 años y el progenitor unos 70 se produzca una situación de "alienación parental invertida", añade la sentencia.

Serrano sostiene que es "casi ofensivo" que el padre pretenda "desentenderse" de sus responsabilidades "abonando como pensión alimenticia la ridícula cuantía de 300 euros". Según el magistrado, el progenitor sólo necesita desprenderse de una "ínfima" parte de su patrimonio para poder hacer frente a los 3.500 euros mensuales de pensión que se le requieren.

"No pueden existir hijos de primera y segunda categoría, no pudiendo el hecho puntual de un alumbramiento imprevisto, fruto de un embarazo no deseado, servir de justificación para eludir el cumplimiento de las responsabilidades que comporta el ejercicio de la patria potestad", afirma Serrano.

En la sentencia el juez impone la obligación a la madre de matricular el curso que viene al menor en un colegio bilingüe, algo con lo que el progenitor también se ha mostrado de acuerdo.

Fuente: Periodico El Pais

RENOVACION EN LA SECCION PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS

Se avecinan cambios en nuestra Ilma. Audiencia Provincial, solo hay que esperar a ver la decision que se adopte, pero, con sinceridad, Hay comparacion?? Yo creo sinceramente que no y que al poner en comparativa a una y otra figura judicial se ve mas a las claras quien esta capacitado y quien no para ocupar la Presidencia de la Seccion Primera. A buen entendedor....creo que no voy a tener que explicarle nada ya que el Articulo de prensa es suficientemente clarificador.

Los magistrados Miguel Ángel Parramón y José Antonio Martín, instructor el primero del caso eólico e imputado el segundo por la derivación eólica del caso Bornia, por un supuesto asesoramiento de Martín al entorno de un narcotraficante pendiente de juicio en la Sala que presidía, optan a presidir la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas mediante concurso, al producirse en la misma la vacante del magistrado Salvador Alba, que pasa a reforzar la Sección Sexta.

José Antonio Martín, ex presidente de la Audiencia de Las Palmas suspendido en su cargo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz del caso Bornia, se enfrenta a un supuesto delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, del que le ha acusado el Ministerio Fiscal en el caso abierto en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a raíz de las primeras investigaciones de Miguel Ángel Parramón, que detectó esas supuestas negociaciones prohibidas de José Antonio Martín por medio de uno de los investigados en Eolo, Wilebaldo Luis Yanes, para asesorar antes del juicio en su propia Sala al entorno del narcotraficante Rafael Bornia.

El ex presidente de la Audiencia, al que el fiscal solicita dos años de inhabilitación y 9.000 euros de multa en su escrito de calificaciones, pretende citar a declarar en su juicio como testigo al propio Miguel Ángel Parramón, además de al ex presidente del TSJC, Fernando de Lorenzo, al fiscal jefe, Vicente Garrido, y a otros tres magistrados supuestamente conocedores de la investigación original de Parramón a Martín, sus compañeros de Sala Emilio Moya y José Luis Goizueta, además de María Oliva Murillo y el fiscal antidroga de Canarias, Javier García Cabañas.

La defensa de Martín, en manos del letrado Nicolás González-Cuéllar, negó recientemente en su escrito de conclusiones que el ex presidente de la Audiencia, que ahora opta a presidir la Sección Primera, hubiera asesorado a Wilebaldo Luis Yanes o cualquiera de los hermanos Bornia, y pretende demostrar la ilegalidad del proceso abierto con la citación de magistrados y fiscales como testigos al mantener que estos conocían la existencia de una investigación contra su cliente, y nunca pusieron en duda la ecuanimidad de José Antonio Martín en la vista sobre libertad de Bornia de julio de 2005, ni se tomaron medidas cautelares para que no interviniera.

La defensa de Martín pretende también demostrar que no se ha determinado si el juez Parramón puso de inmediato en conocimiento del presidente del TSJC la investigación derivada de la trama para amañar el concurso de asignación de potencia eólica del Gobierno de Canarias sobre el ex presidente de la Audiencia Provincial, al ser éste persona aforada.

Y ahora vamos a la segunda parte del Articulo, vamos a ver estimado Sr. Periodista: Ya hace unas semanas me sorprendio encontrar estas mismas lineas en otro apartado del mismo periodico, pero como no queria que se me tachase de nada, en lugar de publicarlo en este blog, colgué un comentario en la noticia en la página web donde se publicaba.

Días más tarde pude comprobar como el mismo medio publicaba una carta del Magistrado al que se refieren en la noticia, señalando que resultaba manifiestamente falso lo comentado en la noticia en cuestion y ahora, casi un mes despues, vuelve a aparecer el mismo texto, incluido en otra noticia, evidentemente, puesto que es el mismo, incurriendo en las mismas contradicciones de la primera publicacion. Vale, no soy periodista. Vale tambien que no puedo dar lecciones de etica periodistica porque desconozco sus pormenores, pero lo menos que se podia haber hecho, a mi juicio, es volver a incluir tambien la carta abierta que comentaba, para ayudar a aclarar conceptos. Vamos, digo yo, a no ser que exista un especial animo de desprestigio frente a este Magistrado en concreto, al que no defiendo personalmente, porque no le conozco personalmente, mas que en determinadas actuaciones judiciales que en su Sala he celebrado. Pero esto esta muy feo.

Una Sección con otros dos magistrados enfrentados

Ahora, según ha podido saber este periódico, al menos José Antonio Martín y Miguel Ángel Parramón se han presentado al concurso aún no fallado por el CGPJ para ocupar la vacante de Salvador Alba en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, una instancia muy polémica en las últimas fechas a causa de las malas relaciones de sus componentes que se pretende reconducir con estos cambios.

Por escalafón, ambos magistrados tendrían preferencia a la hora de presidir la Sección Primera, por encima de su actual presidenta, Inocencia Eugenia Cabello Díaz. Ésta, como recogió en su día CANARIAS AHORA, fue objeto de graves faltas de respeto por parte del otro magistrado de la Sección, Secudino Alemán, a raíz de un enfrentamiento cuando se celebraban juicios en la isla de Fuerteventura.

El Poder Judicial le abrió un expediente al magistrado Secundino Alemán por esas presuntas faltas de respeto a su presidenta, a la que se enfrentó en Fuerteventura por querer suspender juicios debido a que tenía una reserva de plaza de avión para la una de la tarde de ese día.

El magistrado alegó un ataque de tos para la suspensión de los juicios, a lo que se negaba la presidenta, y que llevó al fiscal a presentar una queja al fiscal jefe del TSJC, Vicente Garrido, y trasladarla éste al presidente del TSJC, Antonio Castro, con la consiguiente apertura de diligencias.

Fuente: Canarias Ahora

HISTORIA DE UN RATON

sábado, 8 de noviembre de 2008

Una furia dijo a un ratón al que en casa se encontró: "Juntos iremos ante la Ley: Yo acusaré! Tú te defenderás!. Vamos! No aceptare más dilación! Un proceso hemos de tener, pues en verdad no he tenido esta mañana otra cosa que hacer!

Dijo el Raton a la energúmena: "tal pleito respetable dama, sin jurado ni juez, no serviría mas que para desgañitarnos inútilmente."

"Yo seré el juez y el jurado" replicó, taimada, la vieja furia, "Seré yo quien diga todo cuanto diga y yo quien a muerte te condene"

Alicia en el Pais de las Maravillas

Lewis Carroll

ESPAÑA IS DIFFERENT PERO NO RACISTA

jueves, 30 de octubre de 2008

Me entero de esta noticia por medio del Blog Secreto de Sumario del Periodista Pedro Guerra y como en demasiadas ocasiones ultimamente, me quedo sin palabras.

No se si por la accion en si misma que no me sorprende tanto dado el caracter "no xenofobo" de parte de la poblacion de este pais o porque las personas encargadas de la sancion correspondiente lo hayan considerado una falta leve de desconsideracion. Hay que tener estomago!!

Aqui les dejo la noticia.

El Fiscal Superior de La Rioja, Juan Calparsoro, ha amonestado al fiscal Eduardo Peña por una falta leve por hacer un comentario racista sobre una mujer nigeriana poco antes de comenzar un juicio en un Juzgado de Logroño. "Abrid las ventanas que la negra huele mal", dijo el fiscal Eduardo Peña ante la inminente entrada de la mujer en la sala donde iba a ser juzgada por un asunto de violencia familiar, ha confirmado Juan Calparsoro.

El incidente ocurrió el pasado día 7 de octubre en el Palacio de Justicia de La Rioja poco antes de que se celebrara la apertura del Año Judicial y fue denunciado al Fiscal Superior por el abogado de la citada mujer. Ante estos hechos, Calparsoro tenía tres opciones: archivar la denuncia, considerar el incidente como grave y trasladar el asunto a la Fiscalía General del Estado para su sanción o actuar él mismo como Fiscal Superior con potestad para sancionar a un subordinado.

Eligió la tercera opción y calificó como falta leve la actuación de Peña, que Calparsoro catalogó como una "desconsideración" hacia la mujer nigeriana como usuaria de la justicia. Eduardo Peña, ex jefe de la Fiscalía de La Rioja, hizo el "desconsiderado" comentario sin que la mujer a la que se refería hubiera entrado todavía en la sala donde iba a ser juzgada y por tanto ella no lo oyó.

Al parecer, poco antes del incidente, algún funcionario del Juzgado comentó al fiscal Eduardo Peña que la mujer nigeriana -que había pasado dos días encerrada en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional sin poder asearse- olía a sudor.

Fuente de la noticia: Diario el Pais

DEL CRIMEN Y DEL CASTIGO

martes, 28 de octubre de 2008

(...) Y vosotros jueces que pretendeis ser justos:

Que sentencia pronunciareis contra quien, aunque honesto segun la carne, es ladron en espitiru?

Que condena impondreis a quien asesina segun la carne cuando el mismo ha sido muerto en el espiritu?

Y como juzgareis a quien en sus acciones es impostor y tirano, si a si vez tambien es ofendido y humillado?

Y como castigariais a aquellos cuyo remodimiento es mayor ya que su delito?

No es remordimiento la justicia administrada segun la ley misma que deseais servir?

Y sin embargo, no podreis imponer el remordimiento en el corazon del inocente, ni hacerlo desaparecer del corazon del culpable.

Vendra en la noche, espontaneamente y sin ser invitado, para que los hombres despierten y escruten su propio corazon.

Y vosotros, los que os pretendeis llamados a entender de lo justo o de lo injusto, como podriais hacerlo si no mirais todos los hechos a plena luz del dia?

Solo asi podriais saber que tanto el que esta en pie como el caido no son sino un solo y mismo hombre, de pie en el crepusculo, entre la noche de su yo grotesco y el dia del dios de su yo.

Y que la piedra angular del tiempo no es superior a la piedra mas hundida que hay en sus cimientos."

GIBRAN JALIL GIBRAN
EL PROFETA

VUELVO AL TEMA, PERO CON HUMOR

Lo dicho, no prometo lo que no puedo cumplir. En el titulo dije que lo iba a hacer con sentido del humor y asi ha sido.

Pero el enfado me dura, no se vayan a pensar...

LO PRINCIPAL, PODER EXPRESARNOS EN LIBERTAD

Y como detalle alternativo para que quede bien clara mi postura ante el hecho comentado anteriormente, aqui les dejo la imagen que es lo suficientemente grafica como para no necesitar más palabras.

Ánimo.

DONDE HA QUEDADO NUESTRA LIBERTAD DE EXPRESION??

Me entero en este momento, me pongo de los nervios y aprovecho para dar mi punto de vista al respecto. Se que lo hago un poco a deshora, pero nunca es tarde, entiendo, para defender lo que uno cree justo.

Pues si, empiezo desde el principio.

Llevamos tiempo padeciendo en nuestras islas como un medio de información, Periódico El Día para mas señas, por medio de sus editoriales, despotrica de lo divino y de lo humano, con nocturnidad, diurnidad, alevosía y hasta dolo indirecto. Ante esto, un medio de esta isla, en concreto el Periódico La Provincia, solicita de determinados jueces y abogados su opinión sobre si esos editoriales pudiesen estar incurriendo en infracciones penales sobre todo de tipo xenófobo. Evidentemente, estos magistrados y compañeros, dan su opinión fundamentada jurídicamente sobre el tema, opinión que se publica en el mismo medio de comunicacion.

Complementariamente, se inicia, mediante denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, unas diligencias informativas por estos mismos hechos (la concurrencia en los editoriales de mensajes xenófobos que pudiesen ser constitutivos de infracción penal). La Fiscalía, ante esto, archiva la denuncia interpuesta basándose en que los comentarios vertidos en los editoriales se encuentran sujetos al Fundamental Derecho a la Libertad de Expresión.

Ahora me entero, y ojiplatica me quedo, de que a causa de nada mas que expresar su opinión en este tema, previa denuncia del autor de las editoriales, se ha procedido a la apertura de diligencias, y no se si a la sancion correspondiente, a estos Magistrados ante el Consejo General del Poder Judicial.

Pues, además de las preguntas que pueden surgirme en estos momentos, porque realmente no entiendo nada, y además me parece fuera de toda lógica, solo quiero hacer una reflexion: Desde aquí mi apoyo a los Magistrados y compañeros que emitieron en su momento esa opinión, sin conocerlos (de verdad, solo conozco a una de las Magistradas), pero sobre la base de que, con independencia del trabajo de cada cual, y de las cautelas que han de tenerse en cuenta a la hora de emitir estas opiniones (que por otro lado me consta se han tenido), no podemos estar tratando, en pleno Siglo XXI de mordazas de este tipo. Me parece correcto que se proteja la libertad de expresión de una persona que dice cosas como "“Canarias sufre una invasión de africanos de raza negra pura –salvo caso de sida o enfermedades contagiosas-, la cual prima sobre la blanca en caso de mezclarse” y en cambio se condene o pretenda condenar a quien da una opinión jurídica, fundada en las normas de nuestro Ordenamiento Jurídico, sobre su parecer ante estos mismos comentarios.

De verdad, no se si se me nota, que estoy indignada. No digo nada mas y quedo a la espera de la querella correspondiente (a la vista de lo que ha pasado)

Lo dicho, buenas noches, un beso rosadito, salud y República.