TEMAS JURIDICOS Y MÁS

domingo, 13 de julio de 2008

Continuamos con la sesion de humor en el dia de hoy. Aqui he colgado algunos post con perlas de sabiduria de personas que nos ayudan a llenar el vacio existencial, al que lo tenga, sin necesidad de colageno.



Como me estaba poniendo pelin pesada con esto de la situacion juridica en el dia de hoy, y como ademas es domingo y no es plan de aburrir a nadie, aqui les pongo un chistecito para relajar el ambiente.

Saludos rosaditos

RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE MINISTROS POR RETRASOS EN EL CONSTITUCIONAL

La responsabilidad patrimonial de la Administración es lo que tiene. La Administración, según la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas, es responsable de los daños generados a los particulares, por su funcionamiento normal o anormal, siempre que se haya generado un perjuicio que el particular no tenga la obligación de soportar y quede acreditada la relación de causalidad entre el daño producido y la actuación normal o anormal del servicio publico (considerado como digo, como administración publica en general).

Pues bien, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia nacional, hizo publica el 10 de Julio de este año (en cuanto tenga la sentencia la publico) una sentencia por la que hace responsable al Consejo de Ministros de los daños reclamados por un particular por el retraso en dictar resolución (que estimo sus pretensiones) por parte del Tribunal Constitucional. Véase que el hecho se produce en el año 1995 y que finalmente, después de muchos avatares jurídico, consigue la estimación de su Recurso de Amparo en el año 2003. (si es que la Justicia es rápida de narices).

La Sentencia aunque no entra a valorar la existencia de dilaciones indebidas por parte del Tribunal Constitucional, si que reconoce que la responsabilidad por su actuación corresponde al Consejo de Ministros, ya que el Consejo de Estado había declarado que el ministerio de Justicia no era responsable de los daños generados por la actuación del Constitucional porque el mismo no queda comprendido dentro de la Administración de Justicia, al tratarse de un órgano constitucional no integrado en el Poder Judicial.

Igualmente reprocha al Ministerio de Justicia no haber señalado al interesado el órgano que resultaba competente para la tramitación de su reclamacion, si consideraba que el mismo no lo era al no tratarse, como he dicho, de un órgano parte del poder judicial. Al no hacerlo, según la sentencia, incurrió en incongruencia omisiva que genero indefensión al reclamante.

También señala la sentencia que, la determinación del órgano competente para evaluar y tramitar las reclamaciones por responsabilidad patrimonial generadas por el Tribunal Constitucional, no ha sido objeto de tratamiento propio en nuestro ordenamiento jurídico por lo que existe un vacío legislativo en la materia. Y esto lo soluciona imputando la responsabilidad por dichos retrasos al Consejo de Ministros.

II PLAN DE ACTUALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO

(EP).-El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago, suscribieron el pasado dia 11 de Julio un convenio para la implantación del II Plan de actualización del alto tribunal, que supondrá el refuerzo del número de letrados del gabinete técnico de este órgano durante los próximos dos años y tendrá un coste de 6 millones de euros.

Tras la firma del convenio, realizada en presencia de los presidentes de las cinco Salas del Supremo, Fernández Bermejo advirtió, no obstante, que esta actuación es "coyuntural" y que los problemas del alto tribunal "necesitan otro tipo de soluciones estables", entre las que se encuentra la reforma del recurso de casación que el Ejecutivo pretende llevar a las Cortes durante la presente Legislatura.

La reforma irá dirigida, según el titular de Justicia, a "terminar con el aluvión actual de recursos" colocando a este órgano en el lugar que le corresponde para dar "respuesta a las necesidades de unificación de doctrina".

Por su parte, Hernando aventuró que la eliminación de la actual pendencia y la puesta al día del Tribunal Supremo podrá alcanzarse en 2010. Ello pese a que dos días antes, en otra rueda de prensa convocada para presentar la Memoria del Tribunal Supremo correspondiente a 2007, el presidente había fijado la consecución de dicho objetivo dos años después, en 2012, cuando se cumple el 200 aniversario de la creación del alto tribunal. En todo caso, se espera que en dichas fechas todos los recursos que se interpongan obtengan respuesta definitiva en el plazo de un año.

Por lo que respecta a este II Plan de Actuación, en total se ampliará la plantilla actual de 34 letrados titulares en 40 letrados adicionales de refuerzo, en situación de comisión de servicio con relevación de funciones, con lo que la plantilla pasa a tener 74 letrados, según información facilitada por el Ministerio.

Estos letrados de refuerzo proceden no sólo de la carrera judicial, sino también de la carrera fiscal, del cuerpo de secretarios judiciales y de cuerpos de Universidades, de la Administración General del Estado y de la Administración de las Comunidades Autónomas. En la labor de apoyo a las Salas 1ª y 3ª colaborarán desde el Gabinete Técnico, además de su plantilla ordinaria, otros magistrados en comisión de servicio con y sin relevación de funciones. También se ha aprobado la prolongación de jornada de varios letrados titulares.

El Ministerio de Justicia aprueba además la prolongación de jornada de 28 funcionarios procedentes de los cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial, con el fin de apoyar a los letrados y magistrados de refuerzo.

El coste total de este Plan de Actualización supera los seis millones de euros: tres millones de euros anuales por cada uno de los dos años de vigencia.

La Sala 1ª de lo Civil examinará alrededor de 4.480 asuntos anuales en fase de admisión y resolverá 1.520 asuntos anuales en fase de decisión, mediante la correspondiente sentencia, en el primer año de vigencia del plan. En el segundo año se examinarán 800 asuntos en fase de decisión, reforzando a partir de entonces la fase de admisión y apoyando a la Sala en otras materias (tasación de costas, competencias, revisiones, errores judiciales, etc.). De esta forma, a 30 de junio de 2010, la pendencia de la Sala Primera rondaría los 3.600-3.800 asuntos, suprimiéndose la pendencia acumulada de esta Sala.

La Sala 2ª de lo Penal resolverá, bien por auto de inadmisión, bien por sentencia, aproximadamente unos 4.500 asuntos anuales, lo que al final del periodo de duración del presente Plan conllevará que la pendencia se reduzca a una cifra cercana a los 1.500 asuntos.

La Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo mantendrá la fase de admisión del recurso de casación y de resolución de recursos de queja en condiciones análogas de actualización a las alcanzadas tras la primera parte del programa de actuación que ahora finaliza, mejorándolas en la medida de lo posible, proponiéndose como objetivo óptimo que la cifra de asuntos pendientes de resolución en fase de admisión se aproxime a los 2.500 asuntos.

La Sala 4ª de lo Social resolverá, bien por auto de inadmisión o por sentencia, entre 5.000 y 5.200 asuntos anuales, para alcanzar al final del Plan de refuerzo una pendencia aproximada de 3.600 asuntos.

De esta forma, a 30 de junio de 2010, el Tribunal Supremo habría eliminado su pendencia estructural, "afianzándose como paradigma de una Administración de Justicia moderna y eficaz", según los planes ministeriales.

Como ya señale al hablar de la memoria anual del Tribunal Supremo, a los Letrados que nos encontramos diariamente con la lentitud de nuestro Alto Tribunal, nos resulta una bonita entelequia llegar a pensar que el retraso de años en la tramitacion de asuntos se puede resolver con la injeccion economica establecida, asi como con el aumento de personal. Y ahora viene la cuestion fundamental: Que pasa con los cientos de asuntos que no han pasado el filtro de la admision a tramite del Recurso de Casacion a pesar de tener motivos casacionales mas que suficientes para haber sido evaluados por el Tribunal Supremo?? La proliferacion de esta forma de actuacion es un problema apreciado en los ultimos tiempos por numerosos compañeros, que ven como un recurso bien fundamentado y basado en la doctrina del propio Tribunal no pasa de la Secretaria del mismo, siendo inadmitido a tramite por diversos motivos no siempre correctamente fundamentados (causas de inadmision que por otro lado pueden utilizar con gran facilidad dado el contenido de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, por ejemplo) Se va a proceder a la reforma de la casacion en nuestra LEC para que resulte mas complicado al Tribunal "quitarse asuntos de encima" en base a causas de inadmision que, en algunos casos, evaluan ex ante el propio fondo del asunto controvertido?? Ahi queda mi pregunta y la esperanza de que la modificacion tenga caracter global.

(noticia estractada de la base de datos WESTLAW - ARANZADI)

RESTRICCIONES AL DERECHO DE MOVILIDAD EN LA COMUNIDAD EUROPEA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, dicta el 10 de Julio de ese año, una sentencia, en relación a un recurso de un estado miembro, por el que se declara la posibilidad de limitación del derecho a la libre circulacion de los nacionales de países integrantes de la Comunidad, por esta, basándose en la conducta personal del ciudadano, en concreto, cuando la misma perjudica el orden o la seguridad publica.

Se considera en dicha sentencia, que el derecho de libre circulacion no es incondicional según las normas comunitarias, y por tanto puede ser restringido en determinadas circunstancias por los países miembros. Esta restricción realizada por los estados miembros, por otra parte, puede ser definida por cada país en su ordenamiento positivo, pero el control ultimo del mismo corresponde a la Comunidad Europea.

Según el Tribunal, debe tratarse de una "amenaza real y suficientemente grave" que afecte a un interés fundamental de la sociedad, y que la restricción no vaya mas allá de lo "estrictamente necesario" para alcanzar el objetivo perseguido con la restricción de circulacion.

Por otro lado, también señala el Tribunal que, para que las medidas de restricción puedan estar justificadas, las medidas que se adopten deben estar basadas "exclusivamente en la conducta personal del interesado" y no se podrá admitir en supuestos "que no tengan relación directa con el caso concreto" o en casos de "prevención general".

Para que un estado miembro adopte esta medida restrictiva deberá basarse en su propia regulación interna sobre seguridad y protección del orden, y no en motivos aludidos por terceros países en supuestos, por ejemplo, de expulsión de su territorio de un ciudadano comunitario, teniendo en cuenta, repito, la amenaza real para la seguridad del país que pueda considerar el tercero expulsado o cuya entrada en el país se limite.

En este sentido, y como he dicho anteriormente en otros posts, tan pronto como tenga el texto de la sentencia la pondré en el apartado correspondiente, pues la noticia se recoge en una información de la agencia EFE y, evidentemente, no es prolija en cuanto a consideraciones jurídicas mas profundas.

Un rosadito saludo


viernes, 11 de julio de 2008

Esto es lo que da tanta "sociedad de la informacion" o desinformacion, segun y depende de a quien le preguntes y quien te responda.


Unido estrechamente al tema de fin del año judicial, y que nosotras, señoras letradas, llevamos muchos meses sentadas en el sillon del despacho....aqui les dejo esta perla de Maitena, para la Operacion Bikini.

EUTANASIA ACTIVA. ADHESION AL MANIFIESTO

El mismo articulo del Código Penal que ya expuso en su momento cuando trataba el tema de la inducción al suicidio en las paginas de Internet pro anorexia, es el que recoge la tipificación de la que se denomina “Eutanasia Activa”, y no es sino una forma de cooperación a la intención firme y razonada de un tercero, en determinadas circunstancias de padecimiento, de acabar con su vida, como derecho fundamental de la persona.

Así, dispone el Articulo 143.4.- del CP: “El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de este, en el caso de que la victima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes o difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este articulo”

Véase que se trata la penalización de la conducta pese a que el propio precepto habla de “petición expresa, seria e inequívoca” o de “enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte” expresiones estas de una contundencia tal que convierten en un contrasentido la penalidad de la conducta pedida, querida, deseada y hasta necesitada por parte del sujeto pasivo. Aun así nuestra legislación penal, desconozco en base a que consideraciones puesto que tipifica una conducta básicamente justificada en el propio tenor literal del precepto que la condena, aun atenuada, nuestra legislación penal, digo, continua metida en el empecinamiento de otorgar superior relevancia penal a una acción que debería haber desaparecido del ordenamiento sustantivo.
Hago esta introducción jurídica para comentar mi apoyo y adhesión al manifiesto publicado en el dia de hoy por el Diario El País y cuyo autor es el Doctor Luis Montes, ex – Jefe del servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Madrid. Adhesión que realizo por mi condición de Jurista, pero sobre todo, por mi condición de ser humano.

DECLARACION DE SANTANDER

Los abajo firmantes, reunidos en el marco del curso de verano organizado por la UIMP y titulado "Muerte digna: asistencia ante la muerte", declaran que:

1. Ha llegado el momento para debatir en la sociedad española, diferentes cuestiones relacionadas con el final de la vida, como el suicidio asistido y la eutanasia.

2. Es absolutamente necesario desmitificar la realidad de la muerte, tanto en la sociedad en general como en el ámbito sanitario y hacer pedagogía positiva de lamisma.

3. La adjetivación de "nazismo" o de "homicidio eutanásico" son falsas insultantes y están fuera de la realidad, de los planteamientos eutanásicos manejados en la actualidad, tanto desde el punto de vista filosófico, medico, científico, teológico, jurídico y otros.

4. El ser humano, aun en medio de su vulnerabilidad, y en tanto que persona, disfruta del derecho a la autodeterminación, libertad, dignidad y otros, que le permiten disponer de su vida, lo que le permitiría afrontar la muerte a la luz de su decisión personal

5. Es recomendable establecer y registrar dicha expresión de su voluntad en un documento de instrucciones previas, testamento vital u otros, así como de manera verbal, lo que evitaría conflictos (como la obstinación terapéutica) que no contribuyen a mantener una calidad de vida y de muerte.

6. El suicidio asistido, y la eutanasia van más allá de los cuidados paliativos, aun cuando estos estuvieran bien implantados en todo ámbito de la sanidad pública estatal. Los cuidados paliativos no resuelven todos los problemas relacionados con el dolor y el sufrimiento físico, psíquico y existencial

7. Aunque la constitución y la legislación vigente deben seguir garantizando el derecho a la vida, también deberían garantizar el derecho a una muerte digna. El legislador, ha de reconocer que la regulación actual del código penal en su artículo 143.4, es insuficiente para garantizar este derecho, por lo que habría que encaminarse claramente hacia la despenalización del suicidio asistido y la eutanasia.

8. Los profesionales de la sanidad que acepten las prácticas eutanásicas y/o de ayuda médica al suicidio, han de realizarlas bajo determinados criterios y deben estar legalmente protegidos. Una buena regulación y una buena praxis, evitarían practicas clandestinas, así como caer por "la pendiente resbaladiza"

9. Estas prácticas no se imponen a la totalidad de los ciudadanos, si no que pertenecen al ámbito de la libertad de elección personal de aquellos que quieran disfrutar de este derecho.

Por lo tanto, y a la luz de todo ello, reclamamos que se reconozca todo lo anterior. Que los partidos políticos promuevan este debate de una forma seria, responsable y sosegada, creando una comisión en el congreso de los diputados que definitivamente estudie estos temas.
Asimismo, hacemos una llamada a que la sociedad civil se implique en este debate y a la que le concierne muy directamente. De la misma forma, solicitamos que participen en el mismo, filósofos, profesionales asistenciales, juristas, teólogos, personalidades de la cultura, científicos, investigadores y medios de comunicación.
Por último, animamos a las diferentes personas, instituciones, medios u otros a adherirse al presente comunicado.

"Todo tiene su tiempo… tiempo para nacer, tiempo para morir…"

Firmado:
Dr. Luis Montes Mieza
Dr. Miguel Casares Fernández.Alves
Director del Curso
Secretario del Curso


CONDENADOS POR LA AUDIENCIA NACIONAL LOS DOS INDEPENDENTISTAS CATALANES QUE QUEMARON FOTOS DE LOS REYES

La Audiencia Nacional condenó ayer a los dos independentistas catalanes que quemaron fotografías de los Reyes en Gerona en septiembre de 2007, a quince meses de prisión sustituibles por el pago de sendas multas de 2.700 euros por la comisión de un delito de injurias contra la Corona.

La resolución judicial, hecha pública hoy, establece que "la Constitución española reconoce el derecho a la libertad de expresión y a la participación política incluso de quienes son contrarios al sistema constitucional", aunque "cuestión distinta es cuando en abuso del ejercicio del derecho se pretende menoscabar la dignidad de otro, en este caso, la Institución de la Corona".

Fueron juzgados ese mes por el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, aunque el Pleno de la Sala de lo Penal ordenó repetir la vista con otro magistrado porque éste no permitió a los acusados a expresarse en catalán, con lo que "vulneró su derecho a la última palabra".

La sentencia, considera probado que los dos jóvenes participaron en la concentración antimonárquica que se celebró el 13 de septiembre de 2007 en la Plaza del Vino de Gerona y que, tapándose el rostro para no ser identificados, colocaron una fotografía de gran tamaño de los Reyes de España. Entonces, Stern procedió a rociarla con líquido inflamable y Roura le prendió fuego con una antorcha mientras eran jaleados por otros manifestantes.

Durante el juicio, los dos acusados admitieron los hechos aunque los justificaron en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Roura, que portaba una camiseta reivindicativa en favor de la liberación de un independentista condenado recientemente por ultrajar la bandera española, afirmó que la quema de las fotografías "fue una manera completamente legítima de mostrar el rechazo a la Corona".

El juez justifica la condena argumentando que, en contra de los argumentos esgrimidos por la defensa de los dos independentistas, el derecho a la libertad de expresión no ampara este tipo de actuaciones. "Es obvio que para manifestar el rechazo a la monarquía no es necesario vilipendiar a SS.MM. los Reyes, quemando su fotografía, tras haberla quemado deliberadamente boca abajo", señala.

En este sentido, apunta que mientras los acusados "se manifiestan pacíficamente y sin armas coreando gritos antimonárquicos y portando pancartas con expresiones en el mismo sentido, se les respeta el ejercicio del derecho a la libertad de expresión sin la mínima injerencia del poder público".

La persecución penal, añade, sólo se produce ante "hechos delictivos" de los que los acusados eran "plenamente conscientes", como demuestra, a su juicio, el hecho de que actuaran encapuchados. Según el juez, Roura y Stern acudieron a la concentración "con la intención evidente de menospreciar la figura de Sus Majestades en el transcurso de una manifestación en la que se tildaba a la dinastía borbónica como fuerza ocupante de la comunidad autónoma catalana".

La sentencia también destaca la "especial protección" con que cuenta la Corona en el ordenamiento jurídico, al formar parte de los "símbolos del Estado Democrático que la Constitución consagra". Según la resolución, "la persona del Rey encarna la institución de la Corona como representación y como símbolo de todos los poderes públicos españoles, estatales, autonómicos y municipales, y por ello, se le otorga como a otros símbolos e instituciones constitucionales una especial y expresa protección penal".

EL BLOG DE ADRI

No se como se me ha podido pasar. Puede ser imperdonable y lo cargare en mi conciencia hasta que el alcohol que pienso tomar este verano me haga olvidarlo.

Mi adorado Adri tiene blog. Se llama ecowash.soy y pueden conectarse directamente desde la lista de enlaces que aparece a la derecha de la pantalla, o si lo prefieren en,

www.ecowash.soy.es

El contenido del blog esta directamente relacionado con lo que es su empresa, ECOWASH, y contiene diversos temas relacionados con la misma.

Para el que no sepa de lo que trata la empresa, ECOWASH es servicio pionero de limpieza de vehículos sin agua en España. Tiene un sistema de franquicias con mas de una treintena solo en el territorio nacional y es una idea de negocio ecológica, innovadora y llena de posibilidades.

Ya colgué en un post anterior que me parecía la unión perfecta entre libertad de empresa y protección medioambiental y aquí lo ratifico. Por lo que respecta al blog, solo espero y deseo de corazón que tenga una vida larga, fructífera y llena de éxitos, así como se lo deseo personalmente a Adri, Javier y su empresa.

Dada como soy al sentimentalismo extremo, no puedo por menos que sentirme inmensamente orgullosa de la empresa y de lo que representa para mas INRI porque conozco de primera mano lo que ha costado llegar hasta donde han llegado. Por eso y por muchas cosas mas encuentro absolutamente recomendable que visiten el blog de Adri.

Un saludo rosadito



FIN DEL AÑO JUDICIAL

Pues si compañeros, nos encontramos en la recta final de la carrera anual "a ver quien no llega a Agosto por el estress". En estas idílicas fechas en que estamos pensando mas en el bikini, el bronceador y las fiestas veraniegas, se nos plantea el difícil reto de terminar con buen pie lo que algunos empezamos allá por Septiembre con resultados desiguales.

Despachos llenos de papeles, clientes de los nervios para dejar presentado "su asunto" antes de Agosto; funcionarios que nos invaden de notificaciones; compañeros que no dejan de presentar escritos; jueces con resoluciones variopintas que nos las dictan ahora para alegrarnos el verano....Este es el pan de cada día en este mes que a mi personalmente cada año que pasa se me hace mas cuesta arriba.

El consuelo de que llega Agosto es directamente proporcional a lo que esta tardando en llegar el jodío, porque cada vez que pensamos que esta llegando no podemos dejar de mirar a nuestro alrededor, ver todo lo que todavía tenemos que hacer y rezar para que, por una de esas confluencias cómicas, un año de estos, consigamos haciendo todos frente común, que los días en Julio sean de 20 horas y no de 24. Así terminaria antes.

Animo gente!! ya solo nos quedan 20 días de tortura (a mi en concreto y sin intentar dar envidia a nadie en particular), 20 días para la recta final, para dejar a un lado la toga, el disfraz de abogado, el maletín (menos para alguien que yo me se que lo esta estrenando) y los juzgados, y cambiar todo eso por la toalla, el bronceador, las cañitas y las fiestas de pueblo.

Un rosadito beso a todos.

AUTO DEL PLENO DE LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 9 DE JULIO DE 2008

miércoles, 9 de julio de 2008


El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional establece, en Auto de fecha 9 de julio de 2008, las siguientes consideraciones juridicas en relacion al delito de enaltecimiento del terrorismo y la existencia de calles con nombres de etarras.

1. El delito de enaltecimiento del terrorismo tipificado en el artículo 578 del Código Penal se crea por la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, que entró en vigor el 24 de diciembre de 2000.
Las acciones o conductas anteriores a dicha fecha no pueden ser sancionadas, aunque objetivamente llenen el tipo, porque, conforme al principio de legalidad penal, nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o falta, según la legislación vigente en aquel momento (principio de legalidad penal, artículo 25 de la Constitución Española) o, como dice el artículo 1 del Código Penal, no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior a su perpetración.
El delito del artículo 578 CP castiga con la pena de uno a dos años de prisión “el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares”.
Para la delimitación de las conductas penalmente prohibidas, pues son varias las tipificadas en él, ha de partirse de la propia expresión de la voluntad del legislador plasmada en la exposición de motivos de la Ley.
En ella ya alerta el legislador de que “no se trata (…) de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad. Por el contrario, se trata de algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional, o de los autores de estos delitos, así como las conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementan el horror de sus familiares. Actos todos ellos que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal."
Es decir, el artículo 578 CP castiga sólo la defensa del delito como medio de actuación en una sociedad democrática, ya sea de modo directo –justificando el hecho- o indirecto, justificando o alabando a sus autores o partícipes y/o humillando, menospreciando o desacreditando a las víctimas de los delitos concretos o a sus familiares, pero no la adhesión ideológica a los fines de una banda u organización terrorista ni la defensa de aquellos que hacen apología de los delitos de terrorismo, de aquellos que intervienen en los mismo o de los que vilipendian a las víctimas o sus familias.

2. El artículo 578 CP contiene una norma prohibitiva; es decir, prohíbe una acción determinada. Es un delito que sólo puede cometerse mediante un comportamiento activo -un hacer, una acción- que contravenga la prohibición contenida en ésta.
Dicho de otro modo, cometerá el delito quien viole con su comportamiento activo lo que el legislador prohíbe.
A sensu contrario no se puede cometer el delito de que tratamos por mera omisión, no haciendo.
Quien no hace nada no puede violar la prohibición contenida en la norma, aunque con su pasividad exteriorice su acuerdo con lo hecho por otro, con la acción de otro contraria a una norma prohibitiva.
Para que un no hacer, una omisión, pueda constituir delito es precisa una norma preceptiva o de mandato. O sea, aquella que ordena una acción determinada prohibiendo la inactividad; prohibiendo no hacer lo ordenado.

3. De la lectura del artículo del que tratamos se extrae que se castigan dos grupos de conductas diferentes, a) el enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo o de quienes hayan intervenido en ellos, lo que constituye apología en sentido propio, y b) la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos de terrorismo o de sus familiares, tutelándose así el honor y, más allá de éste, la dignidad de la persona como fundamento del orden político y la paz social (artículo 10 de la Constitución Española).

3.1. “Enaltecer”, según el Diccionario de la Real Academia Española, es sinónimo de ensalzar que significa engrandecer, exaltar, alabar.
Exaltar, es elevar a alguien o a algo a gran auge o dignidad, realzar el mérito o circunstancias de alguien. Alabar es elogiar, celebrar con palabras. Se coloca así al ensalzado, exaltado o alabado en una posición preferente de virtud o mérito convirtiéndolo en referente y ejemplo a imitar.
El que enaltece -sujeto activo del delito- otorga a los delitos de terrorismo y a los que en ellos intervienen –autores y partícipes- la condición de modelo a seguir, otorgándoles un valor de asimilación al orden jurídico, pese a contradecirlo frontalmente.
“Justificar” es, según el diccionario, probar una cosa con razones convincentes o con testigos o documentos y también hacer justo algo.
En el tipo penal del que tratamos equivale a argumentar a favor del terrorista, disculpar sus acciones y aproximarlas o incluirlas en los actos permitidos por el ordenamiento jurídico, pese a vulnerarlo de modo directo. En palabras del Tribunal Supremo es hacer aparecer como acciones lícitas o legitimas aquello que solo es un comportamiento criminal –STS, 2ª, 149/2007 de 26 de febrero-.
El objeto de alabanza o justificación puede ser cualquiera de las conductas definidas como delitos de terrorismo en los artículos 571 a 577 CP -pero sólo ellas, excluido por lo tanto el delito de pertenencia a banda armada del artículo 514 CP- o cualquiera de las personas que hayan intervenido en su ejecución, incluido un colectivo de autores o copartícipes en esta clase de hechos delictivos.
El tipo penal exige, además, que los actos de “enaltecimiento o justificación”, estén dotados de una publicidad de cierta calidad y capacidad de incidencia (medios de expresión pública o difusión) y que se inscriban en una línea clara de concreto apoyo a acciones específicas de carácter terroristas en sentido estricto (ATS de 23 de septiembre de 2003).
Por ello, hay que distinguir entre lo que son “actos” y “delitos de terrorismo” (artículos 571 a 577 Código Penal) y los que sin ser actos de terrorismo, expresan públicamente alguna forma de apoyo o solidaridad moral a los hechos o a sus autores (enaltecimiento o justificación), distinción que de forma inequívoca realizó el Tribunal Constitucional en STC 199/1987, de 16 de diciembre, al resolver los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre y cuya doctrina aparece recogida en el Auto del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2002 y en el de 14 de junio de 2002.
Éste último matiz es de enorme trascendencia, pues como expresan los autos del Tribunal Supremo citados “la apología, cuando se persigue penalmente, es un delito (de opinión) que versa sobre otro delito distinto, o delito-objeto: el de terrorismo, con el que no puede confundirse. De no ser así, esto es, si la apología del terrorismo fuera también delito de terrorismo, tendría que ser tratada de igual modo como delito la apología de la apología, lo que conduciría directamente al absurdo”.

3.2. Por “descrédito” se entiende todo acto realizado para menoscabar o destruir la reputación de las personas, “menosprecio” equivalente a poco aprecio, poca estimación, desprecio o desdén, y la “humillación” consiste en herir el amor propio o dignidad de alguien, pasar por una situación en la que la dignidad de la persona sufra algún menoscabo.
El sujeto pasivo del descrédito, menosprecio o humillación son las víctimas de los delitos terroristas o sus familiares, de modo que se trata de perseguir conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementan el horror de sus familiares (STS, 2ª, de 17 de julio de 2007). Actos todos ellos que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal (exposición de motivos, apartado III, de la Ley 7/2000 de 22 de diciembre).
La sentencia de 21 de noviembre de 2006 de la Sección Primera de la Audiencia Nacional (caso Sociedad Alcohólica), confirmada por la citada del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2007, al analizar el artículo 578.2 distinguía entre “objetivos” y “víctimas” de la banda terrorista. Distinción correcta, según el Alto Tribunal, pues una cosa es que los hechos a que se refiere la norma no se limiten a la dignidad o al honor de una persona individual y puedan referirse a un colectivo o generalidad de afectados (la STC. 183/95 de 11 de diciembre recordó que el significado del derecho al honor ni puede ni debe excluir de su ámbito a las personas jurídicas) y otra muy distinta que pueda extenderse el concepto de "víctima" a todos los miembros de un colectivo, como, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad que solo por su cargo ostentarían aquella condición. Lo contrario implicaría -como el Ministerio Fiscal argumenta en su escrito de impugnación al recurso- que todos los ciudadanos serian "víctimas" en cuanto posibles sujetos pasivos de las acciones terroristas.
El concepto de "víctimas" debe, por ello, determinarse, conforme a la legislación especifica en la materia, de cuya regulación se desprende que serian víctimas "directas" las personas que sufran lesiones corporales graves o daños graves en su salud física o mental como consecuencia de cualquier delito terrorista; y en caso de muerte, a titulo de víctimas "indirectas" diversos familiares (cónyuge o persona con análoga relación con el fallecido, hijos o padres, según los casos).
El bien jurídico protegido en estos casos, es el honor de las víctimas de delitos terroristas o de sus familiares, entendido en un sentido objetivo como notoriedad social, imagen pública, fama o reputación, y en sentido subjetivo, como conciencia y sentimiento del individuo de su valía y prestigio.

4. Son elementos del delito:
1º. La existencia de unas acciones o palabras por las que se enaltece o justifica.
Enaltecer y justificar, no son términos equivalentes, así enaltecer, como vimos, supone elogiar, ensalzar, mientras que justificar una conducta incluye aquellos casos en los que se pretende demostrar argumentalmente que aunque la conducta en sí misma no es aceptable, en el caso concreto sí lo es.
2º. El objeto de tal ensalzamiento o justificación puede ser o bien de las conductas definidas como delitos de terrorismo de los artículos 571 a 577, o de cualquiera de las personas que hayan participado en la ejecución de tales comportamientos.
3º Tal acción de enaltecer o justificar ha de realizarse por cualquier medio de expresión pública o difusión. (STS 149/2007, de 26 de febrero).
Tanto la justificación como el enaltecimiento tienen que ser de los delitos concretos a que se refiere el artículo 578 -aquellos tipificados en los artículos 571 a 577- o de los que intervinieron en su ejecución.
No toda justificación o enaltecimiento es, por sí, constitutiva del delito de artículo 578 CP sino que tienen que estar dotadas de una publicidad de cierta calidad e intensidad (medios de expresión pública o difusión) e inscribirse en una línea clara de concreto apoyo a acciones específicas de carácter terrorista en sentido estricto (ATS de 23 de septiembre de 2003, ya citado).
Así, hay manifestaciones públicas que constituyen una justificación de determinadas acciones delictivas de la banda terrorista ETA y que, sin embargo, no son tan evidentes como para que represente un elogio del hecho o de sus autores (v.gr.”los que se niegan a buscar soluciones son los únicos responsables de que siga la espiral de violencia por ambas partes”. Nota de prensa de Herri Batasuna de 14 de febrero de 1997 tras el asesinato de Tomás y Valiente, tomado de la STS de 27.11.1997). Y es éste el elemento definidor de la apología - la alabanza – para poder afirmar como lícita la restricción al derecho fundamental a la libertad de expresión, será preciso determinar si la conducta “justificación del delito” tiene un contenido de injusto tal que permita fundamentar su sanción.
Es preciso por tanto, que el autor realice un discurso público en defensa o alabanza de hechos delictivos concretos o de sus responsables, como una alternativa al orden penal del Estado e incluso superior al ordenamiento jurídico democrático, sin que sea delito la referencia a una ideología en general o a la consecución de los autoproclamados “objetivos políticos” de los terroristas, porque a través de este delito no se persiguen las manifestaciones ideológicas ni la exposición pública de cierto grado de coincidencia con los fines de una organización terrorista sino las manifestaciones de alabanza, en defensa o aprobación de acciones terroristas tipificadas en los artículos 571 a 577 CP o de sus autores o partícipes.
Por último, en el caso de las conductas descritas en la segunda parte del artículo 578 CP – humillación, descrédito o menosprecio a las víctimas o a sus familiares- no todo acto que pueda ofender a los sujetos pasivos puede ser considerado objeto de castigo ya que los bienes jurídicos tutelados (honor y dignidad de la persona) pueden ser tan ampliamente interpretados que debe exigirse también una cierta intensidad en el ataque a los mismos -desvalor de resultado-, pues así lo exige el principio de subsidiariedad del derecho penal y el principio de intervención mínima que, como se desprende de la exposición de motivos de la ley, inspiraron el sentido de la reforma.

5. El delito de que tratamos es un delito de mera actividad, pues no requiere que la acción vaya seguida de la causación de un resultado separado temporo-espacialmente de la conducta típica, excluyéndose como resultado la mera exteriorización de la conducta criminal y lesión del bien jurídico.
Por lo tanto es un delito que sólo se puede cometer mediante la ejecución de la acción descrita en el tipo. Exige una conducta activa por parte del sujeto activo por las razones expuestas en el razonamiento jurídico 2 de esta resolución, además de que los delitos de omisión tienen que estar expresamente tipificados en la parte especial del Código Penal.

5.1. Al ser un delito de mera actividad, tampoco cabe su ejecución mediante la llamada omisión impropia -comisión por omisión-, pues ésta sólo puede darse en los llamados delitos de resultado.
En la llamada comisión por omisión, la conducta omisiva equivale a la activa de modo que sólo cuando se produce un no hacer que esté en relación de causa-efecto con el resultado se podrá examinar si la omisión por parte del sujeto de la realización de una determinada acción a la que venía obligado expresamente por la norma –conducta debida por venir impuesta por una norma imperativa o de mandato- hubiera evitado que el resultado se produjera.
Es más, en los delitos de omisión impropia o susceptibles de cometerse mediante comisión por omisión el sujeto activo tiene el deber jurídico de evitar el resultado (posición de garante), de modo que sólo puede ser autor quien infringe ese especial deber de actuar que le impone la norma.

A estas razones doctrinales se une la cláusula general de equivalencia entre causar el resultado mediante un comportamiento activo y no evitar ese mismo resultado cuando existe la obligación legal de actuar.
El artículo 11 del Código Penal la recoge en los siguientes términos:
“Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción:
a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.”
Éste artículo limita pues la comisión por omisión a los delitos de resultado material y de peligro concreto, excluyéndose los de mera actividad como el de enaltecimiento del que tratamos.

6. Generalmente es un delito instantáneo, pues la actividad, la realización de la conducta típica genera una situación antijurídica que se agota en sí misma, en el mismo instante en que se produce la acción.
Sin embargo, en algunos casos, como podría ser el enaltecimiento consistente en ponerle nombre de criminales condenados por delitos de terrorismo a las calles, plazas, parques, etc. es un delito de estado, pues el estado antijurídico creado con la actividad del sujeto activo tiene cierta duración, se prolonga en el tiempo, aunque no depende de la voluntad del autor el mantenimiento de la situación antijurídica.
Cabe también plantearse otras formas de ejecución en las que podrían concurrir las características del delito permanente, como por ejemplo la exhibición de una pancarta de alabanza a un preso terrorista colgada en el balcón de una casa o la exhibición de su fotografía con determinados lemas.
En el delito permanente (detención ilegal, allanamiento de morada o conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas) la situación contraria a la norma perdura en el tiempo bajo el dominio del autor, de forma que el tipo penal se sigue consumando hasta que se le pone fin.
En el delito de estado (p.ej. falsedad documental, matrimonios ilegales) el delito se consuma con la realización de la conducta típica y cesa en ese momento, pero la situación antijurídica se prolonga en el tiempo con independencia de la voluntad de su autor.
En todo caso, la intervención de un tercero con posterioridad a la ejecución de la acción típica sólo integrará el tipo objetivo de delito en la medida en que realice otra vez, de forma plena, la conducta típica.

7. La apología de la apología no es delito. Tampoco lo es la apología de las resoluciones manifestadas del artículo 580 CP.
Como expresa el auto del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 23 de mayo de 2002, “resulta, que la apología, cuando se persigue penalmente, es un delito (de opinión) que versa sobre otro delito distinto, o delito-objeto: el de terrorismo, con el que no puede confundirse. De no ser así, esto es, si la apología del terrorismo fuera también delito de terrorismo, tendría que ser tratada de igual modo como delito la apología de la apología, lo que conduciría directamente al absurdo”.
Por lo tanto, quien defiende o justifica la conducta de enaltecimiento de los delitos de terrorismo o de los que en ello intervinieron hecha por otro u otros no comete el delito del artículo 578 CP, por mucho que éste delito esté en la sección rubricada “De los delitos de terrorismo”.
Ese comportamiento es apología de la apología y no integra el tipo penal, entre otras razones porque la justificación o enaltecimiento tiene que versar sobre los delitos de los artículos 571 a 577 o sus autores o partícipes.
Cuestión distinta es que, con ocasión o al hilo de la defensa de la conducta apologética hecha por otro, se realicen actos o se viertan expresiones o comentarios que puedan, por sí, de manera autónoma, colmar prima facie el tipo objetivo del delito del artículo 578 CP en cualquiera de sus vertientes, justificando la apertura de una investigación judicial.

La conclusión de lo expuesto es que las conductas denotadas como apología del terrorismo, con independencia de la ubicación que decida darles el legislador cuando opte por su incriminación, no son delitos de terrorismo y, por lo tanto, no es penalmente típica la apología de la apología.

De igual manera, el enaltecimiento o justificación de la conspiración, provocación o provocación para cometer los delitos de terrorismo o de los que los intervinieron en su ejecución (artículo 580 CP) no es delito del artículo 578 CP.

8. Acordar poner a una calle, plaza, parque u otro espacio público el nombre de un terrorista integra el tipo objetivo del artículo 578 CP a efectos de amparar la apertura de diligencia penales, con independencia del resultado final.
Para la generalidad de los ciudadanos poner a una calle, avenida, plaza, parque u otro espacio público el nombre de una persona implica un reconocimiento de la comunidad, a través de sus instituciones, a esa persona. Transmite el mensaje de que esa persona tiene cualidades humanas, profesionales o personales que han de ser recompensadas con el público reconocimiento o que ha realizado actos que le hacen merecedor al homenaje de la comunidad, porque ha hecho algo que es beneficioso para esta.
Si la persona cuyo nombre es dado a un espacio público ha intervenido en uno de los delitos de los artículos 571 a 577, es un terrorista, el acuerdo por el que se toma tal decisión podría constituir un ensalzamiento público de la persona y/o de sus actos no amparado por el derecho fundamental a la libertad de expresión.
Como expresan las sentencias del Tribunal Constitucional 235/2007, de 7 de noviembre (RTC 2007, 235), con cita de la 176/1995 y de la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de julio de 1999 (caso Ergogdu & Ince c. Turquía, TEDH 1999, 97), la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al llamado “discurso del odio”.
“El reconocimiento constitucional de la dignidad humana configura el marco dentro del cual ha de desarrollarse el ejercicio de los derechos fundamentales y en su virtud carece de cobertura constitucional la apología de los verdugos, glorificando su imagen y justificando sus hechos cuando ello suponga una humillación a las víctimas” (STC 235/2007).

Por lo tanto, la realización de estos hechos después del 24 de diciembre de 2000, debe ser objeto de investigación criminal y, en su caso, posterior enjuiciamiento.

9. No quitar el nombre de un terrorista puesto por otra corporación a una calle o espacio público no integra, por sí solo, el delito de que tratamos.
Hemos de partir de que los miembros de la corporación municipal que con anterioridad al 24 de diciembre de 2000 atribuyeron, votando a favor de la correspondiente moción, el nombre de un terrorista en los términos exigidos por el tipo penal a un espacio público, no incurren en responsabilidad criminal en virtud del principio de legalidad penal, pues en el momento de ejecutarse el hecho esa conducta no era delito ni falta.
Ahora bien, dicha conducta es antijurídica; es contrario a la norma y puede constituir un ilícito de otro tipo o ser objeto de impugnación por otras vías, pues puede atacar derechos fundamentales (arg. Arts. 10 y 18 CE).

10. En síntesis, el delito del artículo 578 CP contiene una norma prohibitiva, por lo que sólo se puede cometer el delito mediante un comportamiento activo, excluyéndose como forma comisiva tanto la omisión propia como impropia. Es un delito de mera actividad, carente de resultado material.
Generalmente es un delito instantáneo, pero cabe plantearse supuestos en los que se trata de un delito de estado e incluso permanente. Pero, en todo caso, la intervención de terceros con posterioridad a la ejecución de la acción típica sólo integrará el tipo objetivo de delito y justificará la incoación de un procedimiento penal –la investigación judicial del hecho- en la medida en que realice otra vez, de forma plena, la conducta típica, sin que integre el delito del artículo 578 CP la apología de la apología.

11. En el caso concreto objeto de recurso, se interpone querella por la asociación Dignidad y Justicia contra el alcalde de Lejona “por no haber ordenado la inmediata retirada de todos los símbolos, nombres de calles, plazas, parques y cualesquiera otras referencias públicas que existieran en su municipio a los miembros de ETA Txabi y Joseba Etxeberria y Eustaquio Mendizábal “Txikia”, así como a otros integrantes de la organización terrorista ETA” –literal, del hecho tercero de la querella-.
Los acuerdos del pleno de la corporación municipal por el que se decidió poner los nombres citados a esas calles y avenidas son de 27 de julio y 28 de agosto de 1979 (folio 175 del procedimiento).
Conforme a lo expuesto en anteriores razonamientos, el hecho en el momento de producirse no era delito ni falta, sin que en la querella se describa comportamiento alguno activo del actual alcalde y querellado que pueda considerarse, a los solos efectos de amparar una investigación criminal, que, en principio, pueda incardinarse en cualquiera de las modalidades que conforman el tipo objetivo del artículo 578 del Código Penal.
En consecuencia, procede desestimar el recurso, confirmando el archivo del procedimiento al amparo de los números 1 y 2 del artículo 637.

12. No obstante resolverse mediante este auto un asunto concreto, debe entenderse que lo en él razonado es de aplicación a otros supuestos semejantes y, por lo tanto, procedería extender el mismo análisis e idénticas consecuencias a esos otros casos.

MEMORIA ANUAL DEL TRIBUNAL SUPREMO 2007

El presidente del Tribunal Supremo , Francisco José Hernando, aventuró ayer que la eliminación de la pendencia y la puesta al día del Tribunal Supremo podrá alcanzarse antes de 2012, año en el que se cumple el 200 aniversario de la creación de este alto tribunal, de manera que todos los recursos que se interpongan obtengan respuesta definitiva en el plazo de un año.

Hernando realizó este anuncio con ocasión de la presentación de la Memoria del Tribunal Supremo correspondiente a 2007, que refleja la eliminación en un 20 por ciento del número de asuntos pendientes respecto a años anteriores. En 2005 la cifra de pendencia superaba los 48.000 casos, y a 31 de diciembre de 2007 se situaba en un total de 28974.

La Sala Primera, de lo Civil, dictó en 2007 un total de 1.534 sentencias y ha resuelto 7.014 asuntos, elevándose los asuntos actualmente en trámite a 7.032. De ellos, 622 corresponden a recursos tramitados durante la vigencia de la ya derogada Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881, por lo que en breve la Sala comenzará a dictar resoluciones tramitadas por la nueva ley de 2000.

Con respecto a sus necesidades, el presidente de la Sala Primera, Juan Antonio Xiol Ríos, reclama más funcionarios para cubrir las prolongaciones de jornadas que se deben realizar de forma habitual dado el notable volumen de trabajo de este tribunal.

La Sala Segunda, de lo Penal, redujo su pendencia en un 21, 45 por ciento durante 2007, por lo que puede decirse que "ya está actualizada", según Calderón. Sus magistrados dictaron en dicho periodo 1.225 sentencias y 2211 autos de inadmisión, además de 1.100 resoluciones en cuestiones de competencia, recursos de revisión, error judicial, menores, vigilancia penitenciaria, aforados, recusaciones y quejas.

La entrada total de asuntos de lo Penal en el Tribunal Supremo fue de 41.199 durante 2007, concluyendo a 31 de diciembre con 1871 asuntos pendientes.

Su presidente, Juan Saavedra, reclama un aumento del número de letrados adscritos al gabinete técnico de la Sala, de un equipo de documentalistas y una clarificación normativa de los limites de actuación del Tribunal Constitucional a la hora de resolver los recursos de amparo contra resoluciones de esta Sala. Ello evitaría "que se incida en cuestiones que afectan a la competencia de este Tribunal Supremo, que es (...) por mandato expreso de la Constitución, el máximo intérprete de la legalidad ordinaria".

Por lo que respecta a la Sala Tercera, su presidente, Ramón Trillo, destaca que a pesar de ser la más saturada de todo el alto tribunal, a lo largo de 2007 logró reducir su pendencia en un 14,26 por ciento, siendo a finales de año 14.898 los asuntos aún en trámite. Reclama igualmente más medios humanos y materiales.

La Sala Cuarta, de lo Social, experimentó el pasado año una reducción de su pendencia cifrada en un 14,6 por ciento. Presidida por Aurelio Desdentado Bonete, durante el primer semestre del pasado año logró un porcentaje de asuntos resueltos en relación con los ingresados del 119,21 por ciento, quedando pendientes un total de 5.075.

Finalmente, la Sala de lo Militar dictó 222 resoluciones, quedando pendientes de concluir su trámite tan sólo 98 a finales del pasado año. Su presidente llama la atención de la premura en los tiempos de respuesta pese a ala falta de cobertura de 3 de sus vacantes, y reclama una ampliación de competencias en asuntos propios de la Administración militar y la presencia de la Fiscalía con carácter general en los recursos contencioso-disciplinarios.

Por lo que a nosotros nos toca, y por que estamos hasta las narices de esperar tres, cuatro y cinco años para la tramitacion de un recurso de casacion, y tambien por el hecho de que, actualmente, la norma general es que los recursos (imagino que por la sobrecarga de trabajo) sean inadmitidos a tramite y no pasen ese filtro, el hecho de que se pongan de plazo hasta el 2012 para ponerse al dia, parece eterno. Por otro lado, la idea de resolver un recurso de casacion en el plazo de un año resulta a dia de hoy una entelequia y un bonito sueño que creo que no llegara jamas.

NO TODO ES ORGULLO

domingo, 29 de junio de 2008


El amigo Francisco (Paco) Bello lo ha vuelto a hacer. Desde su condición de párroco de la Iglesia de la Garita ha conseguido salir en los medios de comunicación a nivel nacional por las protestas levantadas al colgar en la azotea de la parroquia una bandera arco iris del Orgullo Gay, en reconocimiento a la celebración de dicho día ayer, sábado. La que se ha liado ha sido buena, imagino, por que ya se hablaba de quejas al Obispado (y si los dejas un poco, de prisión incondicional sin fianza para el pobre Paco)

Y ante esto me pregunto, hasta cuando la hipocresia ultracatólica a la que no le preocupa tener entre sus "honorables" párrocos a personas de dicha condición sexual (véase que hablo de una amplia variedad de condiciones sexuales), ni siquiera se manifiestan por casos de pederastia o acoso sexual a feligresas/ feligreses, y ponen el grito en el cielo por una bandera y lo que representa??

La adaptación de la Iglesia Católica a los "nuevos tiempos" ya sabemos que es imposible; que en su club privado no entran "mariquitas" (eso dicen y yo me río), y que en su código canónico el homosexual sea de la variante que sea esta equiparado a un enfermo mental, pero, tenemos que seguir soportando impasibles esta muestra constante de falta de solidaridad, de amor al prójimo, de caridad cristiana?? De esos mismos principios básicos inspiradores de su código de conducta??

La compasión y el amor proyectado hacia los seres sintientes, tengan estos la condición sexual que quiera, puedan o deseen debe ser el alma inspiradora de las actuaciones de todos y cada uno, no solo de los católicos, también de los que no nos consideramos como tales.

Un poco mas de solidaridad y de tolerancia es lo que nos haria falta.

Besos multicolores (el rosadito lo dejo para luego)

Pueden leer la noticia en
www.canarias7.com

CARGOS PUBLICOS Y CORRUPCION EN CANARIAS


Publica el Diario La Provincia en el día de hoy, que ya hay mas de 40 cargos públicos imputados por delitos de los denominados "de corrupción" en nuestras islas, en procedimientos iniciados en los últimos tres años. La estadística arroja un imputado cada 26 días, tremendo.

Pero ahí no queda la cosa, y es que, no solo cuentan a efectos estadísticos los responsables políticos, nada de eso. Tenemos que contar, igualmente, a los empresarios, funcionarios, técnicos y algún que otro compañero abogado que se encuentran igualmente imputados en estos procesos. En suma, mas de cien. Para no creérselo.

Y ante esta noticia que traslado y de la que pongo el enlace para la documentación general, no puedo por menos que comentar el enorme parón que la persecución de estos tipos delictivos han sufrido desde el pasado año 2007. Las ultimas detenciones se practicaron, hablando de Gran Canaria, en Junio de 2007 y hasta la fecha nada mas se sabe (abiertamente) de asuntos que los que los conocemos desde dentro sabemos que existen, que hay mas implicados pero no hay mas imputados ni detenciones. Alguien tendrá que explicar este paro, voluntario o no.

Los procedimientos mas voluminosos en marcha en la actualidad son: La denominada "Operación Faycan" en el Ayuntamiento de Telde; el "caso Las Teresitas" en Santa Cruz de Tenerife; las dormidas "operación Góndola" y "Paraíso" en Mogán y San Bartolomé de Tirajana respectivamente, y como digo a veces, "y lo que te rondare morena".

ABSOLUCION POR EL TS DE UN PRESUNTO VIOLADOR PESE A LAS LESIONES DE LA VICTIMA

(EP).-El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución dictada por la Audiencia de Guipúzcoa en 2007 contra un joven que fue acusado por una mujer de haberle agredido sexualmente en el interior de un coche llegando a provocarle numerosas lesiones, al entender que estas fueron fruto del "juego amoroso". El alto tribunal expresa en su sentencia sus dudas acerca de si aquel encuentro fue realmente forzado o consentido, por lo que desestima los recursos presentados por la Fiscalía y el Ayuntamiento de Irún.

Para el Tribunal Supremo hay "base para entender que en principio las relaciones que ambos mantuvieron eran consentidas, sin perjuicio de que la evolución posterior del juego amoroso no fuera la esperada por la mujer". Así, la sentencia afirma que, "aunque la versión de las partes acusadoras tuviera el 80 o 90 por ciento de posibilidades de ser cierta, el resto del porcentaje de incerteza o inseguridad, es suficiente para justificar la sentencia absolutoria".

A partir de ahí, el Tribunal Supremo explica sus dudas acerca de los testimonios ofrecidos por la demandante, una mujer de origen canadiense sobre la que la sentencia --de la que ha sido ponente el magistrado José Ramón Soriano Soriano-- destaca la "gran cantidad de contradicciones" de su versión.

Según el relato de hechos, el acusado Khalid W. coincidió con Quim B. en la estación de RENFE de Irún en la que él trabajaba. Ella buscaba una pensión para pasar la noche en la localidad guipuzcoana y el joven le prestó dinero y ayuda para encontrar un hostal en el que dormir y después pasaron buena parte del día juntos. Al acabar de cenar en un restaurante, acudieron con el coche de Khalid hasta los alrededores de un cementerio.

Permanecieron en el interior del vehículo durante varias horas llegando a mantener un encuentro sexual, indica la sentencia. Antes habían protagonizado un forcejeo en torno a un sacacorchos que el acusado quería utilizar para abrir una botella de vino que habían comprado por la tarde.

Eran las cinco de la madrugada cuando regresaron al hostal. A su llegada la joven se encerró en el baño y en varias ocasiones su acompañante se acercó a la puerta para preguntarle si se encontraba bien. Ante la negativa de Quim B. de salir del urinario, el acusado se ofreció a traerle sus cosas y cuando volvió minutos después, fue arrestado por agentes de policía que habían sido avisados por la demandante, quien fue trasladada al Hospital de Bidasoa donde se le detectaron un total de 30 lesiones que iban desde tumefacciones de labios a diversas contusiones.

Estos hechos no fueron constitutivos de delito según la sentencia dictada el 27 de julio de 2007 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que absolvió al acusado. Pero esta resolución fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento de Irún.

Sin embargo ahora, el alto tribunal se ve incapacitado para modificar el dictamen de la sentencia de instancia debido a las dudas que genera la causa. En la sentencia se citan incluso momentos concretos del relato de hechos como la fase en la que demandante y demandado se encontraban en el auto.

"En efecto, es la presunta ofendida la que tomó, desde que conoció al acusado, la iniciativa solicitando ayuda de aquel, en una y otra ocasión, a lo que el procesado accedió, facilitándole un lugar para dormir, e incluso al faltarle dinero a la mujer él lo suplió con el suyo", explica.

"Los golpes o puñetazos recibidos según la presunta ofendida y el lugar a donde se dirigieron entran en absoluta contradicción con el dictamen pericial", insiste la sentencia, que añade que estas lesiones "no pudieron producirse como explicaba la víctima" ya que "no son agresiones sino fuertes presiones sobre el cuerpo de la mujer".

Por último, el TS concluye que "tampoco se explica cómo si la presunta ofendida salió del coche pidiendo auxilio no recurriera a la pareja que se encontraba en el lugar en un coche próximo". "Tampoco tiene una explicación razonable que cuando se iniciaron las relaciones sexuales y él "paró" durante un intervalo de media hora a dos horas, ella estuvo en tres posiciones (debajo del supuesto agresor, encima y al lado del mismo) ello a pesar de estar aquél profundamente dormido y a pesar de ello no trata de huir, ya que no se hallaba en un lugar solitario", señala.


ESTO SI ES ORGULLO

sábado, 28 de junio de 2008





Ayer fue el día oficial del orgullo gay, que se celebra hoy por motivos prácticos en todo el mundo.

La lucha por la consecución de la igualdad real en el trato a transexuales, homosexuales, lesbianas y bisexuales no ha hecho mas que empezar, aunque seamos a estas alturas el espejo en que se miran muchos países supuestamente "modernos", por los avances en materia de transexualidad, matrimonio homosexual y adopción de niños por parejas del mismo sexo. Aun así queda mucho por hacer y desde aquí les ofrezco mi apoyo.

Tampoco hay que olvidar que lo que hoy es celebración comenzó el 27 de junio de 1969 con una brutal carga policial en el Stonewall Inn de Nueva York, así que, igualmente desde aquí el recuerdo y homenaje a todos aquellos que han sufrido e incluso han fallecido por algo tan básico como su opción sexual.

Como digo, feliz día del Orgullo, a celebrarlo y a seguir luchando.

Saludos rosaditos

CONTRA LA PEDERASTIA




Llego tarde pero aun asi me uno a la inciativa.

Este blog apoya la Red Blogger contra la pederastia en recuerdo de todos los niños que la han sufrido y esperando que no haya mas que la puedan sufrir en el futuro.

No podia por menos que mencionar la inicativa que encontre en el blog "Espacio de ZERUS" ante una situacion que esta, por desgracia, cada vez mas a la orden del dia.

Afortunadamente, tambien en mayor medida estos delitos estan siendo perseguidos y sus autores condenados, pero aun queda mucho por hacer.

La proteccion de la infancia es uno de los fundamentos de nuestra sociedad actual, lo debil del sujeto del delito hace aun mas deleznable las actividades cometidas por pedofilos y pederastas.

Desde aqui animo a cualquiera que conozca por cualquier medio la existencia de alguna de estas horribles paginas (pro pederastia) a que las denuncie sin falta ante las Autoridades. Podemos pensar que no sirve de nada, pero desde la profesion sabemos positivamente que muchas de las detenciones que ahora vemos en television se han podido producir gracias a personas anonimas que lo han denunciado.

Repito, desde aqui mi mas profundo apoyo

CONTRASTES

Anoche, no recuerdo la hora, haciendo zapping en el salón de mi casa encontré un programa que hacia un recorrido por distintas zonas de España y las casas de lujo de dichas zonas. Me resulto curioso que en una de esas casas, hortera hasta decir basta a mi juicio, aparecían unas sillas en un salón, y ante la pregunta de la reportera, la señora que dirigía la "visita cultural" a una vivienda de 7 millones de euros, decía que cada una de las sillas costaba 2.000.- Euros.

A la misma hora, en otro canal de television al que accedí como al anterior (el zapping es lo que tiene), emitían un reportaje sobre la indigencia en España. Hacían también un recorrido por distintas zonas del país, y también enseñaban casas, pero esta vez de inmigrantes, indigentes, personas sin recursos. De mas esta decir que ninguna de esas casas costaba 7 millones de euros.

Lo sorprendente de la programacion, a la misma hora, en dos canales distintos, enseñando realidades tan alejadas, me dejo pensando toda la noche. Yo solo podía repetir mientras veía la forma lamentable en que vive mucha gente en España: "y se gastan 2.000 euros en una silla" ante el evidente cansancio de mi pareja (lo repetí como un mantra unas 200 veces).

No voy a analizar nada, solo lo expongo todo lo objetivamente que puedo. Da que pensar y espero que lo hagan.

ONG "LOS ABOGADOS COMEMOS TODOS LOS DIAS"

No se si he dicho ya que hoy me he levantado protestona.

El otro día, en un foro de abogados en el que intervengo de vez en cuando, ocurrió lo siguiente: Un particular publico un post solicitando ayuda para un tema concreto; las normas del foro establecen que el mismo es solo para abogados y tiene una coletilla para contestar a post de particulares en la que se dice eso, que el foro es para abogados y que no se contestan consultas de particulares, así como la recomendación de que se ponga en contacto con un abogado de su zona que es el que mejor le podrá ayudar; el particular responde muy apenado que solo nos importa el dinero!!!. El hilo no fue seguido por ningún compañero en respuesta a la grosería, hasta que uno si que contesto, además de forma muy acertada a mi juicio.

Y hay viene la cuestión: No tenemos derecho los abogados por el hecho de serlo a cobrar por nuestro trabajo?? Es que tenemos que soportar de manera constante que se nos cuestione por el simple hecho de poner un precio a nuestro trabajo como todo el mundo?? Es que me resulta lamentable tener que estar haciendo este comentario como lo hago, pero, no tenemos derecho a comer todos los días los abogados??

Yo parto de la base del concepto que tiene el cliente cuando habla de cualquier procedimiento judicial: Si se gana, lo ha ganado él (el cliente), si se pierde es que lo perdió su abogado. Desde ese punto de vista, por que van a pagar por un trabajo que han hecho ellos mismos??? Es curioso el infravalor de lo que hacemos y el desvalor que genera cobrar por nuestro trabajo. Por que, no ponen pegas en pagar la consulta de un medico si les duele la panza; tampoco tienen problemas en pagar a un arquitecto por hacerles un proyecto; ni siquiera rechistan si le factura una burrada el fontanero por cambiarles un grifo. Pero en nuestro caso, no se porque, sin por nosotros o por ellos, si que les duele pagarnos la factura.

Así las cosas, creo que finalmente acabaremos creando una asociación: "Hartos de los clientes que no pagan unidos", o bien una ONG: "Los abogados también comemos todos los días". Esta ultima con cuidadin no vaya a ser que demos mucha pena y finalmente acaben enviando donativos (hasta ahí podíamos llegar!!) yo con que me paguen lo mucho que me deben ya me conformo, y a lo mejor, solo a lo mejor, dentro de algunos años, si sigo trabajando como lo hago en mi profesión, las horas que lo hago y con la misma dedicacion, puede que, solo quizá, algún día pueda llegar sin problemas a fin de mes.

Ultima cosita, si no hay medios económicos para pleitear existe el Turno de Oficio, al cual pueden tener acceso todos los que no cuenten con medios suficientes. Para poner demandas o denuncias no hace falta ser millonario, pero si no se accede al turno de oficio y se opta por un Letrado particular, a saber: Cobramos por nuestros servicios.

Rosadito saludo a todos.