lunes, 9 de junio de 2008
ECOWASH. PERFECTA UNION ENTRE LIBERTAD DE EMPRESA Y PROTECCION MEDIOAMBIENTAL
Lo que es de Justicia, es de Justicia, y es que cuando encuentro la union perfecta de lo que nuestro Tribunal Constitucional declara que debe ser la libertad de empresa en comunion con la proteccion medioambiental, tengo que decirlo.
Para mas detalles, para no cansarles y porque ellos lo explican infinitamente mejor que yo, les remito a la web www.ecowash.es
Para mas detalles, para no cansarles y porque ellos lo explican infinitamente mejor que yo, les remito a la web www.ecowash.es
Que conste que no percibo remuneracion alguna por decir esto en mi blog (QUE QUEDE CLARO) los beneficios indirectos son otro tema.
PAGINAS PRO ANOREXIA E INDUCCION AL SUICIDIO
domingo, 8 de junio de 2008
Pues dicho y hecho: No podia dejar pasar el dia de hoy sin comentar el tema de la induccion al suicidio en paginas pro anorexia y pro bulimia.
El articulo 143.- del Codigo Penal, enseña: "1.- El que induzca al suicidio a otro sera castigado con la pena de prision de cuatro a ocho años.
2.- Se impondra la pena de prision de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.
3.- Sera castigado con la pena de prision de seis a diez años si la cooperacion llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. (...)"
La jurisprudencia establece en este punto, lo siguiente: "El auxilio al suicidio supone una colaboracion, una prestacion coadyuvante que ofrezca una cierta significacion y eficacia en la realizacion del proyecto que preside a un sujeto a acabar con su propia vida. El caso del mero auxiliador, necesario o no, como el del auxilio ejecutivo al suicidio, requiere que la conducta del sujeto activo sea de colaboracion prestada a la muerte, en relacion de causalidad con su produccion y con pleno conocimiento y voluntad de cooperar a la misma, de tal modo que sea el propio suicida el que tenga, en todo momento, el dominio del hecho, o sea, el sujeto activo no haga otra cosa que cumplir la voluntad libre y espontaneamente conformada y expresamente formulada por quien en todo momento decide su finalizacion o desiste." Sentencia del Tribunal Supremo, 2031/1994, de 23 de Noviembre.
Encuentro en el tipo penal y en la Jurisprudencia que lo desarrolla puntos de conexion con la labor realizada en estas paginas pro anorexia, en cuanto, con pleno conocimiento de que la actividad realizada (dejar de comer o vomitar todo lo que se come) puede producir la muerte, se alienta la realizacion de este resultado autolesivo, llegando incluso a decir que se corten con cuchillas en el supuesto de que "fallen en su intento" y coman normalmente. Y es que es evidente, en el estado de informacion en que nos encontramos, que la persona que realiza este tipo de acciones sabe que puede producir la muerte (propia o ajena) como fin ultimo de autorrealizacion mediante su actitud (de hecho he llegado a leer en algun blog de estos su enorme agradecimiento a AnA si en la busqueda de su empeño de "perfeccion" llegan a fallecer y convertirse en una "pricesa eterea") Si esto no es pleno conocimiento del resultado lesivo y fomento del mismo, realmente no se que puede ser.
El articulo 143.- del Codigo Penal, enseña: "1.- El que induzca al suicidio a otro sera castigado con la pena de prision de cuatro a ocho años.
2.- Se impondra la pena de prision de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.
3.- Sera castigado con la pena de prision de seis a diez años si la cooperacion llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. (...)"
La jurisprudencia establece en este punto, lo siguiente: "El auxilio al suicidio supone una colaboracion, una prestacion coadyuvante que ofrezca una cierta significacion y eficacia en la realizacion del proyecto que preside a un sujeto a acabar con su propia vida. El caso del mero auxiliador, necesario o no, como el del auxilio ejecutivo al suicidio, requiere que la conducta del sujeto activo sea de colaboracion prestada a la muerte, en relacion de causalidad con su produccion y con pleno conocimiento y voluntad de cooperar a la misma, de tal modo que sea el propio suicida el que tenga, en todo momento, el dominio del hecho, o sea, el sujeto activo no haga otra cosa que cumplir la voluntad libre y espontaneamente conformada y expresamente formulada por quien en todo momento decide su finalizacion o desiste." Sentencia del Tribunal Supremo, 2031/1994, de 23 de Noviembre.
Encuentro en el tipo penal y en la Jurisprudencia que lo desarrolla puntos de conexion con la labor realizada en estas paginas pro anorexia, en cuanto, con pleno conocimiento de que la actividad realizada (dejar de comer o vomitar todo lo que se come) puede producir la muerte, se alienta la realizacion de este resultado autolesivo, llegando incluso a decir que se corten con cuchillas en el supuesto de que "fallen en su intento" y coman normalmente. Y es que es evidente, en el estado de informacion en que nos encontramos, que la persona que realiza este tipo de acciones sabe que puede producir la muerte (propia o ajena) como fin ultimo de autorrealizacion mediante su actitud (de hecho he llegado a leer en algun blog de estos su enorme agradecimiento a AnA si en la busqueda de su empeño de "perfeccion" llegan a fallecer y convertirse en una "pricesa eterea") Si esto no es pleno conocimiento del resultado lesivo y fomento del mismo, realmente no se que puede ser.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE ACTOS FIRMES EN VIA ADMINISTRATIVA
El articulo 29 de la Ley de la Jurisdiccion contencioso administrativa establece dos supuestos de ejecucion por los particulares de actos administrativos.
En el primero de sus apartados se regula la ejecucion por los particulares de actos, acuerdos, o convenio administrativo, asi como disposiciones generales que no necesiten actos de aplicacion. En este caso, el particular interesado tiene la posibilidad de requerir a la administracion la ejecucion del acto y, en el caso de que se produzca silencio de la administracion, en el plazo de TRES MESES, acudir a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa mediante el Recurso que corresponda (procedimiento ordinario o abreviado, en atencion a la materia o la cuantia)
Por su parte, el apartado segundo del Articulo 29.- de la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, señala el procedimiento sumario en supuestos de falta de ejecucion de la Administracion de actos firmes tanto en via administrativa como judicial. En este caso, el procedimiento se inicia mediante Requerimiento de Ejecucion, y el plazo de espera para que la Administracion emita resolucion es mas corto, UN MES. Transcurrido este plazo, el particular interesado podra acudir a la Jurisdiccion contencioso administrativa para hacer valer su derecho, y el procedimiento se tramitara por el cauce del Articulo 78.- de la Ley de la Jurisdiccion, Procedimiento Abreviado, con independencia de la materia de la que se trate o de la cuantia del procedimiento.
En ambos casos, el Articulo 46.2.- de la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa establece un plazo comun para la interposicion del Recurso contencioso administrativo, siendo el mismo de DOS MESES tanto si se ha producido resolucion expresa como si ha operado la figura del silencio administrativo. La particularidad es que en este caso (el del articulo 29.- LJCA) no es aplicable el plazo de seis meses para la interposicion del Recurso, ex articulo 46.- LJCA si la administracion no contesta y se produce el acto por silencio, unicamente el plazo ya comentado de dos meses desde que finaliza el plazo de tres meses (apartado 1.- del articulo 29 LJCA) o el de un mes (apartado 2.- del articulo 29.- LJCA).
PRO ANA (proana) y PRO MIA (promia)
Como podran apreciar quienes han leido este blog, el asunto que ahora trato no esta relacionado con el derecho, el humor y ni siquiera tiene tintes de inspiracion budista. Pero es que buceando, buceando. Navegando, navegando y a raiz de un reportaje que vi anoche, en el que se trataba el tema de la anorexia y como se fomenta esta enfermedad en determinadas paginas web, me puse yo misma a averiguar si era cierto el hecho. Y cual fue mi sorpresa cuando vi que si, que realmente hay paginas en las que, en forma de TIPS (como ell@s lo llaman) se dan "trucos" para engañar, mentir, dejar de comer y hacer ayunos inhumanos.
Pero el caso es que segui buscando, y en mi busqueda encontre una iniciativa que me resulta de lo mas interesante, a saber: Desbancar de los buscadores los sitios web proana (pro anorexia) o promia (pro bulimia) publicando post como este en el que (con esas palabras clave como las que he usado, u otras como princesitas de cristal; princesas, etc), se haga desistir a esas personas ansiosas de autolesionarse (el dejarse morir de hambre es una autolesion se ponga uno como se ponga) y ponerselo al menos un poquito mas dificil.
Este es el motivo de mi post, y a lo mejor les resulta evidente leyendolo que no es que el mundo este en su contra (como señalan en sus paginas) sino que, sin conocerlas ni tenerles un especial aprecio, sin tener siquiera por que hacerlo, este pequeño grano de arena puede ser una gran ayuda. A lo mejor, solo a lo mejor, pueden seguir viv@s despues de leerlo.
Algun dia discutiremos si el contenido de estas paginas puede ser encuadrado dentro del tipo penal de induccion al suicidio.
Animo a tod@s, y les recuerdo una de las inspiraciones que ya he publicado:
"Yo no soy mi cuerpo, soy mas"
CODIGO "ODONTOLOGICO" DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA
Me da la idea del titulo mi amigo y hermano Carlos, cuando me comenta que, en el momento actual de la abogacia española, mas que actuar deontologicamente lo hacemos "odontologicamente" es decir, a mordiscos. Y este hecho que me he negado insistentemente a admitir, basándome para ello en la firme creencia de que el que ejerce esta profesión tiene muy claro los férreos principios de actuación en los que debe basarse, cada vez me resulta mas palmario, para mi desanimo y frustracion.
Recuerdo y repito la frase con que empecé mi andadura profesional, dicha por mi Maestro con mayúsculas, el día que entre a hacer la pasantia en su despacho: "No trabaja nadie para mi que no conozca el Código Deontológico de la Abogacia Española". Y no era baladí el comentario, pues en este código de conducta se resume la importancia de nuestra profesión y de la imagen de seguridad y tranquilidad que debemos transmitir al cliente en nuestra actuación laboral. No solo debemos serlo, también parecerlo (igual que la mujer del Cesar). Prestamos un servicio publico; tenemos en nuestras manos temas de importancia para la vida y tranquilidad de las personas, esto merece una firmeza aun mayor en nuestro devenir diario y la limitación de actitudes que puedan dañar esos delicados intereses. No nos olvidemos tampoco que realizamos un trabajo generador y aplicador de las normas que regulan importantes intereses sociales. Pero es que nos olvidamos de tantas cosas.....
A lo que iba, que me disperso: este es un leve intento de hacer entender la importancia del cumplimiento de esas normas de conducta profesional que deben prevalecer SIEMPRE por encima de intereses económicos o comerciales, por que nuestra actividad, señores, es mucho mas que una actividad comercial.
Resulta lamentable que en el estado actual de cosas, una llegue a plantearse si por seguir estos principios que tan olvidados tienen algunos, no estaré perjudicando los intereses de mis clientes. Una cosa tengo clara, los seguiré cumpliendo pese a quien le pese e intentare revelarme contra quien no los cumpla.
Para el compañero que no los conozca, aquí les dejo el preámbulo, remitiéndoles a la pagina principal del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas www.icalpa.com, para que los miren completos. No olviden darles un repasito
Recuerdo y repito la frase con que empecé mi andadura profesional, dicha por mi Maestro con mayúsculas, el día que entre a hacer la pasantia en su despacho: "No trabaja nadie para mi que no conozca el Código Deontológico de la Abogacia Española". Y no era baladí el comentario, pues en este código de conducta se resume la importancia de nuestra profesión y de la imagen de seguridad y tranquilidad que debemos transmitir al cliente en nuestra actuación laboral. No solo debemos serlo, también parecerlo (igual que la mujer del Cesar). Prestamos un servicio publico; tenemos en nuestras manos temas de importancia para la vida y tranquilidad de las personas, esto merece una firmeza aun mayor en nuestro devenir diario y la limitación de actitudes que puedan dañar esos delicados intereses. No nos olvidemos tampoco que realizamos un trabajo generador y aplicador de las normas que regulan importantes intereses sociales. Pero es que nos olvidamos de tantas cosas.....
A lo que iba, que me disperso: este es un leve intento de hacer entender la importancia del cumplimiento de esas normas de conducta profesional que deben prevalecer SIEMPRE por encima de intereses económicos o comerciales, por que nuestra actividad, señores, es mucho mas que una actividad comercial.
Resulta lamentable que en el estado actual de cosas, una llegue a plantearse si por seguir estos principios que tan olvidados tienen algunos, no estaré perjudicando los intereses de mis clientes. Una cosa tengo clara, los seguiré cumpliendo pese a quien le pese e intentare revelarme contra quien no los cumpla.
Para el compañero que no los conozca, aquí les dejo el preámbulo, remitiéndoles a la pagina principal del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas www.icalpa.com, para que los miren completos. No olviden darles un repasito
"La función social de la Abogacía exige establecer unas normas deontológicas para su ejercicio. A lo largo de los siglos, muchos han sido los intereses confiados a la Abogacía, todos ellos trascendentales, fundamentalmente relacionados con el imperio del Derecho y la Justicia de los hombres. Y en ese quehacer que ha trascendido la propia y específica actuación concreta de defensa, la Abogacía ha ido acrisolando valores salvaguardados por normas deontológicas necesarias no sólo al derecho de defensa, sino también para la tutela de los más altos intereses del Estado, proclamado hoy como social y democrático de Derecho.
Como toda norma, la deontológica se inserta en el universo del Derecho, regido por el principio de jerarquía normativa y exige, además, claridad, adecuación y precisión, de suerte que cualquier modificación de hecho o de derecho en la situación regulada, obliga a adaptar la norma a la nueva realidad legal o social.
Durante siglos, los escasos cambios operados en las funciones del Abogado y en la propia sociedad motivaron reducidas modificaciones en unas normas deontológicas que venían acreditándose eficaces para la alta función reservada al Abogado, casi siempre motivadas por drásticas convulsiones sociales, pero que terminaron devolviendo al Abogado su función y la normativa deontológica con que la desempeña.
Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, desde el momento en que los Estados decididamente consagran la dignidad humana como valor supremo que informa todo el ordenamiento jurídico, cuando la función del Abogado alcanza su definitiva trascendencia, facilitando a la persona y a la sociedad en que se integra, la técnica y conocimientos necesarios para el consejo jurídico y la defensa de sus derechos. De nada sirven éstos si no se provee del medio idóneo para defender los que a cada cual le corresponden.
En una sociedad constituida y activada con base en el Derecho, que proclama como valores fundamentales la igualdad y la Justicia, el Abogado experto en leyes y conocedor de la técnica jurídica y de las estrategias procesales, se erige en elemento imprescindible para la realización de la Justicia, garantizando la información o asesoramiento, la contradicción, la igualdad de las partes tanto en el proceso como fuera de él, encarnando el derecho de defensa, que es requisito imprescindible de la tutela judicial efectiva. Por ello hoy el Abogado precisa, más que nunca, de unas normas de comportamiento que permitan satisfacer los inalienables derechos del cliente, pero respetando también la defensa y consolidación de los valores superiores en los que se asienta la sociedad y la propia condición humana.
Recientemente, muchas han sido las reformas legislativas y muchos también los cambios políticos y sociales que han afectado al ejercicio profesional del Abogado en España.
El Consejo General de la Abogacía, atento a estos cambios, ha venido modificando, incorporando a las normas deontológicas, las que daban respuesta a determinada modificación legal o cambio social. La importancia de alguno de estos cambios justificó incluso la redacción de reglamentos y disposiciones autónomas no incorporadas a nuestro Código Deontológico, aún cuando su naturaleza y función fueran estrictamente deontológicas, como el Reglamento de Publicidad aprobado por la Asamblea de Decanos de 19 de diciembre de 1997.
La decidida vocación de proveer a la Abogacía de los instrumentos más eficaces para abordar el siglo XXI exige ahora la compilación y puesta al día de las normas deontológicas que deben regir nuestra actividad profesional en un solo texto actualizado. Y ello sin abdicar de los principios que han venido caracterizando la actuación multisecular del Abogado, cuya propia pervivencia acredita fehacientemente su medular función, pero también incorporando las más recientes experiencias derivadas de situaciones novedosas completamente ajenas al mundo de la Abogacía hasta hace bien poco.
El Conseil Consultatif des Barreaux Européens (CCBE), máximo órgano representativo de la Abogacía ante las instituciones de la Unión Europea, en la sesión plenaria celebrada en Lyon el 28 de noviembre de 1998, aprobó el Código Deontológico Europeo, cuya finalidad es la de establecer unas normas de actuación para el Abogado en el ejercicio profesional transfronterizo y otras básicas que representan las garantías mínimas exigibles para posibilitar el derecho de defensa de una forma efectiva. Ahora, el Consejo General de la Abogacía Española, asumiendo íntegramente el Código Deontológico Europeo, establece las normas mínimas de actuación de cualquier Abogado en el ámbito territorial del Estado español para garantizar la buena ejecución de su indispensable función a toda la sociedad española. Igual que no se concibe una doble, triple o múltiple deontología dentro de la Unión Europea, tampoco tendría sentido que en España la actuación del Abogado fuera sustancialmente diferente en cada una de las Comunidades Autónomas.
El Consejo General de la Abogacía Española acomete la redacción de la presente normativa consciente de que el interés general exige definir normas uniformes aplicables a cualquier Abogado del Estado Español, pero con absoluto respeto a las competencias de los Consejos Autonómicos y a los Colegios de Abogados a quienes corresponde ordenar el ejercicio profesional en los ámbitos territoriales que les son propios. Por ello las presentes normas tienen vocación de básicas, correspondiendo, en su caso, su desarrollo y adecuación, y en definitiva determinar el justo equilibrio de los intereses en juego, en su respectivo ámbito territorial, a los Consejos Autonómicos y a los Ilustres Colegios de Abogados.
En las presentes normas se regulan actuaciones tradicionales como la cuota litis y la venia junto a otras nuevas (tenencia de fondos de clientes), incluso algunas tradicionalmente proscritas (publicidad). Remozadas las primeras y acogidas las restantes a la luz del derecho comparado y de recientes pero enriquecedoras experiencias.
Perviven como principios fundamentales en el ejercicio de la profesión de Abogado la independencia, la dignidad, la integridad, el servicio, el secreto profesional y la libertad de defensa.
La independencia del abogado resulta tan necesaria como la imparcialidad del Juez, dentro de un Estado de Derecho. El Abogado informa a su cliente de su posición jurídica, de los distintos valores que se ponen en juego en cualquiera de sus acciones u omisiones, proveyéndole de la defensa técnica de sus derechos y libertades frente a otros agentes sociales, cuyos derechos y dignidad personal han de ser también tenidas en cuenta, y esta tan compleja como unívoca actuación del Abogado sólo sirve al ciudadano y al propio sistema del Estado de Derecho si está exenta de presión, si el Abogado posee total libertad e independencia de conocer, formar criterio, informar y defender, sin otra servidumbre que el ideal de Justicia. En ningún caso debe actuar coaccionado ni por complacencia.
La honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad son virtudes que deben adornar cualquier actuación del Abogado. Ellas son la causa de las necesarias relaciones de confianza Abogado-Cliente y la base del honor y la dignidad de la profesión. El Abogado debe actuar siempre honesta y diligentemente, con competencia, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria, guardando secreto de cuanto conociere por razón de su profesión. Y si cualquier Abogado así no lo hiciere, su actuación individual afecta al honor y dignidad de toda la profesión.
La Constitución reconoce a toda persona el derecho a no declarar contra sí mismo, y también el derecho a la intimidad. Ambos persiguen preservar la libertad y la vida íntima personal y familiar del ciudadano, cada vez más vulnerable a los poderes estatales y a otros poderes no siempre bien definidos. El ciudadano precisa del Abogado para conocer el alcance, la trascendencia de sus actos, y para ello, debe confesarle sus circunstancias más íntimas. El Abogado se convierte así en custodio de la intimidad personal de su cliente y de su inalienable derecho a no declarar contra sí mismo. El secreto profesional y la confidencialidad son deberes y a la vez derechos del Abogado que no constituyen sino concreción de los derechos fundamentales que el ordenamiento jurídico reconoce a sus propios clientes y a la defensa como mecanismo esencial del Estado de Derecho. Todo aquello que le sea revelado por su cliente, con todas sus circunstancias, más todo aquello que le sea comunicado por otro Abogado con carácter confidencial, deberá mantenerlo en secreto.
Correspondiendo a los principios fundamentales de la Abogacía se regulan las bases de las incompatibilidades y de la publicidad personal. El Abogado no puede poner en riesgo su libertad e independencia, su lealtad al cliente ni el secreto profesional y por ello evitará ejercer profesiones o desarrollar funciones que de modo directo o indirecto le creen cualquier tipo de presión física ó anímica que pueda poner en riesgo su independencia o la revelación de cualquier dato secreto que no solo podría perjudicar intereses particulares de los clientes sino que, además, afectaría gravemente a la confianza de los ciudadanos en el derecho de defensa, y por extensión a todo el sistema de garantías.
Debe dotarse de normas deontológicas a la publicidad personal, actividad hasta ahora estatutariamente restringida y que ha originado en los últimos años una gran actividad reglamentaria aperturista en los Consejos y Colegios. En el presente Código Deontológico se establecen las bases de la publicidad personal del Abogado, solo en cuanto afecta a la deontología profesional. La publicidad respetará los principios de dignidad, lealtad, veracidad y discreción, salvaguardando en todo caso el secreto profesional y la independencia del abogado. La función de concordia que impone al Abogado la obligación de procurar el arreglo entre las partes exige que la información no sea tendenciosa ni invite al conflicto o litigio.
La independencia del Abogado está íntimamente ligada con el principio de libertad de elección. El Abogado es libre de asumir la dirección de un asunto y el ciudadano lo es también de encomendar sus intereses a un abogado de su libérrima elección y cesar en la relación profesional en el momento que lo crea conveniente. Esta absoluta libertad, podría poner en riesgo el propio derecho de defensa si entre la actuación profesional de un Abogado y la de su sustituto se produce un vacío de asistencia jurídica efectiva. Por ello, de la antigua institución de la "venia" conviene conservar la necesaria comunicación del sustituto al sustituido pero encomendando a éste una responsable actuación informativa, que ya venía sucediendo en la práctica. Ello permite garantizar que el ciudadano no quedará en indefensión entre la actuación del sustituido y el sustituto, estableciendo un único momento en el que cesarán las responsabilidades de uno y comenzaran las del otro, y procurará, además, una importante información al sustituto en beneficio siempre de los intereses objeto de defensa.
El Abogado debe tener siempre presente la alta función que la sociedad le confía, que supone nada menos que la defensa efectiva de los derechos individuales y colectivos cuyo reconocimiento y respeto constituye la espina dorsal del propio Estado de Derecho. Por ello sólo puede encargarse de un asunto cuando esté capacitado para asesorarlo y defenderlo de una forma real y efectiva, y ello le obliga a adecuar e incrementar constantemente sus conocimientos jurídicos, y a solicitar el auxilio de los compañeros más expertos, cuando lo precise.
Por primera vez, se acomete la regulación de la tenencia de fondos de clientes. El ejercicio colectivo y multidisciplinar de la profesión de Abogado, junto a las técnicas que hoy ofrecen las entidades financieras, aconseja regular la tenencia de los fondos de clientes, manteniéndolos identificados, separados de los propios del bufete, y siempre a su disposición, lo que, contribuirá a la transparencia en la actuación del Abogado, fortaleciendo la confianza de su cliente.
Pocas variaciones experimentan las normas deontológicas reguladoras de las obligaciones y relaciones del Abogado con el Colegio, con los Tribunales, con los compañeros o con los clientes. Unicamente, se profundiza algo más en la salvaguarda de los valores fundamentales que informan el ejercicio profesional en la relación abogado-cliente. Y así, se concretan las obligaciones de información, se incrementan las precauciones para evitar el conflicto de intereses protegiendo la responsabilidad e independencia del abogado, estableciendo mecanismos que permitan identificar claramente el comienzo y final de su actuación y por tanto de su responsabilidad, y sobre todo insistiendo en el reconocimiento de su libertad para cesar en la defensa cuando no desee continuar en ella, libérrima decisión que garantiza permanentemente la independencia y que se corresponde con la que tiene el ciudadano para designar abogado de su elección en cualquier momento.
El sistema de libre elección de Abogado y de aceptación de defensa, experimentará disfunciones en la defensa por Justicia Gratuita, que se evitarían si también los ciudadanos con derecho a ella, pudieran elegir abogado de entre los inscritos en las listas del turno de Justicia Gratuita, lo que será posible si, como resulta deseable, la defensa se garantiza, en todo caso, mediante un sistema de ayuda legal más acorde con la realidad social, que posibilite al ciudadano, beneficiario de la Justicia Gratuita, la libre elección de abogado y a éste una digna retribución de su trabajo. En tanto no se modifiquen las normas que regulan la Justicia Gratuita, éstas condicionan tanto la libre designación de abogado como la libre aceptación de la defensa.
Se actualiza el concepto "cuota litis", que nunca fue considerado por la Abogacía incluido en el de honorarios. La "cuota litis", en cuanto asociación y participación con el cliente en el resultado del pleito, pone en riesgo la independencia y la libertad del abogado que deja de ser defensor para convertirse en socio de su cliente en pos de un resultado material, lo que, además de adulterar la función de la defensa, provoca el desamparo o discriminación de los ciudadanos que han de reivindicar derechos de escasa entidad patrimonial o cuya tutela resulta dificultosa.
Las presentes normas deontológicas no imponen limitaciones a la libre y leal competencia sino que se erigen en deberes fundamentales de todos los abogados en el ejercicio de su función social en un Estado de Derecho, que exige desempeñarla con competencia, de buena fe, con libertad e independencia, lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando secreto de cuanto conociere por razón de su actuación profesional.
Corresponderá, en su caso, a los Consejos Autonómicos y a los Colegios adaptar las presentes normas deontológicas a las especificidades propias de sus respectivos ámbitos territoriales, divulgando su conocimiento, vigilando su cumplimiento y corrigiendo disciplinariamente su falta de observancia para garantizar la buena ejecución de la alta misión que nuestra sociedad ha confiado al Abogado, tarea en la que desempeñamos una verdadera función pública, para la que el Estado nos ha dotado de facultades normativas y disciplinarias también públicas."
miércoles, 4 de junio de 2008
Solo los que tienen paciencia para hacer cosas sencillas a la perfeccion adquiriran la habilidad para hacer facilmente cosas complicadas.
JOHANN FRIEDRICH VON SCHILLER
RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y EXPEDIENTE DEL MENOR
martes, 3 de junio de 2008
Pues dicho y hecho. Como comentaba ayer, en relacion a la exigencia de responsabilidad civil extracontractual a los progenitores respecto de hechos cometidos por sus hijos en los procedimientos establecidos en el Ley Organica de Responsabilidad del Menor, he acreditado de propia mano la doctrina seguida por la Fiscalia del Menor en estos casos: Vease, aplicacion del criterio de culpa objetiva ex articulo 64.- de la Ley Organica.
Y esto no tiene nada de raro ni malo, opino, siempre que se trate de familias no desestructuradas, entiendase que digo de familias en las que los padres no se encuentran separados legalmente o disuelto su matrimonio por divorcio. En este caso es evidente ya que ambos conyuges son guardadores, existe propiamente la figura del padre de familia y ningun problema de aplicabilidad tendria el asunto. Pero se olvida la fiscalia de la Doctrina que expuse ayer (voy avisando que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene sentado este criterio desde el año 1981, evidentemente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Organica que tratamos, pero sigue siendo aplicada por la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales hasta la actualidad, siendo la ultima sentencia encontrada del año 2006) y tambien olvida la Fiscalia que, aplicando este criterio al conyuge no custodio se le esta culpando por la infraccion de un deber de vigilancia que unicamente puede asumir cuando el menor se encuentra con el durante su regimen de visitas.
Espero que este no sea el criterio seguido por el Juzgado de Menores y que entienda, al menos parcialmente, que la aplicacion del criterio de culpa objetiva que he señalado contraviene frontalmente lo establecido en el Articulo 1903.- de nuestro Codigo Civil, cuando habla de padres que tengan atribuida la guarda del menor. Si no es asi, cosa que no me extrañaria nada (por esa fea a mi juicio costumbre tan arraigada de los Juzgados de aplicar al pie de la letra en la mayoria de los casos el criterio seguido por el Ministerio publico durante el plenario), si no es asi, digo, siempre nos quedara la Audiencia Provincial.
Pero una cosa es segura: Existe la figura y si no se aplica no es por que no este extendida y arraigada en los Tribunales españoles
Y esto no tiene nada de raro ni malo, opino, siempre que se trate de familias no desestructuradas, entiendase que digo de familias en las que los padres no se encuentran separados legalmente o disuelto su matrimonio por divorcio. En este caso es evidente ya que ambos conyuges son guardadores, existe propiamente la figura del padre de familia y ningun problema de aplicabilidad tendria el asunto. Pero se olvida la fiscalia de la Doctrina que expuse ayer (voy avisando que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene sentado este criterio desde el año 1981, evidentemente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Organica que tratamos, pero sigue siendo aplicada por la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales hasta la actualidad, siendo la ultima sentencia encontrada del año 2006) y tambien olvida la Fiscalia que, aplicando este criterio al conyuge no custodio se le esta culpando por la infraccion de un deber de vigilancia que unicamente puede asumir cuando el menor se encuentra con el durante su regimen de visitas.
Espero que este no sea el criterio seguido por el Juzgado de Menores y que entienda, al menos parcialmente, que la aplicacion del criterio de culpa objetiva que he señalado contraviene frontalmente lo establecido en el Articulo 1903.- de nuestro Codigo Civil, cuando habla de padres que tengan atribuida la guarda del menor. Si no es asi, cosa que no me extrañaria nada (por esa fea a mi juicio costumbre tan arraigada de los Juzgados de aplicar al pie de la letra en la mayoria de los casos el criterio seguido por el Ministerio publico durante el plenario), si no es asi, digo, siempre nos quedara la Audiencia Provincial.
Pero una cosa es segura: Existe la figura y si no se aplica no es por que no este extendida y arraigada en los Tribunales españoles
lunes, 2 de junio de 2008
Cuando el director de la empresa ve que su secretaria llega al trabajo a las 11 de la mañana, le dice: "Es cierto que nos vamos a la cama de vez en cuando, pero ¿quien te dice que puedes por eso llegar tarde al trabajo??
"Mi abogado" - responde.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. EXPEDIENTE DEL MENOR Y RESPONSABILIDAD POR CULPA IN VIGILANDO
Debo decir, con caracter previo, que mi interes por este tema se debe a un juicio que tengo mañana y en el que me parecia del todo injusto que se estableciese la responsabilidad civil del conyuge no custodio (divorciado) por actos cometidos por su hijo menor cuando no estaba bajo su vigilancia. Y es que la asuncion objetiva de culpa que establece la vigente Ley del menor olvidaba el hecho fundamental constituyente de la denominada "culpa in vigilando" y es que, si no tienes posibilidad de controlar la actuacion de alguien, como puedes ser responsable civil de esos actos??
Pues bien, la ignorancia es atrevida (la mia en concreto) y desconocia la existencia de Jurisprudencia desde el año 2003 que establece la distincion entre "padres que ostentan la patria potestad" y "padres que ostentan la guarda y custodia" señalando la responsabilidad de estos ultimos cometida durante el periodo en que se encuentren en su compañia. Vease, no en el caso en que se este cumpliendo con el regimen de visitas establecido judicialmente. De este modo resulta graduada la responsabilidad de los progenitores establecida en el Articulo 1903.- de nuestro Codigo Civil.
Asi entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, de 20 de Junio de 2003, que señala un supuesto de asuncion de responsabilidad en caso de separacion matrimonial de los progenitores, estando el menor autor de los hechos bajo la guarda de su madre y no de su padre como consecuencia del regimen de visitas establecido a favor del segundo en el procedimiento matrimonial.
Pues bien, la ignorancia es atrevida (la mia en concreto) y desconocia la existencia de Jurisprudencia desde el año 2003 que establece la distincion entre "padres que ostentan la patria potestad" y "padres que ostentan la guarda y custodia" señalando la responsabilidad de estos ultimos cometida durante el periodo en que se encuentren en su compañia. Vease, no en el caso en que se este cumpliendo con el regimen de visitas establecido judicialmente. De este modo resulta graduada la responsabilidad de los progenitores establecida en el Articulo 1903.- de nuestro Codigo Civil.
Asi entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, de 20 de Junio de 2003, que señala un supuesto de asuncion de responsabilidad en caso de separacion matrimonial de los progenitores, estando el menor autor de los hechos bajo la guarda de su madre y no de su padre como consecuencia del regimen de visitas establecido a favor del segundo en el procedimiento matrimonial.
domingo, 1 de junio de 2008
Despues de que el Juez le denegara la peticion de presentar pruebas nuevas, el abogado le pregunta: " Señoria, que haria usted si le dijese que es un viejo estupido y degenerado??"
El Juez le responde: "Le despreciaria y haria que lo suspendieran y que no pudiera volver a ejercer"
- " Y que haria si solo lo pensara??"
- "En tal caso - contesta el Juez - no podria hacer nada. Tiene usted derecho a pensar lo que quiera"
- Comprendo - dice el abogado - "Entonces, para complacer al Tribunal "pienso
Un magistrado se esta dirigiendo a tres hombres que han sido llevados a su presencia para la celebracion de un juicio de faltas. Le pregunta al primero por que motivo esta ahi. El hombre contesta: "Por tirar cacahuetes al lago"
El Juez pregunta al segundo hombre por que esta ahi. El hombre contesta: "Por tirar cacahuetes al lago"
El Juez pregunta al tercero por que esta ahi, y contesta: "Yo soy Cacahuetes"
El Sr. Lopez le dice al Juez:
- Señoria, lo que dice mi mujer es absurdo. A la mayoria de las mujeres les encantaria tener un marido caballeroso. Quien se puede quejar por que le abran la puerta del coche??
- Sr. Lopez - contesta el juez - puede que sea caballeroso abrir la puerta del coche a su mujer, pero no cuando conduce a 140 Km por hora.
Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad
Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial.
A modo de resumen os indico algunos de los cambios más significativos.
«De los delitos contra la Seguridad Vial».
«1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.»
«1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.
2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior.»
«1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior.
2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior.
3. El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en el presente precepto se considerará instrumento del delito a los efectos del artículo 127 de este Código.»
«Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.»
«El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.»
«El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.
Las mismas penas se impondrán al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.»
Se modifica el artículo 385, que queda redactado como sigue:
«Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas /p] [p]1.ª Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.
2.ª No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.»
CÓMPUTO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS POR MESES PARA INTERPONER RECURSOS ADMINISTRATIVOS
2922--TSJ Baleares Sala de lo Contencioso-Administrativo S 10 Mar. 2003.-- Ponente: Sr. Masot Miquel.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.-- Cómputo de los plazos señalados por meses.-- Doctrina tradicional.-- Incidencia de la Ley 4/1999, modificadora de la LRJAP.-- Dies a quo.--Cómputo de fecha a fecha.-- Dies ad quem.--Examen de la normativa relativa al plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo y de la interpretación judicial que la misma ha suscitado.-- El plazo vence el día del mes correspondiente coincidente con la publicación de la disposición o notificación o la publicación del acto.
La doctrina tradicional ha venido señalando que los plazos señalados por meses deben computarse de fecha a fecha, finalizando el día coincidente, en el mes correspondiente, con aquel en que se practicó la notificación. Lo que se plantea en el caso es cuál es la incidencia de la L 4/1999 de 13 Ene. (modificación de la LRJAP) (LA LEY-LEG. 156/1999) en el cómputo de los plazos señalados por meses, en concreto en el plazo de 1 mes establecido para la interposición del recurso de alzada. Tras dicha Ley, el art. 48 LRJAP (LA LEY-LEG. 3279/1992) ha dejado en la mayor ambigüedad la cuestión relativa a la forma de computar los plazos fijados por meses o años, pues ha desaparecido la norma tradicional de que los meses y años se computarán de fecha a fecha y se ha establecido la manera de computar estos plazos diciendo que, si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. No pueden caber dudas de ninguna clase sobre la vigencia, en todos los ámbitos jurídicos, de los principios sentados por los arts. 5.1 CC y 185.1 LOPJ; a los cuales debe añadirse, en la actualidad, en el ámbito procesal, el art. 133.3 LEC 2000 (LA LEY-LEG. 58/2000), proclamador de que los plazos señalados por meses o por años, se computarán de fecha a fecha. Por lo tanto, debe entenderse que el plazo de 1 mes --en el ámbito administrativo-- debe seguir computándose de fecha a fecha. En cuanto a la cuestión sobre la finalización de dicho plazo, hay que señalar que si en el ámbito jurisdiccional --art. 58 LJCA y art. 46 LJCA 1998 (LA LEY-LEG. 2689/1998)-- se entiende que el plazo, «contado desde el día siguiente» vence el día del mes correspondiente coincidente con la publicación de la disposición o la notificación o la publicación del acto, sería un contrasentido mantener un criterio distinto para los recursos meramente administrativos, dado que se emplean para el cómputo del plazo palabras similares (Cfr. TS 3.ª S 20 Oct. 1998 y TSJ Illes Balears S 23 Dic. 2002).
AVISO A NAVEGANTES
Yo ante esto, me quedo sin palabras. Juzguen ustedes mismos:
Auto de la Seccion Segunda de la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), de 2 de Abril de 2008, en su Fundamento de Derecho PRIMERO: "(...)En el supuesto de Autos, la Sentencia reune los requisitos exigidos por el Articulo 86 de la Ley de esta Jurisdiccion para ser recurrida en Casacion ya que: 1) La sentencia ha recaido en asunto que exceda de 25 millones de pesetas pues la misma fue fijada como indeterminada en Sentencia (...)"
